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SPORT WASHING: LA CAMISETA NO SE MANCHA

Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.

La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.

La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes. 

Sport washing” es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.

El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.

Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias para engañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.

@pandoramarketing Repsol intenta lavarse la cara como nuevo auspiciador de la selección Peruana de Fútbol 😡 ¿Qué opinas? #fyp #fypシ #noticiasperu #repsol #fpf #seleccionperuana #parati #viralperu #foryou #viral #sportwashing #paologuerrero #realidadnacionalperu #tiktokperu #noticiasperu #peru ♬ Disappear – Maniak-B

Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.

En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.

El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.

En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.

La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.

A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.

El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.

En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.

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  • En el campo profundizan la judicialización de tasas municipales tras un fallo favorable

     

    El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.

    La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.

    Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.

    Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.

    Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.

     Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos. 

    Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

    El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.

      Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables

    Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.

    «Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.

    Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».

     El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales 

    En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.

    El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.

    «Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.

    El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».

    En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

    «El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.

    En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.

     Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo. 

    «El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.

    Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito». 

     

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