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EFECTO ETIQUETADO FRONTAL: REFORMULANDO

Marcas que se reconvierten para evitar los sellos negros. Danone, Nesquik, Bimbo y La Serenísima son algunas que modificaron el contenido de ciertos productos para así no tener el octógono. Crece el cumplimiento en góndolas.

Una barrita de cereal, un alfajor de arroz, un pote de queso untable “light” nunca fueron garantía, pero desde que en las góndolas comenzaron a verse los sellos de la Ley de Etiquetado Frontal se cayeron muchos velos nutricionales.

Los octógonos negros marcan exceso de grasas, azúcares, sodio, calorías o edulcorantes según los estándares internacionales. Incluso el organismo de control, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), puso en línea una calculadora de uso público donde cualquier persona puede cargar los valores nutricionales de un producto y saber si le corresponde o no un sello.

A las grandes empresas se les venció el plazo (y prórroga) para cumplir con la ley, pero hay otro lado menos conocido: los productos que fueron rediseñados, adaptando su composición para evitar el sello negro.

Con el debate, la sanción y posterior puesta en funcionamiento de la norma, el sector empresarial salió a cruzarla, con este tipo de planteos: “hay una discusión a nivel internacional al respecto, por ejemplo, un producto que aquí puede llevar tres o cuatro sellos, en Francia con el uso del sistema Nutri Score, que evalúa los alimentos no solamente por el exceso de nutrientes sino por el valor nutricional en su conjunto, tendría una A que es el estándar más saludable”.

No obstante, el cumplimiento va creciendo, los sellos se perciben en los comercios y fuentes oficiales evalúan como positiva la recepción de la norma entre las grandes cadenas. Entre las empresas que rediseñaron las fórmulas de sus productos están Bimbo, Nesquik y Kellogg’s que usaban como parte de su marca a dibujos de animales. Es que la ley prohíbe que un producto con sellos dirija su publicidad al sector infantil «atrayéndolos» con personajes.

La Serenísima, por ejemplo, pasó de criticar la ley –diciendo frases como «que contenga sellos no significa que el producto no sea saludable»–, a reconvertir algunos de ellos, como el Serenito. Hoy se ufana y en su envase tiene un octógono verde con la leyenda «100% libre de sellos».  

Bimbo modificó la composición de sus panes para poder interpelar el consumo de niños y adolescentes; también hubo una reformulación en productos que no son de consumo masivo como las comidas instantáneas, que bajaron el volumen de sodio.

Otra es Danone. En charla con Tiempo, fuentes de la empresa expresaron que “en este contexto tan estricto, la compañía tomó una decisión muy valiente, estudiamos cómo hacer –ya que es un desafío considerando el gusto del consumidor– y se ha logrado reformular muchos productos que hoy están sin sellos en la góndola y para toda la familia”. 

Entre los productos cuya fórmula Danone modificó se cuentan yogures, quesos untables, postres para niñes, Actimel, Activia, chocolotadas e incluso las leches vegetales, que en su fórmulación original hubiesen llevado tres sellos.

“Es un proceso que lleva mucho tiempo, mucha inversión, muchos testeos con consumidores porque tiene que ser algo rico también. Valoramos como positivo que la meta sea mejorar la alimentación de la gente por eso hacemos lo posible dentro de nuestras posibilidades técnicas y sensoriales para mejorar esos productos”, añadieron.

“Muchas empresas han aprovechado el período de prórroga para modificar la fórmula de sus productos para no tener los octógonos y hacer los testeos (con consumidores). Sabemos que algunos productos no se pueden reformular como un alfajor de chocolate y dulce de leche, va a tener los octógonos; pero hay algunos yogures, panes, galletas o lácteos que sí se están este reformulando”, cuenta a Tiempo Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud.

Durante la prórroga las empresas podían seguir produciendo sin sellos porque tenían que cambiar todo el bobinado de donde salen los paquetes impresos, tenían que traerlos del exterior, también llevaba tiempo cambiar el diseño de para que los octógonos fueran visibles y del tamaño determinado en la ley”, acota.

Los equipos técnicos del Instituto Nacional de Alimentos y de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles son los encargados del seguimiento y control. En caso de advertir algún incumplimiento, inician un sumario. “La verdad es que no está sucediendo, estamos en constante diálogo con la industria y pesar de todo lo que generó la ley la gran mayoría está cumpliendo”, dice Tirado.

Consultada por cómo se realizó el control del stock que produjo cada empresa durante la prórroga de productos sin sello que aún se ven en las góndolas enfatiza: “se hicieron controles sobre todo antes de que se termine el plazo final para ver cuánto tenían de stock final. Estas empresas producen mucho, no hay forma de que lo hagan sin sello porque todo el bobinaje nuevo ya lo tienen puesto, hacer dos les sería muy caro”.

El INAL y la Defensa del Consumidor también capacitan a grandes cadenas de supermercados para la correcta implementación de la ley. Y queda saber cómo reacciona la gente: “tenemos previsto hacer encuestas e investigaciones para medir el impacto, ver si el octógono se interpreta, si cambió o no la conducta del consumidor”, concluye.

Fuente, TiempoAr
Por: Gabriela Figueroa

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    Majul y la pauta cordobesa: los millones que cobra del gobierno de Llaryora

     

    Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.

    La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.

    Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.

    Pauta, relato y silencios convenientes

    Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.

    La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.

    El rol del gobierno de Llaryora

    La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.

    Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.

    Cuando la crítica se paga con fondos públicos

    El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.

    En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.

     

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