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DOS DÉCADAS DEL «NO A LA MINA» EN ESQUEL

La tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar. Pero la población de Esquel se informó, organizó y, en una votación histórica, el 81% dijo «No» a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Crónica de una victoria.

Esquel no conocía de megaminería, cianuro y drenajes ácidos. Pero tuvo un curso acelerado en 2002, cuando se enteraron por el diario que la multinacional Meridian Gold pretendía explotar oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano. El pueblo vivió una revolución, tanto que fue el primer lugar de Argentina que votó contra la magerminería y el 81 por ciento dijo «No». Ese triunfo, inédito en el país, iluminó luchas en los 5000 kilómetros de Cordillera. A veinte años de aquella gesta, Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, repasa aquellos días, las dos décadas de lucha y también el futuro: «Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras».

Nacida en Santa Fe y afincada en Esquel desde hace casi cuatro décadas, Moreno estuvo desde la conformación de la Asamblea No a la Mina hasta la actualidad. En esta charla aborda todos los temas: de lo personal a lo colectivo, la política partidaria y la que se hace de forma horizontal, la defensa del territorio y los entregadores, el saber popular y el conocimiento científico. Y, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, destaca una certeza: «Si estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo».

Crónica de una victoria: «No a la mina»

—¿Cómo recuerda ese 23 de marzo de 2003?

—Lo recuerdo con mucha alegría y con mucha emoción. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no me imaginé que sería por el 81 por ciento de los votos porque desde el gobierno y las mineras hicieron una campaña enorme para tratar de seducir a la gente, con plata, electrodomésticos, de todo. Pero la gente recibía lo que le daban y luego iban y votaban contra la megaminería. Y siempre destaco a los barrios más humildes, donde ya había problemas de acceso al agua, que fueron muy conscientes de lo que podía implicar la megaminería y de lo importante que era defender el agua. 

—¿Qué importancia le asignan, en estos veinte años, a la movilización permanente (en Esquel se marcha todos los 4 de cada mes)?

—El 23 de marzo fue felicidad absoluta. Pero algo que marcó dónde pararnos en esta lucha fue que en ese momento, que estábamos en la calle celebrando, un vecino dijo: «Miren que esto es solo una batalla». Lo entendimos de esa manera y al mismo tiempo que valorábamos muchísimo ese triunfo, seguimos trabajando para la toma de conciencia sobre el agua, la organización colectiva y el no dejar la calle.

—¿Qué la motivo, en lo personal, a sumarse a la lucha?

—Trabajaba en el hospital y recuerdo cuando vi la tapa del diario con el cerro y el anuncio de la llegada de la minera. Era 2002. Era muy notoria la desocupación y prometían puestos de trabajo, progreso. Me pareció una buena opción. Hasta que mi compañero de trabajo, bacteriólogo, me dijo: «Te voy a dar un artículo canadiense que habla sobre cómo este tipo de minería actual genera drenaje ácido (que contamina las fuentes de agua)». Y fue un viaje de ida. Confirmaron que de ninguna manera esta actividad puede resolver el drenaje ácido. Yo no podía estar de acuerdo con esa contaminación. Ahí fue muy importante también el accionar de académicos como Silvia González, Marta Sahores y Lino Pizzolón, que comenzaron a explicar los aspectos químicos y técnicos de la minería. Ahí comenzamos hablar de cianuro de sodio, detonaciones y el «no» se fue haciendo más fuerte.

—Y comenzaron las asambleas masivas…

—Todo fue muy rápido. La información comenzó a circular. La primera reunión en la que participé, que era la segunda reunión que se convocaba, ya éramos 600 personas. Y fueron cada vez más masivas.

—¿Cómo jugó la crisis social post 2001 y, al mismo tiempo, el proceso asambleario que se había dado en distintas ciudades del país?

—La crisis había aportado desocupación, empobrecimiento y eso era tierra fértil para el extractivismo. Por otro lado, ese furor social que hizo del movimiento asambleario una práctica fundamental, se aplicó en nuestro caso. Hubo una participación social activa, involucramiento. Eso también jugó a favor de la lucha. Y también, claro, estuvo la lucha de los pueblos originarios, que ya venían luchando por sus territorios. 

—¿Cómo fue la participación de los pueblos indígenas?

—Los pueblos originarios participaron desde un comienzo. Puntualmente recuerdo que, en diciembre de 2002, el Pueblo Mapuche hace un trawn (gran reunión) donde se nos invitó a todos. Mucha gente de la Asamblea del No a la Mina participó. Y de ahí salió un documento (que forma parte de la muestra por los 20 años) donde toman un posicionamiento muy claro respecto al agua y por el no a la magaminería. Muchas ideas de organización surgieron de ese famoso documento del trawn. 

—¿Cómo llegan de juntarse en asambleas, cada vez más masivas, a impulsar el plebiscito?

—En noviembre de 2002 comenzamos a ir al Concejo Deliberante. Para que tome partido por el proyecto minero. La primera vez éramos tantos que fue caótico. Suspendieron la sesión y la hicieron en un gimnasio. Ahí fue muchísima gente, tanto a favor como en contra. Y el Concejo Deliberante pidió 15 días para poder tomar una posición. Pero empezó el receso legislativo. Entonces se hizo una sesión extraordinaria los primeros días de febrero. Nos enteramos y fuimos cientos, con bombos y no paramos de cantar, presionar, hasta lograr lo que queríamos.

—¿Qué querían?

—Surgieron tres ordenanzas. La de prohibición de cianuro en el ejido municipal de Esquel (que a los pocos días el intendente la vetó). La segunda implicaba desafectarse de las leyes mineras nacionales. Y la tercera fue el plebiscito por «Sí» o «No» al proyecto minero. Terminada esa sesión, estuvimos horas marchando alrededor de la ciudad. Festejando ese primer triunfo, el de lograr el plebiscito. Lo logramos con la gente en la calle. 

Esquel, dos décadas de movilización

—¿Cómo ve hoy lo que sucedió en Esquel contra la megaminería y, también, en la provincia, por ejemplo el Chubutazo de 2021?

—Algo que aprendimos es que un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites. Me emociona cada vez que hablo de esto. Fundamentalmente porque, por ejemplo, en el Chubutazo hubo mucha gente joven que salió a la calle. Fue el pueblo de Chubut que salió a la calle en toda la provincia. Yo creo de verdad que un pueblo unido jamás será vencido. Y fue así, era un pueblo unido por un objetivo determinado y estaba convencido. Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras. Y cada uno de los que estuvieron poniéndole cuerpo a esto, a las balas, son héroes. Diciembre de 2021 fue una cacería organizada que tiraba contra todos, era tremendo, y ningún político de la provincia de Chubut se paró delante de una cámara de televisión o delante de una radio a repudiar lo que estaba pasando. 

—En esos días, justo a veinte años de diciembre de 2001, se dijo que había un encadenamiento de resistencias. ¿Saben que ustedes también han inspirado otras luchas? Recuerdo Loncopué (Neuquén) con la minería y Gualeguaychú contra las pasteras y sus referencias hacia Esquel. 

—Lo hemos escuchado pero creo que ni siquiera nosotros lo sabemos, quizá no somos conscientes. Imaginate una pequeña población luchando contra poderosos. Pudimos vencer a una multinacional apoyada por los gobiernos nacional, provincial y local. Me parece que el mensaje que dimos a la Argentina y a muchas otras luchas, no solo socioambientales, es que se puede. Unidos, decididos, convencidos: se puede. Creemos que los pueblos no deben estar sometidos a intereses ajenos y pueden elegir qué es lo que quieren para su presente y futuro.

—¿Cuáles son algunos de los hitos de estos veinte años?

—Siempre decimos que la embestida minera es cíclica. Ya sabíamos que puede parecer que se van pero al par de año vuelven. El oro y la plata están en la montaña e incluso ahora vale más que hace veinte años. Entonces la lucha nos enseñó que las mineras tienen mucho dinero y tiempo. Y contra eso resistimos. Una de los hechos más importantes es la conformación de la UACH (Unión de Asambleas de Chubut). Eso nos hace fuertes.

—¿Cómo fue ese proceso?

—Las asambleas de la Comarca nos acompañaron inmediatamente, desde el principio. El Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, Epuyén. Estaban en nuestras marchas y ellos también hicieron, diríamos, el plebiscito con nosotros. Faltaba en ese momento el resto de la provincia. Pero la información comenzó a circular, nos fuimos conociendo y se fue fortaleciendo la lucha en la costa, con las asambleas de Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia. Fue muy importante. Y después vino la Meseta (en centro geográfico de la provincia). El Gobierno en esos años decía que la minería iba a entrar por la Meseta. Y, entre todos, logramos también hacer fuerte la lucha ahí. La lucha y el «no a la minería» se provincializó, y eso es un logro enorme.

Gobiernos, organizaciones y Derechos Humanos

—En muchos de los escritos de la Asamblea queda claro la diferencia de qué es la democracia desde las asambleas y, por otro lado, cómo entienden la democracia los gobiernos, por ejemplo el actual gobernador Mariano Arcioni.

—El gobernador Mariano Arcioni siempre mostró una insensibilidad hacia el sentimiento del pueblo, sea éste un reclamo salarial o el rechazo a la megaminería. No puede o no quiere entender qué significan las luchas del pueblo. Muchas veces no actúa como un político, sino más bien como un patrón. En vez de mirarnos como el representante del pueblo votado en democracia, la mirada o la actitud para con nosotros fue siempre de patrón. Y esas actitudes son irreconciliables con la lucha socioambiental.

—¿Qué lectura hacen de los distintos gobiernos de estos 20 años?

—Desde el menimismo hasta hoy la megaminería es política del Estado y las leyes nacionales son absolutamente a favor del extractivismo. Esté quien esté, ya sea en el gobierno nacional o provincial, todos están a favor del extractivismo. En lo provincial se da que, muchas veces, apoyan la minería por conveniencias individuales, por dádivas, no por un convencimiento político. Hubo claros casos de legisladores que apoyaban la Iniciativa Popular (una propuesta de Ley impulsada por las asambleas) y, poco tiempo después, esos mismos aprobaron la zonificación a favor de la minería. Acá nos conocemos todos y también sabemos de cuestiones de dinero que circulan. Incluso el gobernador Mario Das Neves, que estaba a favor de la minería en su primer gobierno, pocos meses antes de fallecer reconoció que más importante que la minería era el agua. Contó las presiones que tenía de parte de Macri para explotar el proyecto Navidad (de la multinacional Pan American Silver) y decidió hacer una cumbre ambiental. En su discurso, que se puede ver en internet, reconoce que las mineras vienen con valijas de dinero para comprar a otros políticos. 

—El 23 de marzo es una fecha histórica para Esquel y las luchas socioambientales. El 24 de marzo es una fecha emblemática para todo el país. ¿Cómo entienden que hay gobiernos, políticos, académicos y hasta organizaciones sociales, entre otros actores, que hablan de la defensa de los derechos humanos pero impulsan el extractivismo en los territorios?

—Yo lo veo como una enorme contradicción. Si vos estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo de ninguna manera. Es muy claro que el extractivismo se impone con la violación de los derechos humanos. Latinoamérica lleva infinidad de muertos y en Chubut tuvimos criminalización y represiones. Incluso hubo servicios de inteligencia que hicieron espionaje. Y en otros lugares, como Andalgalá, se ve igual o peor, con mucha represión y decenas de judicializados. Entonces, o defendés de verdad los derechos humanos o estás con el extractivismo, no se pueden ambas cosas. 

Fuente, Agencia Tierra Viva
Link, https://agenciatierraviva.com.ar/veinte-anos-del-no-a-la-mina-en-esquel-un-pueblo-dispuesto-a-luchar-no-tiene-limites/
Foto, Viviana Moreno

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    Ramón Carrillo: el médico que quiso curar la pobreza y terminó perseguido por haber puesto la salud en manos del Estado

     

    Nacido el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, Ramón Carrillo fue el cerebro sanitario del primer peronismo. Desde el Ministerio de Salud impulsó una revolución en hospitales, campañas sanitarias y medicina social que cambió la historia argentina. Pero su proyecto de salud pública chocó de frente con los intereses de las élites médicas, económicas y políticas. El resultado fue una campaña de odio que buscó borrar su legado.

    Por Walter Onorato

    El 7 de marzo de 1906 nació en Santiago del Estero un médico que cambiaría para siempre la historia sanitaria argentina. Ramón Carrillo no fue simplemente un funcionario más dentro del engranaje estatal: fue el arquitecto de una de las transformaciones más profundas del sistema de salud del país y, al mismo tiempo, uno de los blancos predilectos del odio político que desató el antiperonismo después de 1955.

    Neurocirujano prestigioso, formado en la Universidad de Buenos Aires y con reconocimiento académico internacional, Carrillo parecía destinado a una carrera científica brillante y tranquila. Sin embargo, eligió un camino mucho más incómodo: llevar la medicina al terreno de la política y convertir la salud pública en un derecho social.

    Ese giro se produjo cuando conoció a Juan Domingo Perón en el Hospital Militar Central en 1944. Perón quedó impactado por el pensamiento del médico santiagueño, que sostenía una idea radical para la época: las enfermedades no podían comprenderse sin analizar las condiciones sociales en las que vivía la población.

    Cuando Perón asumió la presidencia en 1946 lo convocó para dirigir la Secretaría de Salud Pública. Tres años más tarde, al elevar ese organismo al rango ministerial, Carrillo se convirtió en el primer ministro de Salud de la Argentina.

    Desde ese lugar desplegó un proyecto sanitario que rompía con décadas de abandono estatal. Hasta entonces, gran parte del sistema de salud argentino estaba basado en hospitales de beneficencia o instituciones privadas, donde el acceso dependía muchas veces de la caridad y no de un derecho garantizado.

    Carrillo propuso lo contrario: construir un sistema sanitario nacional que llegara a todos los rincones del país.

    Su programa partía de un principio que hoy parece obvio, pero que en aquel momento era profundamente disruptivo. “No puede haber política sanitaria sin política social”, sostenía. Para él, las enfermedades no eran meramente problemas biológicos sino el resultado de condiciones estructurales como la pobreza, la mala alimentación, la falta de vivienda digna o la ausencia de agua potable.

    Bajo esa lógica impulsó una política sanitaria integral que combinaba infraestructura hospitalaria, prevención, campañas de vacunación y educación sanitaria.

    El impacto fue inmediato.

    Durante su gestión se construyeron decenas de hospitales en todo el país y se multiplicó la cantidad de camas hospitalarias disponibles. Entre 1946 y 1951 se levantaron más de veinte grandes hospitales con unas veintidós mil camas nuevas, algo inédito en la historia sanitaria argentina.

    La expansión hospitalaria estaba acompañada por una red de institutos especializados y centros de atención que buscaban llevar la medicina a regiones que durante décadas habían estado completamente abandonadas por el Estado.

    Pero Carrillo no se conformó con levantar edificios.

    Su proyecto también incluyó campañas sanitarias masivas contra enfermedades que habían sido históricamente endémicas en la Argentina. El paludismo, por ejemplo, fue prácticamente erradicado en pocos años gracias a un agresivo plan de control epidemiológico.

    También se redujo drásticamente la mortalidad por tuberculosis y se combatieron epidemias como el tifus y la brucelosis. Las campañas de vacunación y los programas de prevención comenzaron a instalar una idea novedosa: la salud no debía limitarse a curar enfermedades, sino a evitar que aparecieran.

    Los resultados se reflejaron en los indicadores sanitarios. La mortalidad infantil descendió de manera significativa durante la década peronista y las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas cayeron de forma notable.

    Carrillo también impulsó iniciativas innovadoras para la época, como el Tren Sanitario, que recorría el país llevando atención médica, análisis clínicos y radiografías a poblaciones rurales que nunca habían tenido acceso a un médico.

    En paralelo promovió la producción estatal de medicamentos a través de una empresa pública destinada a garantizar remedios a bajo costo. La lógica era simple pero profundamente disruptiva: la salud no podía quedar subordinada a la lógica del mercado.

    Muchas de estas políticas se articularon con la Fundación Eva Perón, que construyó policlínicos, hogares para ancianos y centros sanitarios en todo el país. Mientras el Ministerio de Salud diseñaba la política sanitaria, la fundación ampliaba la red de asistencia social.

    El resultado fue una expansión sin precedentes del acceso a la atención médica para los sectores populares.

    Pero ese mismo proyecto que transformaba la salud pública generaba resistencias cada vez más fuertes en determinados sectores del poder.

    La derecha argentina nunca le perdonó a Carrillo tres cosas.

    La primera fue su convicción de que el Estado debía intervenir activamente en el sistema sanitario. Su modelo chocaba con los intereses de sectores médicos ligados a la práctica privada y con empresas que veían en la salud un negocio.

    La segunda fue su identificación política con el peronismo. Carrillo no era un técnico neutral: era un funcionario comprometido con un proyecto de justicia social que buscaba ampliar derechos para las mayorías.

    La tercera razón del rechazo fue más profunda. Su concepción de la medicina desafiaba directamente la estructura social argentina. Al afirmar que la enfermedad estaba ligada a la pobreza, Carrillo señalaba una verdad incómoda: la salud no podía resolverse sin transformar las condiciones de vida.

    Ese enfoque convertía la política sanitaria en una herramienta de transformación social.

    Cuando el golpe militar de 1955 derrocó a Perón, el nuevo régimen inició una ofensiva sistemática contra todo lo que oliera a peronismo. Carrillo, como uno de los símbolos del proyecto social del gobierno depuesto, quedó inmediatamente en la mira.

    Muchos de los proyectos sanitarios que había impulsado fueron abandonados o desmantelados. Obras hospitalarias quedaron inconclusas y programas de prevención se desarticularon.

    La persecución política y el clima hostil lo empujaron al exilio. Carrillo se instaló en Brasil, donde murió en 1956, apenas un año después del golpe.

    Murió lejos de su país, enfermo y prácticamente olvidado.

    Durante décadas su nombre quedó relegado en la historia oficial, víctima de la misma lógica de borramiento que el antiperonismo aplicó a buena parte de las políticas sociales del primer peronismo.

    Sin embargo, el tiempo terminó colocando su figura en el lugar que le corresponde.

    Hoy Ramón Carrillo es reconocido como uno de los grandes fundadores del sanitarismo argentino. Su visión de la salud como derecho social anticipó conceptos que décadas más tarde se convertirían en principios fundamentales de la salud pública moderna.

    La paradoja es evidente.

    El médico que dedicó su vida a demostrar que la enfermedad no puede separarse de la injusticia social terminó convertido en un enemigo político por haber intentado curar algo más profundo que las dolencias del cuerpo: la desigualdad estructural de la sociedad argentina.

     

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