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PELIGRO DE DERRUMBE

En Las Grutas los acantilados se están «disolviendo» debido a la filtración de aguas cloacales. Lo detectó un estudio. Es una erosión química, que producen las aguas negras, el agua dulce que escurre hacia el barranco también hace lo suyo. La falta de inversión es la ciudad costera es una constante, la semana pasada una fuerte pero corta tormenta inundó la ciudad balnearia, otra muestra de falta de planificación concreta e inversión en servicios e infraestructura.

El estudio determinó que no sólo existe erosión mecánica, que surge de acciones externas (naturales y humanas). Sino también una erosión química, que provoca que la roca se disuelva por dentro. De manera conjunta vuelven más veloz el proceso erosivo. «Las filtraciones en el barranco tienen una importante carga bacteriana de origen fecal. Y esto surge a partir de la toma de muestras tanto del agua que filtra de ellos como de la que está a sus pies, en la playa», indicó la evaluación. 

La piedra que forma la gruta es una arenisca arcillosa carbonatada. Un 40% de su composición son minerales que contienen carbonato de calcio, debido a la alta presencia de restos marinos.El ingreso de aguas residuales acidifica la roca, y el carbonato se disuelve. Lo que queda en pie permanece “poco cementado”, con poca compactación. 

Aseguran que en otros lugares con una composición rocosa como la de Las Grutas en los que un análisis determinó el mismo grado de afectación, años después ocurrieron terribles hundimientos.

Consecuencias

  • Hundimiento de los acantilados. 
  • Derrumbe de las construcciones ubicadas sobre ellos (entre las bajadas 0 y 1). 
  • Desaparición de las grutas que le dan nombre a la ciudad.  
  • Pérdida de calidad paisajística, porque la roca irá formando feos racimos blancuzcos. 

El estudio fue realizado en 2021 por el geólogo Renzo Bonuccelli, la bióloga Maite Narvarte y el docente e investigador Juan Francisco Saad, profesionales de la escuela superior de ciencias marinas de la Unco.

Foto
LaTapa

Fuente
Diario Rio Negro.

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     El radicalismo y el peronismo están cerca de cerrar un acuerdo para aprobar la nueva Ley Electoral de Santa Fe con un piso del 4% del padrón para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados, una barrera que amenaza con dejar sin representación a los partidos chicos.

    La negociación se cocinó en los pasillos del Senado y fue conducida por Felipe Michlig, la principal espada de Pullaro en la Cámara Alta. El senador radical acordó el porcentaje con sus pares peronistas y el entendimiento permitiría destrabar el punto más conflictivo de la reforma.

    El pullarismo había planteado inicialmente un piso del 5% para evitar un «festival de listas», como definió el oficialismo, pero entró en cortocircuitos con el socialismo que propuso bajarlo al 3% mientras que sectores del PJ impulsaron una posición intermedia del 3,5%, pero la negociación entre radicales y senadores peronistas terminó acordando el 4%.

    El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont. En un escenario de baja participación, una fuerza podría reunir un porcentaje significativo de votos yaun así quedar afuera del reparto de bancas.

     El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont 

    La reforma viene a adaptar el sistema electoral a la nueva Constitución provincial sancionada en 2025 que eliminó el sistema que le garantizaba 28 diputados al partido más votado. Desde 2027, las 50 bancas se distribuirán de manera proporcional pero el piso acordado entre la UCR y el PJ podría limitar fuertemente la apertura que introdujo el nuevo texto constitucional, sostienen los más críticos.

    La medida golpea especialmente a los bloques minoritarios que actualmente tienen representación legislativa, como los espacios de Amalia Granata y Carlos Del Frade. También dificulta el crecimiento de nuevas fuerzas provinciales que no cuentan con la estructura territorial de Unidos, el peronismo o La Libertad Avanza.

    El otro cambio importante se produciría en el sistema de boletas únicas en las elecciones generales. En las PASO se mantendrán las cinco categorías separadas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.

    En las generales, en cambio, habrá tres boletas. Los candidatos a gobernador y diputados provinciales compartirán una papeleta, los postulantes a senador departamental tendrán otra y las listas de intendentes y concejales aparecerán juntas en una tercera. El esquema reforzará el arrastre de los candidatos ejecutivos sobre las nóminas legislativas.

     Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos  

    Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos y entre sectores de la oposición.

    Una propuesta que acercó el Partido Socialista pero no prosperó fue la de ensayar una especie de ley de lemas en las PASO donde un candidato a gobernador pueda aparecer en varias listas con distintas candidatas a vicegobernadoras. 

    De esta manera, habilitaba al socialismo a llevar a la interna la fórmula Pullaro-Clara García y competir contra Scaglia del PRO en la fórmula ejecutiva. Pullaro le prometió a Scaglia que iba a ser la candidata para la reelección y todo indica que va a cumplir. 

    Como sea, el oficialismo buscará emitir dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto de Diputados el jueves. Si obtiene la media sanción, la intención de Pullaro y Michlig es que el Senado convierta la reforma en ley el 27 de agosto, con el respaldo de una parte importante del peronismo.

     

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  • El radical Vischi desestima una denuncia contra Armella por planchar la investigación contra Chiqui Tapia

     

    Eduardo Vischi propuso rechazar in limine una denuncia contra el juez Luis Armella por trabar la investigación del caso Sur Finanzas, que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

    El impulsor del expediente contra el magistrado es el abogado Daniel Sarwer, que se hizo acreedor de la etiqueta de «denunciante serial», y su trámite debería discutirse este miércoles, en la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Ese ámbito está presidido por el abogado César Grau pero también lo integran los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los senadores Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y el propio Vischi y el moleísta Hugo Galderisi.

    La presencia de cuatro jueces en la comisión, más la recomendación de Vischi para desestimar la denuncia de Sarwer, coloca a Armella muy cerca de la chance de salvarse. Sin embargo, otros consejeros consideran que lo correcto sería discutir el expediente.

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    La iniciativa de Sarwer contra el juez a cargo del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora planteaba «la inacción, desatención o demora reiterada» por parte del magistrado en la causa de Sur Finanzas, que investiga una red de operaciones financieras vinculadas al dueño de la empresa, Ariel Vallejos, cercano al presidente de la AFA. «Este tipo de información no puede ser considerada una cuestión menor, y exige imperiosamente una investigación disciplinaria, a fin de determinar si se está ante negligencia grave, desidia funcional, incumplimiento de los deberes del magistrado, o cualquier otra conducta incompatible con la función judicial», sostuvo el denunciante.

    Luis Armella.

    Armella delegó la investigación en la fiscal Cecilia Incardona, quien había sonado como candidata para ocupar el cargo de Leopoldo Bruglia, silla que ahora podría quedar en manos de Pablo Yadarola si el Senado aprueba el pliego que la comisión de Acuerdos dictaminó el miércoles pasado. Incardona, que cosecha el apoyo de la familia judicial pero también del peronismo, habría sido atendida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para brindarle explicaciones acerca de por qué no sería impulsada por el Poder Ejecutivo. Se rumorea, de todas maneras, que podría ser compensada en otro concurso, más adelante.

    Pese a la red de presunta protección que pretende demostrar Sarwer en su escrito, Vischi consideró que el texto contiene «relatos genéricos, vagos y de difícil comprensión».

    La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado.

    Para impedir el avance del expediente en el Consejo, el senador correntino señaló que «el denunciante no se refiere a ningún expediente o causa en particular» y «tampoco menciona datos que ayuden a identificar posibles expedientes, tales como fecha de presentación o entidades denunciadas». «La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado», fundamentó.

    Esa justificación despertó suspicacias entre los rivales de Vischi en la Magistratura. «Rechaza la denuncia porque no está especificada la fecha, cuando lo que correspondería es que los consejeros investiguen», dijo uno de los consejeros, al tiempo que otro objetó que se descarte a Sarwer por ser «denunciante serial»: «¿qué queda para Carrió?», se preguntó.

    Según el senador, «las deficiencias detalladas aniquilan las potestades investigativas de esta comisión, por lo que la denuncia debe ser rechazada por resultar manifiestamente improcedente». «La falta de pruebas que respalden las acusaciones y la confusión en la exposición de los hechos no justifican iniciar un proceso que podría afectar la integridad y el normal funcionamiento del sistema judicial», alegó.

     

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