CAP. 1 «AGUA» ESTRENO WEB

 Una causa judicial que investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo bajo control estatal generó un escándalo institucional en San Luis y salpica a funcionarios de Claudio Poggi. El gobierno reconocen desprolijidades administrativas, pero negaron la existencia de un desfalco millonario.

La historia del campo de dos mil hectáreas es larga. Ese predio es propiedad de la provincia de San Luis y años atrás fue cedido a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretó. En 2017 se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron.

En ese lapso, los accionistas del Caburé lo siguieron explotando mediante contratos de alquiler y con la llegada de Poggi al gobierno se avanzó en la recuperación efectiva del predio. 

Desde la administración provincial resaltaron que no hubo una expropiación, sino la recuperación de un bien propio frente al incumplimiento de un privado. Laa toma de posesión quedó a cargo de la Secretaría de Ética Pública a través del funcionario Darío Oviedo.

Mientras esto sucedía, productores detectaron la existencia de una cosecha en curso. Oviedo se ocupó de la recolección y la venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes y allí se desencadenó el escándalo.  Desde el gobierno de Poggi admitieron a LPO las desprolijidades administrativas pero negaron el robo.

 La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó 

«La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes. Esa irregularidad derivó en el desplazamiento inmediato de Oviedo y en una denuncia penal en su contra impulsada por el propio Estado.

Sin embargo, productores agropecuarios que denunciaron la maniobra apuntaron más arriba y señalaron al responsable de Oviedo, el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla y el fiscal Leandro Estrada lo imputó. Ante esto, Bazla renunció.

 Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

Como los funcionarios tampoco pueden alegar desconocer los procedimientos, la causa avanzó y Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Entre los productores aseguran que la ganancia que presuntamente obtuvieron los funcionarios por la venta del maíz ronda los 2 millones de dólares. En el gobierno de Poggi niegan ese monto y dicen que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha y citan la declaración del contratista a cargo del trabajo. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.

El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sigue creciendo y la lupa está especialmente puesta en el que recibió el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que lo habría utilizado para comprar una tercera propiedad pese a que la entidad establece que los préstamos son para primera y segunda vivienda.

El periodista Alejandro Bercovich reveló en C5N que Furiase utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300 mil dólares en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda, de 200 metros cubiertos, está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta.

«Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda», denunció Bercovich.

De ser así, Furiase no podría haber conseguido un crédito para otra casa y acaso por eso en los últimos días había trascendido que no era un préstamo hipotecario. Pero no hay ninguna línea personal del BNA por semejantes montos. El caso confirmaría la injerencia política detrás de la ola de créditos a funcionarios y diputados libertarios.

Sospechan conflicto de intereses por el rol de Furiase en el Central cuando recibió los 300 millones del Nación

En agosto de 2025, cuando era director del Banco Central, Furiase obtuvo

un crédito hipotecario por unos 280 mil dólares, equivalentes a cerca de 367 millones de pesos. El BCRA es el encargado de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación, por lo que una de las denuncias que hay en Comodoro Py apunta al rol de esa entidad, como contó LPO.

La posibilidad de un conflicto de intereses además está dada porque la tramitación del crédito habría comenzado entre junio y julio de 2025, justo cuando el BCRA liberó las LEFI, una medida que desató un proceso de fuerte volatilidad financiera y un descalabro en las tasas de interés. Tras eso, el BCRA el endurecimiento monetario con una suba de encajes y las tasas hipotecarias se dispararon. 

Además de que el sueldo de funcionario está lejos de ser suficiente para un crédito de ese monto, Furiase ya había tomado un crédito hipotecario en 2017, en el Banco Ciudad, por un equivalente a unos 106 mil dólares. Es decir que tiene espalda para pagar los dos préstamos al mismo tiempo.

Esta línea de crédito habilitaba la compra de primeras y segundas viviendas. Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda

Aunque el escándalo sigue creciendo, Javier Milei salió a defender a los tomadores de créditos con un argumento insólito: no mataron a nadie. 

«Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?», preguntó el presidente en una entrevista con el albertista Antonio Aracre. «Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado», argumentó Milei. 

«Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios», continuó Milei, que agregó que tampoco se afectó «la propiedad» porque los créditos fueron con tasas a precios del mercado.

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