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Rechazo de la comunidad científica universitaria de Río Negro a proyectos verdes corporativos

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE RIO NEGRO:

Conscientes de la catástrofe socio ambiental y energética que enfrenta la Humanidad, quienes formamos parte de la comunidad científica y universitaria de Río Negro, investigadoras, estudiantes, docentes y personal no docente, graduadas de las universidades nacionales e institutos terciarios de la provincia de Río Negro, reconocemos la urgente necesidad de una transición.

Pero no de cualquier transición, sino de una que apunte hacia un nuevo sistema que ponga en el centro la vida, la de los seres humanos y la del resto de los seres vivos con los que compartimos el planeta; una transición hacia un sistema que reconozca los límites biofísicos planetarios, es decir que sea sostenible ambiental y socialmente; un sistema despatriarcalizado que garantice la satisfacción de las necesidades humanas de todas, sin exclusión. Una transición hacia un sistema radicalmente distinto al actual.

Una transición tendrá lugar, lo queramos o no, debido al inexorable agotamiento de los recursos energéticos y materiales y al colapso de los sumideros naturales, es decir, de aquellos sistemas que, como los bosques o los océanos, capturan CO2 atmosférico, el principal gas de efecto invernadero. De lo que hagamos o no hagamos hoy depende el rumbo que tendrá esa transición.

Los poderes corporativos económicos nos proponen un rumbo, uno que tiene como objetivo conservar o ampliar sus negocios, en el mejor de los casos sustituyendo los combustibles fósiles por otra cosa. No porque les interese la ecología o la salud del planeta, sino porque no están dispuestos a perder poder. Frente a esta propuesta, los sectores populares debemos anteponer una transición que vaya más allá de un cambio en la matriz energética: una transición popular que apunte a una verdadera transformación ecosocial.

Bajo la perspectiva corporativa se inscriben los proyectos verdes que en los últimos tiempos se han lanzado desde los gobiernos provincial y nacional. En franca línea con los intereses de las grandes empresas embanderadas en la transición, sobre todo las energéticas, mineras y automotrices, estos proyectos abarcan desde la extracción de litio en los salares del altiplano y de otros metales fundamentales para la transición energética y las tecnologías digitales —como oro, plata y cobre—, hasta la instalación de megarepresas, grandes parques eólicos y solares, y la producción de hidrógeno verde.

Sobra decir que ninguno de esos proyectos aporta una real solución al problema. Es más: ni siquiera apuntan al corazón del problema, sino, en el mejor de los casos, a un aspecto importante pero parcial del mismo, el de las emisiones de CO2, sin abordar otras cuestiones ambientales como la degradación de los ecosistemas, la ocupación de los territorios y el desplazamiento compulsivo de poblaciones de comunidades originarias y rurales, la pérdida de diversidad biológica y cultural, la generación de residuos, ni hablar de las cuestiones sociales.

Teniendo en cuenta este contexto, vemos con gran preocupación la decisión del gobierno de Arabela Carreras de promover, con una urgencia inusitada (claramente no fundamentada en la grave crisis climática sino en la necesidad de no quedar afuera de un negocio), la producción de hidrógeno verde for export. El proyecto, en su versión alemana del Instituto Fraunhofer, o en su versión australiana de la minera multinacional Fortescue, apunta exclusivamente a llenar una futura demanda de hidrógeno de los países industrializados del Norte Global, particularmente de Gran Bretaña (versión australiana) y Alemania (versión alemana), con la esperanza de obtener una renta (muy incierta, por cuanto nuestro país ni siquiera cuenta aún con una ley de promoción del hidrógeno), sin que aporte absolutamente nada a las necesidades energéticas de nuestra población, con la repetida y extorsiva promesa de creación de puestos de trabajo.

Sin duda, la producción a gran escala de hidrógeno verde para exportación (se habla de más de dos millones de toneladas anuales) impactará negativamente sobre los territorios, ya que requiere la instalación de tres o cuatro parques eólicos, un número indeterminado de electrolizadores, plantas productoras de amoniaco, plantas desaladoras, etc., en áreas ambientalmente sensibles, como la meseta de Somuncura, las costas de los ríos Limay y Negro, o el Golfo San Matías. Asimismo, el proyecto afectará actividades productivas social y ambientalmente sustentables que ya se realizan en la provincia con mucho esfuerzo, como la pesca y ganadería artesanal o el turismo de naturaleza, a la vez que causará cambios impredecibles en los ecosistemas, fragmentado los hábitats, dañando irreversiblemente los ecosistemas marinos y humedales costeros, poniendo en riesgo las poblaciones de aves migratorias, etc.

Por lo anterior, las abajo firmantes rechazamos las falsas soluciones verdes de los gobiernos nacional y provincial, entre las cuales se inscribe el proyecto de producción de hidrógeno verde, tal como fue presentado, y de todos aquellos proyectos enmarcados en la transición energética que no apunten a la satisfacción de las necesidades de la población local.
Llamamos al gobierno provincial a no agravar los problemas, y convocamos urgentemente a toda la sociedad a pensar una transición ecosocial que vaya más allá de lo energético y que no tenga por objetivo principal hacer un negocio u obtener una renta.

La situación es muy grave como para perder el tiempo en proyectos neocolonialistas que, al dilatar la llegada de las verdaderas soluciones, disminuyen nuestras chances de sortear con alguna perspectiva de éxito la catástrofe socio ambiental que hoy tiene en jaque a toda la Humanidad.

Podés firmar ingresando a este enlace: https://docs.google.com/forms/d/1N4MspzANV-FG4X4h3hyKi2rAlq3PAIfy1Kqcj4EriUw/viewform?edit_requested=true

Primeras adhesiones:

Ianowski, Vanda (Universidad Nacional del Comahue); Salgado, Leonardo (Universidad Nacional de Río Negro/CONICET); Calendino, Alicia (Esc Sec Rionegrina 98); Cormeau, Françoise (Militante NO es NO contra megaminería metalífera en Chubut); Diaco, Pamela (UNRN y IFDC General Roca); Vallejos, Loana (UNRN); Urdampilleta, Constanza (Conicet); de Valais, Silvina (IIPG (UNRN-CONICET)); Zalazar, Jeremias Exequiel (Universidad Nacional del Comahue); Kischinovsky, Oriana Belen (Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Medicina); Mastrocola, Yusara (FaTu UNCo); Aranzabal, Maite (Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco); Canale, Nerina (Universidad Nacional de Río Negro); Salgado, Mariana (Conicet); Norval, Maria Esther (Movimiento Ecuménico por los Derechos); Pognante, Claudia (…); Brion, Laura (UNRN); Arriaga, María Laura (Egresada de la Universidad Nacional de Río Negro, actual alumna de la Universidad del Comahue); Pognante, Federico (…); Genco, Florencia (UNRN); Carreño, Tania Melissa (ESRN 116); Gavilán, Daniela Paola (ESRN N° 116); Álvarez, Micaela (Universidad Nacional de Río Negro); Zurriaguz, Virginia (IIPG-CONICET-UNRN); Álvarez Soria, Joaquín (Universidad Nacional de Río Negro); Borsani, María Eugenia (CEAPEDI Universidad Nacional del Comahue); Belardi, Fernanda (docente jubilada); Bertone, Gaglio Claudio Gustavo (…); Belmonte, Valeria (Universidad Nacional del Comahue); Barrionuevo, Andreína (Fadecs UNCO); Canale, Juan Ignacio (UNRN-Sede Alto Valle); Gutiérrez, Noemí Josefina (Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue); Guerrero, Leticia (Universidad Nacional del Comahue); Laría, Patricia Inés (Universidad Nacional del Comahue); Montes, Sarai (Universidad Nacional de Rio Negro); Escobar, Susana (Universidad Nacional de Río Negro); Carbajal, Mirta (Fundacion Inalafquen); Ruiz Sartor, Leroy Alejandro (Universidad Nacional de Río Negro); Proyecto D123 Cartografías de la construcción de lo común en territorios arrasados (Universidad Nacional del Comahue); Lemunao, Génesis (Universidad Nacional de Río Negro); Letourneau, Mariana (UNRN); Aligia, Armando (CAB-CNEA, CONICET); Didoné, Andrea (Isfd 6); Assef, Lilia Elizabeth (Fundación Inalafquen); Saccomanno, Matías Pablo (UNRN); Urzagasti, Torres Sofía (Universidad Nacional de Río Negro); Briones, Claudia (IIDyPCa (UNRN/CONICET)); Gotta, Claudia Andrea (UNIVERSIDAD Nacional de Rosario/Asamblea Permanente por los Derechos Humanos); Muci, Luciana (Universidad Nacional de Río Negro); Montiel, Gimena Damiana (Universidad Nacional de Río Negro); Maldonado, Sol (Graduada Universidad Nacional de Río Negro); Elisio, Santiago (UNRN); Verdecchia, Luz Marina (…); Manqui, Lidia Lorena (UNRN); Guras, Graciela (UBA); Mujica, Gerardo (Fadecs Unco); Juárez, Sandra (Universidad Nacional del Comahue); Garay, Sandra (IFDC Luis Beltrán); Ortiz, Myriam (UNRN); Pérez Pertino, Pedro (jubilado docente); Zanon, Victoria (Universidad Nacional de Río Negro); Chiauzzi, María Elena (Graduada de la Fatu UNCO); Parra, Magali (…); Penas, Ema Paula (Universidad Nacional del Comahue); Brandt, Natalia Vanesa (Universidad Nacional de Río Negro); Portal, Mariano (FICH – UNL); Mut, Paula (UNRN); López, Aldana (UNRN); Rave, Eva (UNRN); Guaragna, Cecilia (IUPA); Montes, Romina Marisel (Universidad Nacional de Río Negro); Benzadon, Adriana (Escuela de Cocineros Patagonicos); Belenguer, Celeste (UNRN); Recio, Silvia (Asamblea Socioambiental de San Martin de los Andes); González, Patricia María (Fundación Inalafquen); Yanquinao, Federico Ezequiel (Universidad Nacional de Río Negro); Martin Salinas, Ernesto (…); Navarro, Mónica (Universidad Nacional de Río Negro); Murriello, Sandra (UNRN); Pereyra, Mariela Adriana (IFDC Roca); de Groot, Grecia Stefanía (INIBIOMA (Unco-CONICET)); Vercellino, Soledad (UNRN-UNComa); Álvaro, María Belén (UnCo); Bertone Gaglio, Claudio Gustavo (…); Martin, Paola (Universidad Nacional de Río Negro); König, Natalia (UNRN); Sabesinsky Laura (PS); Tealdi, Juan José (Partido Socialista); Cabrera, Federico (…); Proschle, Edith (…); Álvarez, María del Lujan (Universidad Nacional de Río Negro); Franco, Cristian Tomás (Universidad Nacional de Río Negro); Banegas, Ivana (UNRN); Garramuño Fernanda Camila (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Comahue); Salcedo, Ma. Cecilia (I.F.D.C. SAO); Sewald, Ignacio Andrés (EP12 Ingeniero Huergo); RIERA María Luz (Facultad de Ciencias Médicas); Gatica Josefina (Universidad Nacional del Comahue); Valentina Stella (IIDyPCa/UNRN/CONICET); Littau, Nazarena (Universidad Nacional del Comahue); Maristella Svampa (CONICET-UNLP); Labrune Albertina Noemi (…); Paula Ciavatta (…); Verónica Trpin (IPEHCS-CONICET-UNCo); Maffei, Laura (UNRN); Márquez María Elisa (…); Quilodran, Federico (…); Laurente, María José (Universidad Nacional del Comahue); Equipo investigación «Prácticas, experiencias y propuestas educativas desplegadas en la trama de los conflictos socioecoterritoriales frente al extractivismo» (UNCo); Paniceres, Pablo José (…); Albrecht, Patricio Paniceres (…); Carollo, Verónica (IFDC El Bolsón); Olea, Patricia (Universidad Nacional del Comahue); García, Ana Clara (CURZA – UNComa); Márquez Depaoli, Agustina (Universidad Nacional de Río Negro); Vommaro, María Fernanda (Universidad Nacional de Río Negro); Fiordelli, Emilse (…); Campos Adriana (UNRN); Azocar, Marcela (Universidad Nacional de Río Negro); De León, Ana Laura (ISFD 6 NEUQUÉN- UFLO SEDE COMAHUE); Molinari, Facundo (Egresado UNRN); Gaglio, Elizabeth (peluquera); Bertone, Claudio Edgardo (Monotributo); Cid, Lorena (IUPA); Balmaceda, Roberto (UNCo); Bertone, Florencia (…); Zalazar, Diego (Universidad Nacional de Río Negro); Carracedo, Gabriel Damián (Universidad Nacional de Río Negro); Bay Gavuzzo, Alhue (IIDyPCa – UNRN); Conejeros, Ana María (…); Malena Rodríguez (Universidad Nacional de Río Negro); Ignacio Alejandro Cerda (Universidad Nacional de Río Negro); Roberts, Sandra Ivett (Ifdc Roca); López, Álvaro Vicente (UNRN); Chlup, María Victoria (Casa de la Cultura, Universidad Nacional de Río Negro); Acosta Bernal, Álvaro Giovanni (Universidad Nacional de Río Negro); Riffo, Lorena (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Unco.)

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    Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París

     

    Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

    En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

    La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

    Un viaje técnico en medio de una tormenta política

    El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

    Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

    Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

    El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

    Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

    La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

    Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

    La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.

     

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    La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6723 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso habilitar la circulación de personas sin restricciones horarias a partir de hoy y hasta el 1 de octubre. La medida, según se indicó, responde a la mejora registrada en la situación epidemiológica, que se suma…

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  • El sueldo se me va en pagar las deudas

     

    Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?

    El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.

    Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.

    El trampolín

    Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.

    Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.

    En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.

    El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

    Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.

    La previa

    Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.

    La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.

    La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.

     La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.

    La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.

    Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.

    El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.

    El candidato

    La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.

    La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.

    Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.

    La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.

    La trampa

    Pero aquí empieza la trampa.

    El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó. 

    El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.

    La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?

    La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.

    Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.

    Lo que los números no dicen

    Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.

    La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?

    En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.

    La advertencia 

    Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.

    No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.

    Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?

    La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.

    En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.

    La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma. 

    La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.

    La entrada El sueldo se me va en pagar las deudas se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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