Entre 20 y 25 metros de cable subterráneo fue sustraído en las últimas horas del sector del Paseo del Arroyo, lo que constituye un nuevo ataque a los espacios públicos de Villa Regina.
Para llevar adelante este hecho delictivo, los autores bajaron la térmica lo cual dejó sin iluminación a ese sector.
Hay que destacar que los cables alimentan de electricidad la bomba de riego de ese espacio verde.
Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y de Mar del Plata publicaron un estudio piloto donde demuestran la existencia de plaguicidas prohibidos y de uso actual en las placentas de mujeres de Río Negro y Neuquén. Afecta a los recién nacidos. El estudio, publicado a fines de 2022 en la Revista de Salud Ambiental…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los talleres de Canto, Lifting de pestañas, Pintura artística y técnicas variadas y Semi-permanente de uñas. Los días y horarios en que se dictarán los talleres son los siguientes: -Canto: lunes a las 16 horas….
El 15 de marzo, de 1972, comenzaban a dictarse las primeras clases en la Universidad Nacional del Comahue. Hoy, uno de los centros académicos más importantes del del norte de la Patagonia, cumple 50 años de vida. Las celebraciones por su medio siglo de historia, se extenderán a lo largo de todo el 2022, con…
La consultora Empiria considera «excesivo» el endeudamiento que solicitó Axel Kicillof a la Legislatura. El gobernador pidió una autorización para tomar deuda por el equivalente a USD 3.035 millones, sin embargo, un informe del equipo que coordina Hernán Lacunza, destaca que tendrá el año próximo necesidades financieras por USD 1.856 millones
Kicillof tiene dos pedidos de autorizaciones de deuda en la Legislatura. Uno en el Senado por USD 1.045 millones y otro por USD 1.990 millones que incluyó en el proyecto de presupuesto que se negocia por estas horas en Diputados.
El endeudamiento por 1.045 millones es clave para el gobierno por que le permite justificar deuda contraída este año sin autorización de la Legislatura. Durante 2025 , Kicillof no contó ni con presupuesto, ni con autorizaciones de endeudamiento.
El informe de Empiria hace hincapié en este punto. El proyecto del gobierno provincial refiere al pedido de autorización por 1.045 millones como un «monto equiparable a los servicios de deuda pública del ejercicio 2025». Es decir, que pide autorización para tomar deuda que ya contrajo. Para Empiria, esa referencia «resulta extraña teniendo en cuenta que esos compromisos ya vencieron».
El informe sostiene que el cálculo de gastos y recursos de Kicillof pone de manifiesto un comportamiento opuesto al propuesto por Javier Milei en su proyecto de presupuesto. «Mientras el Gobierno nacional planea terminar 2025 con un superávit primario de 1,5% del PBI y financiero de 0,3% del PBA, la provincia espera terminarlo con un déficit primario del -0,4% del PBG y uno financiero de -0,8% del PBG», dice el trabajo.
Lacunza también destaca un crecimiento del gasto total de un 3% real, donde se destaca un aumento real en casi todas las partidas. Los gastos de personal, que explica un 40% del gasto total en la provincia, aumentaría un 1,1% con una planta ocupada (permanente y temporaria) que no cambiaría y que ronda en aproximadamente 530.000 personas.
Las transferencias corrientes aumentarían, donde los municipios recibirían un 4% más en términos reales. Asimismo, se estima un mayor inversión (Empiria lo denomina gasto) en obra pública con una suba de 17 puntos.
Por el lado de los ingresos, el presupuesto plantea que en 2026 aumenten un 5,6% real, por mayores recursos de origen nacional (+7%) y de origen propio (+3,6%). De los tributos provinciales, el que mayor peso tiene es Ingresos Brutos, que aumentaría un +3,4% real.
El impuesto inmobiliario y el automotor también tendrían aumentos de 2,5% y 1,2% respectivamente. El informe no menciona el impacto de las modificaciones del Impuesto Automotor sobre los bonaerenses. El gobierno informó que los cambios suponen una baja en la Patente Automotor que beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses. «Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas», explicó el titular de ARBA, Cristian Girard al presentar la Ley Fiscal.
Empiria también destaca una menor recaudación real del impuesto a los Sellos (-1%). Por último, Buenos Aires espera también recibir más transferencias no automáticas desde Nación (+54%), que se mantienen en niveles bajos desde la asunción del gobierno nacional en diciembre 2023.
El gobernador -que evita hablar de la toma de deuda y apela a la palabra financiamiento- fracasó durante el año con una ley corta con la que buscaba una autorización para tomar deuda por 1.045 millones de dólares. Ahora incluye ese monto y suma otros USD 1.990 millones.
En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad. Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.