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El peronismo salvó el pliego de Emilio Rosatti para convertirlo en juez del tribunal federal de Santa Fe, cuando la sesión se les iba de las manos a Bartolomé Abdala y Patricia Bullrich por haber aceptado que Juan Bautista Mahiques colara 23 dictámenes que no habían sido conversados en Labor Parlamentaria. La suerte del hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, estuvo a punto de ser arrasada cuando José Mayans y Juliana di Tullio detonaron la lista de magistrados que el ministro de Justicia había metido por la ventana.

Sin embargo, el plan requirió muñeca política para no irritar a Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por la decisión del máximo tribunal de no revisar la sentencia confirmada en su contra por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad. 

La aprobación del ascenso de Rosatti constituyó este jueves el segundo gesto de distanciamiento de un sector del peronismo contra la narrativa del kirchnerismo sobre la proscripción de la ex Presidenta, después de la votación en la que se partió la bancada para respaldar mayoritariamente la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia.

Si bien a Mahiques lo apoyaron 14 de los 25 integrantes del interbloque de Mayans, a Rosatti lo respaldaron tres, entre el voto favorable de la fueguina Cándida Cristina López y las oportunas ausencias del santafecino Marcelo Lewandowski, y el entrerriano Adán Bahl, que se retiraron del recinto antes de la votación. Los otros dos que no estuvieron presentes, aunque durante toda la jornada, fueron la riojana Florencia López y Mariano Recalde, alto dirigente de La Cámpora y miembro del Consejo de la Magistratura.

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Para salvar a Rosatti, los legisladores del interbloque liderado por el formoseño contribuyeron para juntar dos tercios y modificar el orden del día, la hoja de ruta de la sesión. Patricia Bullrich se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para organizar la maniobra, con el objetivo de negociar con Mayans y los aliados del gobierno cómo seguiría la jornada pero, al mismo tiempo, debió convencer a Karina de incluir el pliego de María Michelli, la cuñada de Alconada Mon.

La jugada se concretó porque Mayans reflotó la idea de votar por dos tercios que le había propuesto a Bullrich en la reunión que mantuvieron este miércoles, junto a todos los presidentes de bloque. «Si son tan guapos, juntemos los dos tercios y votemos todos los pliegos», les gritó a los legisladores de LLA en medio del revuelo.

Mariano Recalde.

Esa frase, que profirió como si estuviera jugando al truco, escondía en realidad que sin el respaldo de los peronistas, ninguna iniciativa llega a dos tercios. El formoseño lidera un grupo de 25 sobre 72 integrantes de la Cámara Alta.

Por eso, el resultado de la votación del dictamen de Rosatti fue de 44 por la afirmativa y 20 por la negativa pero el verdadero propósito de los peronistas era causarle un daño a Javier Milei con la aprobación del pliego de Michelli, aún cuando su perfil no fuera de su agrado. Ya en la previa, un importante senador del kirchnerismo le dijo a LPO: «Estamos dando la discusión en el bloque, porque no estamos todos de acuerdo, pero somos muchos los que creemos que tenemos que votar a la jueza para perjudicar al gobierno en su interna».

La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

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Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

Belén Agudiez.

Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.