Durante la jornada de este jueves, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la limpieza de cámaras de la red cloacal en distintos puntos de la ciudad.
Para llevar adelante esta tarea se contó con el camión vactor desobstructor de la empresa ARSA, razón por la cual el Municipio agradece su colaboración.
La posibilidad de contar con esta maquinaria posibilitó desplegar un intenso trabajo en diferentes zonas como barrios 25 de Mayo, Nuevo, Belgrano, Don Bosco, Antártida, calles Alberdi, 20 de Junio y el denominado Kilómetro de Nardini.
Cabe destacar que la limpieza en las cámaras es fundamental para mejorar el tránsito del líquido cloacal y así optimizar el funcionamiento de la red.
Sin embargo, también es importante reiterar el pedido de colaboración a la población para evitar que arrojen elementos al sistema cloacal que pueden obstaculizar e incluso provocar graves inconvenientes en la red.
El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.
Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.
Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.
Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.
Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.
«De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.
La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.
«No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.
La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.
Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.
Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.
Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.
Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».
Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.
El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
De la inteligencia estratégica al control político interno
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Ambigüedad deliberada y concentración de poder
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Elusión del Congreso y degradación democrática
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Herencias oscuras y un futuro inquietante
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
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Las ventas caen, y, aun así, los precios vuelven a subir. Es un mecanismo defensivo. En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.
Sectores clave como alimentos muestran caídas de la demanda de hasta 20% interanual. Sin embargo, desde el 1° de enero varias fábricas anunciaron aumentos superiores al 5%. Empujaron las decisión los costos fijos, que subieron fuerte: tarifas, combustibles, alquileres.
Esa estructura deja en evidencia un problema más profundo. La teoría oficial sostiene que con emisión contenida y disciplina fiscal la inflación debería apagarse sola. Pero la práctica muestra otra cosa. Con la demanda en caída y sin expansión monetaria, los precios igual suben.
Las remarcaciones vienen empujadas por el nuevo techo del dólar que empieza a descontar el mercado. La recalibración de las bandas cambiarias funciona como una señal de precio adelantada: si el techo se corre, el dólar de mañana vale más que el de hoy. En una economía bimonetaria indexada al tipo de cambio, ese mensaje se traduce rápido en los precios.
Las empresas ajustan ahora para no quedar atrapadas con costos dolarizados, energía, insumos, reposición, alquileres atados a un tipo de cambio más alto. No es especulación abstracta, es cobertura. El techo del dólar sube en los papeles y los precios se mueven en la góndola
El problema no es solo monetario. Es estructural. Y está del lado de los costos y de la oferta. Los números de tarifas lo explican mejor que cualquier discurso. Según la consultora Economía y Energía, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada la luz subió 344% y el gas 617%. Pero igual hay cortes masivos. En el mismo período, la inflación acumulada rondó el 200%. Los salarios crecieron 229%.
En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.
Es decir, los costos fijos de producir y vivir le ganaron por goleada tanto a los precios generales como a los ingresos. Y eso sin contar el transporte, que subió más de 900%, ni la medicina prepaga, que atraviesa a buena parte de la clase media y trabajadora.
El panorama no mejora hacia adelante. El 2026 arranca con nuevos aumentos de tarifas en todo el país. Luz, gas, agua y cloacas vuelven a ajustarse. Las subas previstas van del 2,5% al 4% promedio, antes de la quita de subsidios que anunció el Gobierno y que puede llevar esos incrementos a dos dígitos, sobre todo en gas.
En el AMBA, donde operan Edenor y Edesur, la suba de la electricidad será de 2,5%. A nivel nacional, el precio mayorista de la electricidad sube 3,2% y luego cada provincia traslada ese impacto a la distribución.
En gas natural por red, los aumentos rondan entre 2% y 3%. Pero la verdadera incógnita es qué pasará cuando el precio mayorista salte de los actuales USD 2,95 a USD 3,79 por millón de BTU, tras la quita de subsidios. Para los usuarios de Metrogas y del resto del país, ese cambio puede sentirse con fuerza en la boleta.
Ese efecto se potencia por los cotos de la energía, que tienen un componente muy alto dolarizado. Gas y electricidad no no sólo suben por tarifa, sino porque su estructura de precios responde a valores en dólares que impactan de lleno en los costos fijos de producción. El resultado es un combo conocido: expectativa de dólar más alto, energía más cara, costos que se recalculan y una inflación que se anticipa antes de ocurrir.
A esto se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados, producto de la apertura irrestricta. Lejos de disciplinar precios, las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto.
Ahora resta ver cómo ese fenómeno impacta en el IPC, donde alimentos explican buena parte del índice y la carne tiene una ponderación decisiva.
Se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados Las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto.
Pero las remarcaciones impactan en todos los segmentos. En la primera semana de diciembre, las grandes cadenas registraron subas promedio del 0,7%, con mayor presión en bebidas y alimentos de góndola. En carnicerías, el ajuste fue más brusco: aumentos de hasta 35% en menos de un mes y la posibilidad de otro 10% antes de cerrar diciembre.
Las grandes marcas lideran las subas. Coca Cola aumentó 5% en la última semana. Bimbo aplicó el mismo ajuste en panificados. La Virginia pasó listas con subas del 8%. Arcor acumuló un 8% en el mes.
Las consultoras coinciden en que la inflación de alimentos se aceleró. Se ubica entre 3,7% mensual y 4% en la medición punta a punta. A eso todavía hay que sumarle los aumentos de servicios, que en diciembre rondaron el 2,8%, y los combustibles, que se actualizan casi a diario.
«Con ventas que no repuntan y costos que no aflojan, muchas empresas remarcan para no cerrar», resume en off un empresario industrial. No es una lectura aislada. El propio diagnóstico de la UIA apunta en la misma dirección: la presión sobre los precios viene desde la oferta, desde los productores, y no solo desde expectativas o factores estadísticos, como suele sostener el Gobierno, tal como reveló el periodista Leandro Renou.
La foto final es la de la estanflación. Ventas en baja. Consumo retraído. Empresas que suben precios en lugar de competir por volumen o ajustar márgenes. Precios que suben con actividad en retroceso.
La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por…
El Rio Negro, está conformado por las cuencas del Rio Limay y el Rio Neuquén. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking, que con sus residuos a gran escala contamina las aguas. La contaminación que se produce en Vaca Muerta y Allen llega, río abajo, hasta Viedma donde desemboca en el mar.
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