En la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego participó de la ceremonia «Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony», una actividad simbólica que representa la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los principales mercados de financiamiento minero global.
La ceremonia reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense, consolidándose como uno de los momentos más destacados del encuentro internacional que se desarrolla en San Juan.
El tradicional toque de campana marcó el inicio de la jornada bursátil y puso en valor la vinculación entre el mercado financiero canadiense y el desarrollo de proyectos mineros en Argentina, especialmente aquellos orientados a la sostenibilidad y la atracción de inversiones.
La presencia del gobernador Orrego en esta ceremonia reafirma el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país y fortalece los vínculos internacionales
Durante la actividad también participaron representantes de TMX Group, entidad que opera el Toronto Stock Exchange y el TSX Venture Exchange, mercados reconocidos mundialmente por su liderazgo en financiamiento para la industria minera.
La presencia del gobernador Orrego en esta ceremonia reafirma el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país y fortalece los vínculos internacionales para impulsar el crecimiento de proyectos estratégicos en la provincia.
La actividad se desarrolló con una importante presencia de delegaciones nacionales e internacionales, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, espacio que promueve el intercambio entre gobiernos, empresas e inversores vinculados al desarrollo de la minería.
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que está en vigencia la Ordenanza Nº 95/2020 que declara a la ciudad como territorio libre de pirotecnia. De esta manera, está prohibida la fabricación, tenencia, guarda, comercialización mayorista y/o minorista en comercios y puestos ambulantes, manipulación, depósito y uso de elementos de pirotecnia. Además prohíbe el uso doméstico…
Nuevamente el piloto de Motocross reginense Pablo Galletta hizo podio al final de una competencia. En esta ocasión en la 24° Edición del Campeonato Nocturno de Verano SX 2020 en el Motocross Club Neuquén que constó de 3 jornadas: 17 y 7 de enero, y 21 del corriente mes. El Coliseo neuquino hace más de…
El gobierno de Javier Milei rechazó el plan que presentó el Grupo Clarín para avanzar con la fusión entre Telecom y Telefónica y profundizó el enfrentamiento con el conglomerado que conduce Héctor Magnetto.
Según confirmaron a LPO dos fuentes al tanto de la negociación, el grupo había aceptado desprenderse de la mitad de los clientes que le exigía la administración libertaria y para ello presentó dos empresas que estaban interesadas en absorber esos clientes.
La fuentes confirmaron que Clarín presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios que le pedía el gobierno de Milei que resignaran, para aprobar la fusión de las telco. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa, por si el gobierno objetaba la primera.
Pero el Gobierno rechazó la propuesta, confirmando la mala relación de Milei con el Grupo. La negociación se lleva adelante en el marco del Enacom, organismo que controla políticamente Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud.
Clarín presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa.
La decisión mantiene paralizada en los hechos la fusión, que sigue sin aprobarse ni rechazarse, en un ejercicio explícito de kirchnerismo austríaco.
Como reveló LPO en exclusiva, Milei había ordenado que fijen condiciones durísimas a Clarín para aprobar la fusión, entre ellas el desprendimiento de hasta seis millones de clientes, con el argumento que se buscaba evitar una posición dominante en el mercado. Una idea heterodoxa que contradice la prédica libertaria de Milei.
Lo que confirma que se trata de una pelea de poder. Desde que Telefónica decidió vender su filial argentina, en el gobierno alentó que la compre el consorcio de empresarios locales conformado por Darío Werthein y Marcelo Mindlin. También competía Marcelo Figoli, que inicialmente tuvo buena sintonía con Rodrigo Lugones y luego terminó distanciado.
Pero Magnetto se adelantó a todos y sacó un crédito de 1.200 millones de dólares y cerró la operación al contado con la casa matriz española, a pura operación de mercado. El movimiento dejó al Gobierno descolocado y disparó la reacción de Milei, que desde entonces mantiene un enfrentamiento abierto, incluso tiene fijado un tuit contra el Grupo.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
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