¡Festejamos la Semana del Turismo!

La Municipalidad de Villa Regina comparte la siguiente información del Hospital local:En la mañana del domingo se comenzó con la vacunación contra el COVID-19 a personal de las fuerzas de seguridad, llegando a 60 integrantes que recibieron la primera dosis de la vacuna.El operativo para este sector comprende 140 primeras dosis, que se completarán entre…

 

Un reclamo millonario de parte de jueces tiene en pie de batalla a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La aspiración de magistrados de tribunales colegiados es que les paguen un adicional cada vez que deben reemplazar a algún colega que se ausenta aún en la misma sala. Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo.

La situación produjo ya un choque manifiesto en el Consejo, más precisamente en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que preside el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y que promete terminar en zafarrancho si los jueces se salen con su pretensión. Estos perdieron en la CAF por un voto pero pidieron que el tema se vote en el plenario de veinte consejeros. Eso ocurrirá la semana entrante.

Lo que está en discusión es el concepto de subrogancia. Un magistrado reclama que le reconozcan una tercera parte adicional de sus remuneraciones cuando se ausenta un colega de su propia sala. Para la mayoría de los consejeros esto no es subrogar sino hacer el mismo trabajo que ya debe hacer y por el que se les paga. Pero los consejeros jueces de modo unánime afirman que en estas condiciones se debe cobrar más.

Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo

El conflicto, dicen consejeros enardecidos con esto, es que los magistrados buscan llevarse una montaña de plata por el trabajo que deben hacer y por el cual ya son retribuidos de manera que no tiene igual en la administración pública.

El planteo en debate es la punta de lanza a la que se acoplarán muchos otros. Lo hizo Alejandro Tazza que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por jubilación de su titular en esa Cámara, Tazza cubrió el trabajo como subrogante durante tres semanas de febrero de 2022. Y pidió que se le pagara por esa labor que hizo en el mismo ámbito de su desempeño con una tercera parte del sueldo, adicional, por la función cumplida.

El juez Alejandro Tazza. Foto gentileza La Capital

El mismo Consejo de la Magistratura en su momento lo consideró una extralimitación y se lo denegaron. Le plantearon que hacer ese trabajo por el cual reclamaba pago implicaba su labor habitual, que no resultaba tácticamente posible que el mismo sujeto ocupe simultáneamente dos vocalías dentro de un mismo tribunal.

Pero Tazza no se dio por vencido e interpuso un recurso jerárquico que llegó a la CAF en el Consejo de la Magistratura. La consejera María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco, sostuvo que al hacer las resoluciones Tazza hizo su trabajo regular y resultó remunerado con la percepción de sus haberes en el ejercicio de su actividad habitual como magistrado de esa Cámara. Eso, dijo Pilatti, no es una subrogancia, por lo que no hay que liquidar ningún suplemento.

“Es como si los ministros de la Corte que ahora son tres quisieran cobrar más dinero por el trabajo que tienen que hacer porque faltan designar más integrantes”, deslizó un participante de las reuniones de la CAF que rechaza que se hagan esos pagos.

Contra este dictamen hubo que le da la razón al pedido del camarista de Mar del Plata. Y que es impulsado por los cuatro jueces que son consejeros en la comisión que trata el caso. Estos son Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones.

La posición de ellos es que la ley vigente de subrogancias indica que en caso de licencia se dispone que las cámaras se integren por sorteo público con los miembros de las demás de la misma jurisdicción y competencia y que esa era la situación de Tazza. Por lo que corresponde que le paguen. “El magistrado ha realizado tareas adicionales semejantes a otro cargo y, como consecuencia, le corresponde percibir la remuneración que tal situación merece, a modo de excepción”, firmó la consejera jueza Provítola.

En la audiencia pública del Consejo de la Magistratura de hace diez días el consejero Lugones dijo frente a la pregunta del consejero César Grau que no tenía un reclamo similar realizado como juez. Le pidieron la aclaración porque en caso positivo no habría podido, en virtud de un interés particular, votar sobre los dictámenes contrapuestos. Grau también preguntó el impacto económico que produciría una resolución en el sentido que proponen los jueces. Solo se dijo que a valores de hoy el reclamo ya reconocido del camarista marplatense Tazza fueron cien millones de pesos y que ahora aspira a que le paguen otra demanda que supera los 50 millones. El secretario Fernando Alvarez dijo que el colega de Cámara del juez Tazza, Eduardo Jiménez, tiene reclamos similares.

Escándalo en el Consejo de la Magistratura: los jueces se fueron cuando iban a tratar Lago Escondido

“Estamos hablando de cubrir un cargo dentro de una misma sala en una Cámara Federal”, dijo Grau. “Esto va a tener un efecto expansivo de quienes aún no han reclamado. Van a venir casos en cascada por eso se debería prever el quantum económico que esto va a tener”, enfatizó.

Están en condiciones de hacer estos planteos los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El consejero Mariano Recalde, senador por Ciudad de Buenos Aires, votó por el rechazo del reclamo. “Si hay 90 expedientes en un tribunal cada juez tiene que estudiar 90 expedientes. La falta de un juez en un tribunal no puede implicar nunca el aumento de los emolumentos. Con ese criterio eso se podría aplicar a los empleados de los tribunales”, sostuvo. “Y ni hablar de la cantidad de casos en los que el que realiza el proyecto de sentencia, trabaja y hace todo no es el magistrado sino un empleado o funcionario”, subrayó.

Fuentes del Consejo de la Magistratura precisaron además que hay escasa abnegación laboral no solo en algunos demandantes sino en el modo de trabajo real. “A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse para hacer «trabajo adicional». Es un privilegio que se agrega a otros que tienen de sobra”.

A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse

Asimismo, sin que se refiera al caso de Tazza, una fuente del Consejo de la Magistratura refiere a una avivada histórica en las instancias de Cámara en todo el país. “Se dan casos de jueces que a propósito se toman licencia para ser subrogados por su par que luego al irse de licencia devuelve el favor. Hoy cobro por ti, manaña por mí. Y lo que obtienen es cada vez que cubren una ausencia es una tercera parte más de sueldo”.

El rechazo al dictamen que pide efectuar pagos a magistrados que reclamen se definió por una pestaña. Apenas un voto. En el plenario, donde se dirimirá, votan veinte consejeros. 

 

El Museo Felipe Bonoli tuvo su reapertura el día sábado, oportunidad en la que los asistentes pudieron apreciar los trabajos de restauración y mantenimiento que se llevaron a cabo durante la pandemia. La museóloga Magali Catriquir destacó la concurrencia de quienes se acercaron a disfrutar de la jornada, algunos lo hacían por primera vez y…

 

Oriana tiene 16 años. Aunque no fue hace mucho tiempo, recuerda sus inicios en la escuela secundaria como si fueran parte de otra vida. “Nos daban buenas charlas”, dice sobre los encuentros semanales que tenían en el aula con las profes. Con ellas aprendió sobre infecciones de transmisión sexual como el VIH, sobre las diferencias entre el preservativo, un DIU hormonal y el chip anticonceptivo. También, que el consentimiento tiene que ver con respetar el propio deseo, que “un no es no, y listo”. 

—Fue muy útil. Si no me lo decían ellas, capaz ni me enteraba. 

Desde la vuelta de la democracia, la profundización en la manera de abordar y sensibilizar sobre salud sexual impulsó leyes provinciales situadas, adaptadas a la realidad y a las necesidades de cada territorio. En los últimos siete años, las políticas públicas transversales lograron reducir un 50 por ciento los embarazos de adolescentes argentinas. Pero la tendencia no alcanzó de igual manera a todo el país: una de las excepciones sigue siendo Salta, donde el promedio de fecundidad en esa franja de edad aún es más alto que en el resto de las provincias y está por encima del promedio a nivel mundial. Como sus pares de distintas regiones, Oriana tuvo acceso a un ámbito de conversación segura, pedagógica, asertiva y accesible sobre su cuerpo, su deseo, los cuidados y el futuro. Lo encontró en un espacio central como es la escuela pero con un modelo descentralizado de los habituales, como podría ser el consultorio de una ginecóloga o la clase de biología.  

Aquellas charlas eran parte del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), creado en 2017 con un objetivo principal: prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, hacer parte también a los adultos sobre el tema, tender puentes más eficientes y afectivos de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, enseñar sobre decisiones informadas y consentimiento, prevenir el abuso sexual. Articulados a través de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, a nivel nacional y provincial se formaron equipos territoriales integrados por docentes y referentes comunitarios presentes en centros de salud, hospitales, centros barriales y secundarias como la de Oriana. “Hoy se habla mucho más de otras cosas, como bullying y grooming”, cuenta la adolescente.

Así como ningún derecho nace y se convierte en política pública, pero puede llegar a serlo, no toda política pública es perfecta: hace su camino al andar. En Argentina 43.210 adolescentes de 15 a 19 tuvieron un hijo en 2022, al igual que 1087 adolescentes menores de 15.  

La historia de la ampliación de los derechos sexuales en el país se inició a mediados de los 80. El acceso a “la píldora” fue bandera de la segunda ola feminista de los años 60, que vio interrumpida su marcha por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En dictadura se eliminaron las actividades de control de la natalidad y también la venta de anticonceptivos. La apertura del 83 mostró una sociedad más madura y sensible. Por fin, en 2002 llegó la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que impulsó la creación de un programa pionero. Por primera vez en el país, la salud sexual y reproductiva entró en la agenda de las políticas públicas del Estado nacional. 

Pese a los cambios de gobierno y de políticas de los últimos años, las principales redes que muchos de esos programas tejen quedan de pie. Algunas preguntas también quedan: ¿Alcanzan solo los marcos legales o necesitan una corporalidad social robusta para sortear los contextos políticos? ¿Cómo se altera el alcance de los diversos programas si su sustentabilidad sufre recortes? ¿Cómo involucrar más a las familias? ¿Cómo involucrar más a los varones? ¿Cómo desandar la vergüenza para hablar del tema, los mitos sobre los efectos colaterales del uso de métodos anticonceptivos, los prejuicios sobre el deseo en la adolescencia, los gestos machistas, los miedos, el pudor y los malos entendidos? ¿Cómo incidir en particular en las provincias argentinas donde aún queda mucho por acompañar y sostener en relación a la maternidad y paternidad tempranas? ¿Cómo proponer otros imaginarios de futuros posibles y probables? ¿Cómo fortalecer a esas redes que aún permanecen?  

Estas fueron las motivaciones que impulsaron el Estudio sobre trayectorias, experiencias y significados en torno al embarazo temprano no intencional en la adolescencia en la Provincia de Salta, iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina. La investigación puso la lupa en un territorio determinado para repensar lo que subyace a la estadística: las vidas. “Nos impulsó la ausencia de datos de infancias y adolescencias que muchas veces caracterizan la investigación social. Por eso, nuestro gran desafío fue dar lugar a las voces de las jóvenes”, cuenta Anabel Fernández Prieto, Oficial de Programas de UNFPA. Esas voces, sus testimonios, “muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas y acciones. Pero no en soledad ni de manera aislada, sino entramando con distintos sectores”, agrega Fernández Prieto.

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A Oriana no le gusta ventilar su intimidad. Por eso aprovechaba las rondas de preguntas que hacían sus compañeras de cursada a las asesoras del Plan ENIA que mostraban distintos métodos anticonceptivos, explicaban su uso y sobre todo, las escuchaban. La conversación grupal ayudaba a desandar temores y vergüenzas, a ponerlos en palabras. Dos cosas le quedaron grabadas a Oriana: que nadie puede obligarlas a hacer algo que no quieran y que para lo que necesitara, siempre estarían abiertas las puertas y la escucha en el Centro de Salud. Si Oriana no estaba de novia, ¿para qué iba a ir a retirar anticonceptivos?, pensaba. Al poco tiempo, se enamoró. Ella tenía 15 años y él 16. A pesar de toda la información que tuvo a mano, semanas después, un atraso en su menstruación. Ni lo dudó: fue a la salita a pedir un test de embarazo. Hoy es madre, su bebé tiene cuatro meses.

El Estudio… ofrece argumentos para profundizar los debates sobre el derecho de las juventudes a vivir su salud sexual de manera segura y libre. 

Blanca deja el cochecito de su bebé de siete meses en cualquier rincón del aula. Quedará ahí, plegado, un buen tiempo. Lo que sobran, cada mañana, son brazos dispuestos a alzarlo. Blanca tiene 16. No planeaba ser mamá pero sabía criar. Es la tercera de siete hermanos, viven con su papá. Hoy su vida cotidiana se reparte entre la escuela, su familia, y un trabajo nuevo: los fines de semana limpia micros en la terminal. Con este ingreso más la Asignacion Universal por Hijo, compra pañales que se terminarán antes de llegar a fin de mes.

Qué ofrecerles a las adolescentes que fueron madres también es una pregunta-guía. Uno de los datos que arroja es que ninguno de esos hijos accede a jardines maternales o escuelas de nivel inicial. Los cuidados recaen, sobre todo, en las madres, que resuelven en un mix de ayuda familiar y brazos de docentes que aupan en medio de las clases. “Sus voces nos muestran que sin la intervención del ámbito público no es posible pensar en políticas que protejan sus derechos y también sus deseos”, dice Fernandez Prieto. 

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Emilia responde con pocas palabras. Ante algunas preguntas, duda y repregunta. Tiene 16 años. A los 10 años tuvo su primer novio, él tenía 11. Tres años después tendrían un bebé. Hace poco se separaron. El ahora tiene 17 y desde hace meses que no ve a su hija. Emilia sostiene la crianza sola, con ayuda de su mamá y sus hermanas. De las charlas en la escuela recuerda los videos sobre los cambios corporales y los métodos anticonceptivos, pero no cuenta mucho sobre eso. Se entusiasma un poco más cuando le preguntan cómo era su vida antes de la maternidad. “Antes era re infantil y caprichosa. Ahora maduré mucho”. Sobre cómo imagina su futuro, dice:

—Espero que mi hija no repita mis errores.

Emilia quiere ser masajista. “Voy a estudiar mucho para salir adelante”.

Entre los objetivos de las políticas públicas que trabajan por la prevención del embarazo temprano suelen estar, también, acompañar la maternidad precoz sobre todo de quienes vienen de contextos de pobreza. Las contienen, entre otras cosas, para que puedan completar sus trayectorias educativas y aún así maternar, criar y cuidar protegidas.

“A pesar de vivir muchas formas de violencias que restringen su libertad de decidir, las adolescentes imaginan, diseñan y construyen un futuro posible”, dice Andrea Flores, investigadora del informe de UNFPA.

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Luna prestaba mucha atención a “eso de las relaciones”. En las charlas sobre educación sexual que daban en su escuela aprendió que podía pedir que le colocaran un dispositivo intrauterino de manera segura y gratuita en el centro de salud del barrio. Estaba dispuesta a hacerlo, pero una de sus hermanas le dijo que le daría pinchazos. Al final eligió tomar pastillas y fue en esas charlas donde las agentes de salud le explicaron cómo hacerlo. No se animó a preguntarle si lo del pinchazo era cierto.

En las mismas aulas donde escuchó sobre historia o matemáticas, recibió información sobre salud sexual de manera segura y amorosa. En su casa de eso no se habla, dice, y entre amigas, tampoco. Nunca buscó información en internet. Y no se le ocurría ir al centro de salud, en el barrio está la idea de que ahí se va “solo para atender a los bebés”.

Caminar los territorios y conversar con las adolescentes evidencia que si bien Argentina avanzó en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes nacionales, provinciales y políticas públicas, aún queda por construir el acceso universal a  esa información. Una función esencial de la salud pública es la producción, el análisis y comunicación de ese tipo de datos.

En Argentina, al menos nueve leyes nacionales garantizan a las mujeres de entre 15 y 49 años el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a información y educación en la materia. Con las leyes solas no alcanza, sin las leyes no se puede. ¿Qué aportan los programas que previenen el embarazo adolescente al ejercicio y acceso a estos derechos? 

Entre 2018 y 2023 los embarazos en niñas y adolescentes se redujeron a la mitad. Pero aún hay miles de jóvenes que llegan a la maternidad de manera temprana. Que teniendo acceso a diferentes métodos anticonceptivos, no los incorporan de manera eficaz. Que teniendo acceso a la IVE, no eligen interrumpir sus embarazos. Que aún soñando futuros muy lejos de pañales y mamaderas, terminan yendo a la escuela acompañadas de sus bebés. ¿Qué pasa? ¿Qué falla? El Estudio… detecta un denominador común en el testimonio de las adolescentes madres: les da mucha vergüenza hablar, repreguntar sobre cuestiones de salud sexual. Sin la permanencia de políticas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia los espacios pedagógicos que, incluso entre risas nerviosas habilitan las dudas y preguntas, queda desierto. 

El día que se enteró que estaba embarazada, Oriana llegó al borde del llanto a la escuela. En el baño le contó por primera vez a una compañera lo que le estaba pasando. Lloró con ella y hasta con la vicedirectora, que se acercó para contenerla. “Necesitaba desahogarme” recuerda. Durante el embarazo no se perdió ni un día de clases.

La entrada ¿Y ahora quién me aúpa? se publicó primero en Revista Anfibia.