A través del Decreto 126/21, la Municipalidad de Villa Regina llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente.
Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:
*Poseer título de Abogado, con no menos de 2 años de ejercicio en la profesión. Deberán acompañar certificaciones del colegio de abogados y/o de los Poderes Judiciales, según cual fuere el organismo que tenga el gobierno de la matrícula, en el que consten:
a) Fecha de matriculación y de su baja
b) Motivo de la baja
c) Antecedentes disciplinarios durante el lapso de la habilitación para el ejercicio profesional
En caso de que existieren sanciones disciplinarias deberá acompañar copia certificada de la causa y de la resolución que se hubiera dictado.
*Nacionalidad argentina con 2 años de residencia en la ciudad de Villa Regina
*No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 15 incisos 2 al 8 inclusive de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina.
Los/as postulantes deberán realizar su inscripción mediante nota y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el cargo al que aspiran, con documentación original o copia certificada, y detallar sus antecedentes. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Regina en horario de 8 a 13.
En todos los casos se deberá consignar:
1) Datos personales:
a. Apellido/s y nombre/s completos
b. Tipo y número de documento de identidad
c. Domicilio real actual y domicilios anteriores durante los últimos dos años
d. Número de teléfono personal
e. Domicilio electrónico o domicilio procesal situado en el radio urbano de la ciudad
f. Fecha y lugar de nacimiento
2) Cargo al que aspira
3) Antecedentes profesionales:
a. Copia del título de abogado/a legalizado por ante el Ministerio del Interior y Ministerio de Educación
b. Empleos o funciones desempeñados de carácter público, honorario o rentado, por designación o elección. Se indicará su carácter (titular, suplente, interino, etc), ascensos, licencias extraordinarias concedidas en los últimos 5 años, sanciones disciplinarias aplicadas y causas de cesación. En caso de que el empleo corresponda a un Poder Judicial, deberá acompañar un resumen anual certificado de las estadísticas de la función correspondientes a los últimos tres años del organismo en el que se desempeña.
c. Empleos o funciones de carácter privado, honorario o rentado por designación o elección. En caso del ejercicio de la profesión liberal, descripción de la jurisdicción/es en las que actúa o actuó, fueros, tipo y volumen de trabajo.
d. Ejercicio de la docencia, designación, cargos desempeñados, carga horaria, horario específico del desempeño de la función y períodos.
e. Instituciones comerciales y civiles de la que forma parte o en las que tuviera intereses.
f. Todo otro dato objetivamente comprobable en el orden al desempeño profesional.
4) Antecedentes Científicos y Técnicos:
a. Estudios de Posgrados
b. Trabajos publicados, con especificación de naturaleza, títulos, editorial, obra y lugar en que aparecieron
c. Conferencias dictadas, con certificación de fecha, lugar e institución patrocinante
d. Congresos, seminarios, jornadas o cualquier otro acto colectivo de carácter científico o técnico en que haya participado, indicando la representación investida, fecha en que tuvieron lugar, institución patrocinante, tema desarrollado, designaciones que hubiera recibido, trabajos presentados, distinciones académicas, menciones honoríficas, etc.
e. Instituciones científicas o profesionales a las que pertenezca, con indicación de nombre, domicilio de su sede, carácter de la institución, calidad que inviste en ella, y cargos que hubiera desempeñado.
Arabia Saudíta puso este domingo punto final al toque de queda que aún regía por la pandemia de coronavirus y permitió la reapertura de mezquitas en la ciudad sagrada de La Meca, pese a que el número de casos aumenta a un ritmo de 3.000 contagios diarios en el país más afectado de Medio Oriente….
La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa. En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no…
El envío de la reforma laboral al Congreso desató una feroz disputa en el gabinete de Milei, donde el ala política cuestiona a Federico Sturzenegger por haber detonado la relación con la cúpula de la CGT que convocó a una marcha contra el proyecto, algo que hasta un día antes estaba en duda.
El ministro de Desregulación fue el impulsor de incluir en la reforma un ataque frontal contra las cajas que manejan los gremios, pese a que se supone que la CGT era parte de la redacción de las propuestas a través de la participación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el Consejo de Mayo.
Martínez no fue a la última reunión del Consejo, supuestamente enojado porque se había incluido un artículo para eliminar la cuota solidaria y otro para flexibilizar la cuota de afiliación, dos temas claves para los gremios. Finalmente, en la versión final se eliminó el primer artículo y se moderó el segundo, como un «gesto» de Milei a la CGT.
Ese gesto fue resultado de una negociación del ala política del gobierno con la cúpula de la CGT para evitar que la relación se desbande. Es que Martín Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli venían negociando para que la reforma laboral no sea tan dura con los gremios como pretendía Sturzenegger, respaldado por Patricia Bullrich.
Lo impactante de esta discusión es que por primera todos los actores políticos del gobierno se mostraron tan abiertamente en contra de Sturzenegger, al punto que se unieron todas las tribus. Incluso Manuel Adorni un día antes de la presentación del proyecto dijo que la cuestión sindical quedaría para un proyecto posterior. La posición de los Menem y Adorni contra Sturzenegger sugiere que hasta Karina Milei estaba en contra del embate a la CGT.
Pero Sturzenegger igualmente cree que ganó la batalla contra la CGT al incluir pequeños cambios que golpearán las cajas sindicales. El ministro festejó la inclusión de restricciones para el cobro de las cuotas solidarias a los trabajadores no afiliados y, pese a que no se prohibió taxativamente, cree que en la práctica se terminarán cayendo.
Según esta posición, con el fin de la ultraactividad se caerán las cláusulas obligaciones de los convenios, como es la cuota solidaria. Además, otro artículo establece que los empleadores no podrán realizar retenciones de salario «sin el consentimiento expreso del trabajador». El proyecto apunta explícitamente a que esos aportes se hagan en negociaciones por empresa y no de toda la actividad. La cuota solidaria la cobran sindicatos, pero también cámaras empresariales, lo que explica que uno de los arquitectos de la reforma haya salido a despegarse.
Sturzenegger también festejó que impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización del trabajador que además tendrá facilidades para dejar de aportar.
Finalmente, el ministro coló una rebaja de un punto de la contribución que hacen las empresas a las obras sociales, que baja de 6% a 5%. Esa baja golpea a las obras sociales sindicales, pero todo indica que será absorbida por los trabajadores.
LAVACA.org es una cooperativa que propone generar herramientas, información, vínculos y saberes que potencien la autonomía de las personas y sus organizaciones sociales. Todos los meses desde el observatorio Lucia Perez, uno de sus espacios digitales donde por ejemplo crearon el primer padrón autogestivo y público de femicidios del país, comparten un resumen mensual del…
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana viernes 31 de diciembre y hasta el domingo 2 de enero no funcionará la balsa en la Isla 58. El servicio se restablecerá el lunes 3 de enero en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20. Difunde esta nota
Desde 1823 hasta hoy, la Doctrina Monroe funcionó como coartada ideológica para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y condicionamientos políticos sobre América Latina. Un repaso histórico, crítico y documentado de una política imperial que sigue vigente y que hoy vuelve a exhibirse en el respaldo de Washington a Milei y en el grave episodio denunciado por Venezuela como el secuestro de Nicolás Maduro.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de una doctrina imperial
La llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, suele presentarse en los manuales como una advertencia contra el colonialismo europeo en el continente. Sin embargo, desde sus primeros usos reales, funcionó como una autoproclamación de tutela: América no sería para los pueblos americanos, sino para los intereses de Washington. En un contexto en el que Estados Unidos aún no era potencia global, la doctrina operó como una declaración de intenciones a largo plazo, que se consolidaría con el crecimiento económico, militar y financiero del país del norte.
A fines del siglo XIX, tras la guerra contra España y la ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Doctrina Monroe dejó de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta activa de dominación regional, reforzada luego por el llamado Corolario Roosevelt, que legitimó la intervención directa en países latinoamericanos ante cualquier situación que Washington considerara una “amenaza”.
Golpes de Estado y gobiernos derrocados
Durante el siglo XX, la Doctrina Monroe fue el marco político que permitió una seguidilla de intervenciones directas e indirectas. En 1954, el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado tras una operación organizada por la CIA para proteger intereses corporativos estadounidenses. En 1964, Estados Unidos respaldó el golpe militar en Brasil; en 1973, jugó un rol decisivo en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile; en 1976, apoyó activamente a la dictadura argentina.
Estos procesos no fueron excepciones, sino parte de una política sistemática: cuando un gobierno latinoamericano intentó desarrollar un camino autónomo, redistribuir riqueza o controlar recursos estratégicos, la respuesta fue la desestabilización. Golpes, sabotajes económicos, operaciones psicológicas y financiamiento a sectores opositores fueron prácticas recurrentes.
Dictaduras, terrorismo de Estado y Operación Cóndor
En los años setenta, la Doctrina Monroe se tradujo en su versión más brutal con la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. Miles de militantes políticos, sindicales y sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la “lucha contra el comunismo”.
Lejos de ser un desvío, este entramado represivo fue funcional a la imposición de un nuevo modelo económico: apertura irrestricta, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo nacional. La violencia política fue el complemento necesario del saqueo económico.
Del intervencionismo militar al disciplinamiento económico
Con el fin formal de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su política de injerencia, sino que la adaptó. Las invasiones militares dieron paso, en muchos casos, al disciplinamiento financiero, las sanciones económicas, el endeudamiento condicionado y el uso de organismos internacionales como herramientas de presión.
En América Latina, esta etapa incluyó bloqueos como el impuesto a Cuba y Venezuela, persecuciones judiciales selectivas contra líderes populares —el llamado lawfare— y el financiamiento de proyectos políticos alineados con la agenda de Washington. La Doctrina Monroe mutó, pero nunca desapareció.
Bolivia: el golpe contra Evo Morales y el laboratorio del “golpe blando”
El caso de Bolivia es uno de los ejemplos más claros del intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, adaptado a nuevas formas. En 2019, el presidente Evo Morales, primer mandatario indígena del país y artífice de un proceso de nacionalización de recursos estratégicos —en especial el gas y el litio— fue forzado a renunciar tras una operación de desestabilización política, mediática e institucional.
El rol de la Organización de Estados Americanos, alineada históricamente con la política exterior de Washington, fue clave. Un informe preliminar sin sustento técnico sobre supuestas irregularidades electorales fue utilizado como excusa para legitimar un golpe de Estado que derivó en la instalación de un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, inmediatamente reconocido por Estados Unidos.
Durante el régimen posterior al golpe, Bolivia vivió masacres en Sacaba y Senkata, persecución judicial contra dirigentes del Movimiento al Socialismo y una política de alineamiento total con Washington. El objetivo fue claro: interrumpir un proyecto soberano y disciplinar a un país que había decidido controlar sus recursos naturales y construir alianzas fuera del eje estadounidense.
Ecuador: Rafael Correa y la persecución como método
En Ecuador, la Doctrina Monroe se expresó a través de una modalidad cada vez más frecuente: la persecución judicial selectiva. Tras una década de gobierno de Rafael Correa, marcada por la recuperación del rol del Estado, la reducción de la pobreza y una política exterior autónoma, se desplegó una ofensiva para borrar políticamente a su principal referente.
Correa fue víctima de un proceso de lawfare que incluyó causas judiciales armadas, condenas sin pruebas materiales sólidas y la imposibilidad de presentarse a elecciones. Todo ocurrió bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien llegó al poder con un discurso de continuidad pero rápidamente giró hacia un alineamiento pleno con Estados Unidos, restaurando acuerdos militares, entregando información estratégica y revirtiendo políticas soberanas.
La persecución contra Correa no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional: neutralizar líderes populares sin necesidad de tanques en la calle, usando tribunales, medios concentrados y presión internacional.
Brasil: Lula, la cárcel y la proscripción política
El caso de Brasil es otro capítulo central del intervencionismo contemporáneo. Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente, fue encarcelado en 2018 tras un proceso judicial plagado de irregularidades, que luego serían reconocidas incluso por la propia Justicia brasileña.
La causa que llevó a Lula a prisión se construyó sin pruebas directas y tuvo como resultado inmediato su proscripción electoral, allanando el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, un dirigente alineado ideológicamente con Washington y funcional a sus intereses geopolíticos y económicos.
Años más tarde, quedó demostrado que el proceso contra Lula estuvo atravesado por coordinación entre jueces, fiscales y actores externos, incluyendo cooperación informal con agencias estadounidenses. El objetivo fue inequívoco: desarticular un proyecto político autónomo que había fortalecido la integración regional, los BRICS y la independencia económica de Brasil.
Venezuela como objetivo permanente
Venezuela se convirtió en uno de los principales blancos de esta política en el siglo XXI. Desde la llegada de Hugo Chávez y la recuperación del control estatal sobre el petróleo, Estados Unidos desplegó una estrategia de hostigamiento constante: sanciones económicas, intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de autoridades paralelas y amenazas militares explícitas.
En las últimas horas, el gobierno venezolano denunció un hecho de extrema gravedad: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Más allá de la versión que intenta instalar Washington, el episodio fue calificado por Caracas y por diversos actores internacionales como una violación flagrante de la soberanía y un regreso abierto a las prácticas más crudas del intervencionismo.
Milei y el alineamiento sin matices
En este contexto regional, la Argentina atraviesa una etapa de subordinación explícita. Durante el proceso electoral que llevó a Milei al poder, el respaldo político y económico de Estados Unidos fue público y determinante. Señales financieras, gestos diplomáticos y apoyos externos funcionaron como un mensaje claro al sistema local: había un candidato alineado con los intereses de Washington.
Lejos de ocultarlo, Milei celebró ese respaldo y adoptó una política exterior de alineamiento automático, avalando sanciones, intervenciones y acciones que históricamente el peronismo y los movimientos nacionales habían cuestionado. El resultado es una Argentina que renuncia a la autonomía regional y se reubica, sin negociación alguna, dentro del esquema de la Doctrina Monroe.
Una doctrina que nunca fue pasado
A más de doscientos años de su formulación, la Doctrina Monroe sigue viva. Cambió de formas, de discursos y de métodos, pero mantiene intacto su núcleo: América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Desde los golpes militares del siglo XX hasta el condicionamiento económico y las operaciones encubiertas del presente, la lógica es la misma.
La historia demuestra que cada vez que un país latinoamericano intentó salirse de ese corset, la respuesta fue la presión, la desestabilización o la violencia. Entender ese recorrido no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para defender la soberanía, la democracia real y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
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