PorMunicipalidad Villa Regina
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El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y su par en la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este viernes la apertura de una ronda de negocios con empresarios chinos en el Palacio Municipal.
«Esta ronda de negocios es una muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad», dijo Alak, que estuvo acompañado por la secretaria de Producción Mercedes La Gioiosa.
Por su parte, Costa señaló: «Las rondas son una marca registrada del Gobierno de Axel Kicillof para generar oportunidades, y esta es la primera vez que encaramos una actividad con la comunidad comercial china, que viene teniendo un crecimiento enorme dentro del comercio minorista».
Y agregó: «A diferencia de lo que manifiesta sistemáticamente el Gobierno nacional, reafirmamos la importancia de estos ámbitos de articulación público-privada y de mantener una relación estratégica e inteligente con China a partir de una mirada geopolítica del mundo actual».
En la misma línea, Rodríguez sostuvo: «Generar estos espacios de vinculación es todavía más importante en momentos como los que estamos atravesando».
Esta ronda de negocios es una muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad
Además, agregó que «es una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno, pero sobre todo para cuidar la producción y el trabajo bonaerense», y remarcó: «Es un objetivo claro de nuestro gobernador seguir trabajando junto a la producción, acompañando a cada emprendimiento y a cada empresa».
La actividad se realizó en el marco del Año Nuevo Chino, organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae, y estuvo a cargo de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica del Municipio, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas con el objetivo de fortalecer a las pymes de diversos sectores mediante la posibilidad de colocar sus productos finales en góndolas de nuevos clientes.
En ese sentido, contó con la participación de más de 230 empresas dedicadas a alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, textiles, calzado, artículos del hogar y ferretería de 62 municipios de la provincia, entre los que se destacan La Plata con 26 inscriptas, General San Martín con 17, La Matanza con 16 y Tres de Febrero con 12.
Además, estuvieron presentes representantes de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata de Argentina, la Cámara de Comercio Chino – Argentina de Florencio Varela, la Asociación de Comerciantes Chinos de Lanús, la Asociación de Comerciantes Chinos de Avellaneda, la Cámara de Comerciantes Supermercadistas Chinos de Quilmes y la Cámara de Supermercadistas Chinos de La Matanza.
La ronda de negocios abrió con palabras alusivas del intendente Julio Alak, el ministro Augusto Costa y el presidente del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Chen Xin; continuó con la entrega de las agendas de entrevistas y el desarrollo de los intercambios y finalizó con un almuerzo.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi; y el secretario General del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Rafael Velázquez.
En materia productiva, la gestión del intendente Alak avanza en torno a tres ejes fundamentales: la regularización y el ordenamiento territorial, la promoción y el desarrollo de actividades económicas que impulsen el empleo local y la articulación público-privada y con otros organismos estatales.
Con ese objetivo, el Municipio impulsa diversas líneas de acción, entre ellas el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses; la puesta en valor del Parque Industrial I y la regularización del Parque Industrial II; el Observatorio de Datos Productivos y la Primera Encuesta de Industrias Manufactureras; el fortalecimiento de los centros comerciales; la gestión de líneas de financiamiento y fondos de garantía; y la organización de rondas de negocios, entre otras.
La licitación de la vía navegable troncal que conecta a Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay con el océano Atlántico, tuvo un giro inesperado y dejó al descubierto una disputa más profunda dentro del Gobierno.
La semana que pasó, Martín Menem recibió en su despacho de la Cámara de Diputados a una delegación de la empresa belga DEME que compite por la licitación de la Hidrovía con la también belga Jan de Nul, actual dragadora de la vía fluvial Paraná-Paraguay.
La irrupción de los Menem en la privatización más importante de la era Milei -se trata de un negocio de 10 mil millones de dólares- representa un avance sobre áreas de Santiago Caputo y coincide con el golpe de poder que dieron al quedarse con el aval de Karina Milei, con el ministerio de Justicia.
Luego de esa reunión, la empresa brasileña DTA Engenharia, que era la tercera en discordia, decidió bajarse de la competencia. La lectura es política: la compañía entendió que no tenía terminal en el poder libertario. DTA abandono el proceso y no presentó las garantías exigidas en el pliego.
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El retiro de DTA deja entonces la licitación reducida a un duelo entre dos gigantes globales del dragado: la belga Jan de Nul, histórica operadora de la hidrovía, y su competidora, también belga, DEME. Pero detrás de ese enfrentamiento empresarial asoma otra pelea, la que se reedita hacia dentro del triángulo de poder que rodea a Javier Milei.
Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero además cuenta con una red de relaciones empresariales y políticas construida durante años de presencia en el país.
Jan De Nul, histórica operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja evidente: conoce el río, la logística y la estructura regulatoria del negocio. Pero el acercamiento de los DEME a los Menem les da un volumen político que puede ser determinante.
En ese entramado aparece el nombre de los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, que han logrado tejer buenas relaciones con Jan de Nul.
Del otro lado aparece DEME, que en las últimas semanas construyo su propio canal político. Según confirmaron a LPO fuentes al tanto de la pelea, ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados.
«Con el acercamiento de DEME a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», agregó a LPO la fuente consultada.
El negocio vale el esfuerzo. Se trata de un contrato de 25 años de concesión con posibilidad de prórroga por cinco más, de la principal vía navegable para sacar las exportaciones argentinas. Una de las autopistas fluviales más extensas e importantes del mundo en el corazón logístico de Sudamérica.
El adjudicatario deberá encargarse del dragado, el balizamiento, el mantenimiento del canal y la administración del sistema de peajes. Pero detrás de la concesión hay tres variables que explican el verdadero poder del negocio.
La primera es el peaje que pagan los buques: cada dólar adicional en esa tarifa se multiplica por miles de barcos y termina impactando en toda la cadena exportadora.
La segunda es la profundidad del canal. Cada pie adicional de dragado permite que los buques salgan con más carga desde los puertos del Gran Rosario, aumentando la competitividad del sistema portuario.
La tercera es el control de la información logística. Quien administra la hidrovía tiene acceso privilegiado a los flujos de carga, tiempos de navegación y dinámica del comercio exterior.
La hidrovía es, en apariencia, una obra de infraestructura. Pero en la práctica funciona como la autopista por la que circulan los dólares de la economía argentina. Y por eso, mientras las empresas discuten quién manejará las dragas, dentro del Gobierno se libra otra disputa más silenciosa: qué sector del poder termina administrando uno de los nodos estratégicos del negocio exportador argentino.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
