En Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por la Gobernadora Arabela Carreras en Casa de Gobierno, oportunidad en la que repasaron las obras y las iniciativas que se llevan adelante entre la Provincia y el Municipio y los proyectos en carpeta.
De esta manera, el Intendente y la Gobernadora dieron continuidad al diálogo que mantienen permanentemente, tanto en cada visita de Carreras a la ciudad como telefónicamente.
Tras el encuentro, Orazi manifestó que “hicimos un repaso del avance de las obras que se ejecutan en la ciudad, como la remodelación de calle Libertad, que está en un 90%, el plan director de desagües cloacales y los trabajos que se llevan adelante en el hospital local, que ahora se centran en el sector de internación, y que consisten en la ampliación de la red de gases medicinales, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de bocas de oxígeno, aire comprimido y vacío en camas”.
“La situación epidemiológica de la ciudad en relación al COVID-19 también fue parte de la conversación, y en este sentido, las tareas en el hospital local fortalecerán la atención de pacientes moderados y críticos en este contexto”, dijo Orazi.
Manifestó también que “dialogamos sobre los proyectos que desde la gestión municipal hemos presentado ante el gobierno provincial y Nación”.
“Siempre le agradezco a la Gobernadora y a todo su gabinete por el trato que tienen para con Villa Regina y por las respuestas brindadas ante cada requerimiento que hacemos tanto yo como mi equipo de trabajo”, finalizó Orazi.
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Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.
Por Roque Pérez para NLI
La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.
Delegar para ajustar sin costo político
El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.
Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.
La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa
Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.
El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.
Más poder para sancionar, menos control político
Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.
No se trata solo de eficiencia: se trata de control.
Decisiones legales sin pasar por arriba
La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.
Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.
El ajuste que no se discute
La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.
Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.
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