Personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo podrán inscribirse para vacunarse

Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.

Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».

Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.

El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.

Córdoba perdió 11 mil empleos privados en dos años y se resiente la matriz productiva

Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.

La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.

La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo

En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.

Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.

En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».

La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.

El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.

El reemplazante de Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Agustín Neme, pretende instaurar el cobro de la tasa de alumbrado público en las boletas de luz, algo que choca directo con Luis «Toto» Caputo, que intentó prohibir ese mecanismo.

Aliado del Gobierno, Neme se reservó la presentación del presupuesto y la fiscal-impositiva para después de la visita de Javier Milei a la ciudad. El fin era evitar que algunas subas de tasas en discusión con los libertarios tensionen ese desembarco.

Superada la visita presidencial, el municipio dio a conocer su pretensión de cobrar el alumbrado público en la factura de la distribuidora EDEA. El objetivo es alcanzar una recaudación superior al 90% a través de «un mecanismo de liquidación y recaudación ágil y sumamente efectivo», según se desprendió del proyecto del Ejecutivo local.

El movimiento del intendente interino sorprendió en sectores del Gobierno que ya venían cuestionando a Montenegro por el cobro de la tasa vial a la carga de combustible, otro tributo objetado en el Ministerio de Economía.

Caputo truchó una factura de luz para justificar una medida contra los intendentes

El rechazo al cobro del alumbrado público en la boleta de luz fue la primera pelea fuerte que Caputo tuvo con los intendentes peronistas del conurbano, guerra que el ministro llevó al límite de sacar una resolución prohibiendo ese mecanismo, en 2024.

Pero los intendentes del peronismo judicializaron la medida, advirtiendo que estaba en riesgo el sistema de alumbrado público de sus comunas. Poco después, la Justicia le dio la razón a los jefes comunales.

Ahora, Neme pretende que este nuevo sistema garantice una cobrabilidad plena de sumas que van de los 1.000 a los 6.700 pesos.

 Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada. 

«Esta medida encarece la boleta eléctrica para numerosos hogares. Además, expone a los vecinos a futuros tarifazos», alertaron en el bloque de concejales de Unión por la Patria, donde también acusaron a Neme de esconder «un aumento real del 37% en la Tasa de Servicios Urbanos, al que se le suma una cláusula gatillo por inflación».

«Todo esto ocurre mientras el gobierno sostiene la tasa vial más cara de la provincia de Buenos Aires. Y ese esfuerzo no se traslada a mejoras en las calles: siguen llenas de baches», agregaron los concejales del kirchnerismo.

Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada.

Como sea, Neme pretende tener aprobado el presupuesto y la fiscal-impositiva antes de su primera apertura de sesiones, a principios de marzo, por lo que se espera que estos proyectos, que comenzarán a discutirse en comisiones este miércoles, lleguen al recinto para su votación a finales de febrero.