«LA CASA REFUGIO ¨SOMOS RESILIENTES¨ YA ES UNA REALIDAD»

Se inauguró en Villa Regina el Refugio SOMOS RESILIENTES para mujeres que sufren violencia de género. El grupo de trabajo comunitario y social que lleva adelante la iniciativa está conformado íntegramente por vecinxs reginenses que brindan su tiempo y sus herramientas ad honorem en pos de ofrecer un espacio y una salida a las mujeres que sufren violencia de género. El grupo cuenta en su conformación con profesionales de distintas disciplinas para articular interdisciplinarmente los procesos necesarios para ayudar a mujeres en estado de vulnerabilidad.

El Refugio cuenta con tres líneas telefónicas atendidas por profesionales y ya tienen a disposición la “Casa Refugio” para dar asilo a mujeres e hijxs que estén sufriendo situaciones de violencia de género. A su vez se está tramitando la personería jurídica y en reuniones próximas se determinarán los cargos a ocupar en la futura asociación.

Puntos de contacto telefónico

 Cabe destacar también, que al lado de dicha casa que dará asilo a quien lo necesite hay otra vivienda que será ocupada por una pareja constituida por una enfermera  y un policía que sin abonar alquiler prestarán colaboración con cuestiones de seguridad en contrapartida.

«ESTAMOS ABIERTOS A ESTABLECER LAZOS CON TODOS LOS ENTES QUE SEAN NECESARIOS»

Para conocer más sobre el proyecto comunitario SOMOS RESILIENTES dialogamos con una de sus integrantes, Carla Riffo es profesora de Educación Física, es parte del equipo de trabajo y nos cuenta que el proyecto surgió por la necesidad de contar con un lugar para albergar a mujeres que sufren violencia de género. Explica Riffo que “teniendo en cuenta que hubo una gran parte de la comunidad reginense desde hace años que vienen pidiendo a las autoridades municipales que exista un lugar destinado a refugiar a estas mujeres que son violentadas, y no encontrando nunca una respuesta afirmativa se decide juntarnos en un grupo de vecinos y crear este refugio”. En menos de un trimestre este grupo comunitario ya concretó el proyecto.

Audio 1 Prof Carla Riffo

La agrupación ya cuenta con tres líneas telefónicas a cargo de psicólogas y psicólogas sociales del grupo para atender las llamadas, “ellas determinan si hay que darle intervención a la asistente social del grupo o solicitar apoyo legal a las abogadas del equipo de trabajo. Cuando surja la necesidad de alojarlas en el refugio, también se les brindarán talleres dictados por personas del equipo” explica Riffo. Además entre lxs profesionales hay: psicólogas, psicólogas sociales, abogadas, docentes, cheff; y hasta el momento el grupo de trabajo cuenta con, por lo menos, 30 personas.

Audio 2 Prof Carla Riffo

La cuestión legal no es un tema menor en este tipo de proyectos, respecto a esto Carla explica: “La personería está en trámite, sabemos que todo es un proceso y que hay pasos a seguir y tiempos que cumplir por lo tanto nosotros NO vamos a esperar a tener la personería jurídica para aceptar mujeres que están viviendo situaciones de violencia de género. La casa ya está habilitada”.

Audio 3 Prof Carla Riffo

“Nos ponemos a disposición del municipio o de cualquier institución que necesite el refugio para alojar a mujeres que estén pasando por esta situación. Estamos abiertos a establecer lazos con todos los entes que sean necesarios. El Refugio SOMOS RESILIENTES ya es una realidad, se mantuvo conversaciones con la asociación MU.GE.RES haciéndole saber que el refugio está a disposición ya que muchas mujeres se acercan a esa agrupación. Sabemos que hay otrxs grupxs y asociaciones que ayudan a estas mujeres que sufren violencia de género haciendo un trabajo realmente increíble y estamos dispuestos a establecer lazos porque nuestro único fin es ayudar a mujeres que están pasando por una situación de violencia”, y agrega Riffo “agradecemos a cada persona que colaboró con nosotros para que el refugio hoy sea una realidad”.

Audio 4 Prof Carla Riffo

CAMPAÑA SOCIOS PROTECTORES

La profesora Carla Riffo nos confirma que ya se inició la campaña de Socios Protectores que deberán abonar $100 por mes o más si lo desean, “en pocos días tenemos más de 100 socios, esto ayuda a solventar el pago del alquiler y los gastos diarios”.

Pueden comunicarse para colaborar con la Casa Refugio comunicándose al facebook «SOMOS RESILIENTES»

LA ORDENANZA «CASA DE ABORDAJE INTEGRAL PARA MUJERES, INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS» ESTÁ VIGENTE

Villa Regina cuenta con una ordenanza que data de abril del 2013, una normativa que expresa que nuestra ciudad debe disponer de hogares o refugios transitorios para mujeres que sufren violencia de género.

Esta Ord 23/13 fue sancionada y como muchas otras, no contó con la voluntad política de efectivizarla en su momento y años posteriores hasta que a fines del año pasado fue retomada y trabajada conjuntamente entre concejalas y organizaciones feministas para derogarla y modificar determinados artículos aggiornándola a los tiempos actuales. En su momento fue denominada como “Casa Refugio de la Mujer”, ahora “Casa de Abordaje Integral para mujeres, infancias y adolescencias”.

Respecto a esto Claudia Maidana concejal de JSRN expresa: “En Regina nunca se tuvo la voluntad política de efectivizar una ordenanza anterior que está desde el año 2015, y que ahora fue modificada en el año 2020. No se pudo llevar a cabo en su momento y que ahora se esté trabajando fuertemente en esto es un gran paso”.

Dicha derogación de esta ordenanza (ahora 13/21) fue aprobada por unanimidad en enero de este año y la norma ya está en vigencia. El órgano ejecutor es el Área de Desarrollo Social y por el momento analiza variables en cuanto al inmueble donde se alojarían quienes sufren violencia de género. Una posibilidad que se baraja es la casa donde hoy se encuentra el “Hogar La Esperanza” para mayores adultos.

Consultada Claudia Maidana sobre la situación de la Ord dijo: “Se está trabajando para ver como efectivizarla, el órgano de la Ord es el área de Desarrollo Social, hay algunas alternativas que se están evaluando y se está trabajando sobre eso para que pueda efectivizarse el espacio físico donde funcione la casa. Una de las posibilidades, cuando consulté a Desarrollo Social para ver cómo estaba marchando las gestiones e instrumentaciones ya que trato de seguirlo de cerca, me planteaban que una de las posibilidades era la casa donde funciona el Hogar la Esperanza siempre y cuando no tuvieran adultos mayores en ese espacio, por eso estaba en evaluación”

Respecto a la Casa Refugio Somos Resilientes Maidana expresa: “me alegra muchísimo que pueda haber un espacio en Regina que fue generado a través de grupos de la comunidad porque eso permite visibilizar esta preocupación sobre esta temática, por lo tanto que esté este lugar me pone muy contenta (…) que se esté efectivizando en estos tiempos tan complejos me parece que como comunidad hay que resaltarlo, felicito y agradezco por sobre todas las cosas este trabajo que ha realizado este grupo como también rescató y resalto los esfuerzos que está haciendo Desarrollo Social para que haya una casas de abordaje integral que surja desde el orden del Estado municipal”.

Audio Claudia Maidana
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    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

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    El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.

    Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.

    El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.

    La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.

    De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.

    «Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.

    Funcionarios de Toto Caputo, tuiteros y diputados libertarios, beneficiados con créditos millonarios del Banco Nación

    Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».

    La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».

     

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