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Alcances del Decreto Nacional

La Municipalidad de Villa Regina informa las medidas que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional 334/2021 firmado por el Presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la ciudad está incluida dentro del Departamento General Roca, considerado de ALARMA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA.

Las mismas regirán desde el 22 al 30 de mayo inclusive, y los días 5 y 6 de junio. Vale aclarar que las restricciones y los alcances del DNU son de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, lo que deja sin facultad al Municipio de flexibilizar algunas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

Lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia es lo siguiente:

❌ ACTIVIDADES ECONOMICAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RELIGIOSAS, EDUCATIVAS, TURÍSTICAS, RECREATIVAS Y SOCIALES: Sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.

❌ PERMANENCIA EN DOMICILIOS: Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios. 

❌ SALIDAS DE ESPARCIMIENTO: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

❌ ACTIVIDADES RECREATIVAS: no se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.

❌ CIRCULACION: No se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

❌ PROHIBICION DE CIRCULACION: Desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.

❌GASTRONOMIA: Sólo mediante delivery y take away.

❌ TRANSPORTE PUBLICO: Quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades (1) , los casos especiales, atención de salud y vacunación.

❌ PERMISOS: Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular (1) y (2), deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a circular. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

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     Una causa judicial que investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo bajo control estatal generó un escándalo institucional en San Luis y salpica a funcionarios de Claudio Poggi. El gobierno reconocen desprolijidades administrativas, pero negaron la existencia de un desfalco millonario.

    La historia del campo de dos mil hectáreas es larga. Ese predio es propiedad de la provincia de San Luis y años atrás fue cedido a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretó. En 2017 se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron.

    En ese lapso, los accionistas del Caburé lo siguieron explotando mediante contratos de alquiler y con la llegada de Poggi al gobierno se avanzó en la recuperación efectiva del predio. 

    Desde la administración provincial resaltaron que no hubo una expropiación, sino la recuperación de un bien propio frente al incumplimiento de un privado. Laa toma de posesión quedó a cargo de la Secretaría de Ética Pública a través del funcionario Darío Oviedo.

    Mientras esto sucedía, productores detectaron la existencia de una cosecha en curso. Oviedo se ocupó de la recolección y la venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes y allí se desencadenó el escándalo.  Desde el gobierno de Poggi admitieron a LPO las desprolijidades administrativas pero negaron el robo.

     La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó 

    «La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes. Esa irregularidad derivó en el desplazamiento inmediato de Oviedo y en una denuncia penal en su contra impulsada por el propio Estado.

    Sin embargo, productores agropecuarios que denunciaron la maniobra apuntaron más arriba y señalaron al responsable de Oviedo, el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla y el fiscal Leandro Estrada lo imputó. Ante esto, Bazla renunció.

     Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

    Como los funcionarios tampoco pueden alegar desconocer los procedimientos, la causa avanzó y Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

    Entre los productores aseguran que la ganancia que presuntamente obtuvieron los funcionarios por la venta del maíz ronda los 2 millones de dólares. En el gobierno de Poggi niegan ese monto y dicen que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha y citan la declaración del contratista a cargo del trabajo. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.

     

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