El programa Pro Huerta que la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante junto al INTA permite que unas 600 familias puedan producir sus propios alimentos, garantizando el autoabastecimiento y una alimentación saludable.
Viviana Aedo está a cargo de la implementación del programa a nivel municipal y explicó que “en Villa Regina venimos trabajando desde 1992, siempre con mucho éxito y buena recepción, que se ha incrementado aún más en este marco de pandemia”.
El programa contempla la entrega de semillas dos veces al año (primavera-verano y otoño-invierno) y también la capacitación y asesoramiento a los beneficiarios.
“Tenemos alrededor de 600 huerteros y con la pandemia se ha incrementado la cantidad, con muchas devoluciones positivas ya que nos cuentan que tener su propia huerta ha sido de mucho beneficio”, manifestó Aedo.
Precisó que “el programa apunta a que las familias puedan recibir educación alimentaria y que puedan autoabastecerse e incluso vender sus productos en las ferias”.
De esta manera, durante estos años el Pro Huerta se ha constituido en una herramienta que garantiza el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.
En Villa Regina la entrega de las semillas se coordina entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y la Agencia local del INTA.
El abogado defensor de Miguel Calvete, el lobista de las droguerías detenido por el caso de las coimas de la Andis que sacude al gobierno de Javier Milei, es funcionario y tiene rango de director en la Oficina Anticorrupción.
La Nación reveló que el abogado Camilo Cordero Fabbrise presentó en el allanamiento que le hicieron a Calvete en su casona de Defensa al 1400, como parte de la investigación judicial de las coimas.
Cordero Fabri es coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción, que depende del ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
De acuerdo a La Nación, en un papel pegado en la cocina de la casa desde donde operaba Calvete, había instrucciones precisas para cuando tuviera problemas judiciales: «Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz: ACÁ NO ES», dice el papel. Muñoz es la pareja de Calvete.
Cordero Fabbri apareció durante el operativo y preguntó qué estaba pasando. El abogado no se presentó como defensor de Calvete en el expediente de Andis, pero sí lo hizo en la causa en la que el empresario fue condenado como explotador «de la prostitución ajena», el caso por el que está preso en la cárcel de Ezeiza.
El del abogado es uno de los nombres que aparecen en la lista «Tuco» que la Justicia le secuestró a Calvete. Algunos de los nombrados en esa lista eran funcionarios del gobierno y tuvieron que renunciar, como fue el caso de Ornella y Susana Calvete, hija y hermana, respectivamente, del lobista. También tuvo que irse del ministerio de Economía Javier Cardini, número dos de Industria y pareja de Ornella Calvete. En el domicilio que compartían la Justicia encontró 700 mil dólares.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, miembros del Tribunal Oral Federal N°7, abrieron este jueves el juicio por los cuadernos de las coimas, una causa instruida por el fiscal Carlos Stornelli desde 2017.
La investigación comenzó con la revelación del diario La Nación sobre las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno, el remisero del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la descripción del itinerario que hacía para recoger coimas que transportaba en su vehículo a destinos vinculados a funcionarios kirchneristas.
En el proceso, Centeno confesó que había prendido fuego la prueba en una parrilla pero la causa siguió adelante a partir de peritajes sobre fotocopias del presunto material original. Por su parte, la defensa de la expresidenta impugnó esas validaciones de la fiscalía, sin éxito.
Los magistrados iniciaron la lectura de las imputaciones, una instancia que se extenderá casi hasta la feria judicial. Según fuentes de la causa, el juicio demandará al menos tres años hasta que llegue el momento de la sentencia.
Sin embargo, el arranque acreditó alto impacto en Tribunales. «Es el primer megajuicio argentino contra decenas de empresarios», dijeron a LPO, antes de mencionar a los ex funcionarios del gobierno de Cristina.
En la lista de gerentes y dueños de firmas alcanzadas por la investigación de 204 hechos de cohecho, figuraron desde Ángelo Calcaterra, primo y socio del ex presidente Mauricio Macri; Carlos Wagner, poderoso ex presidente de la Cámara de la Construcción; el cordobés Aldo Benito Roggio, otra figura central del establishment argentino y Luis Betnaza, histórico operador del Grupo Techint y amigo personal de su dueño, Paolo Rocca.
La causa es un escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’. Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei.
En la mirada conspirativa del kirchnerismo, la causa tiene un sugestivo paralelo con el escándalo de Odebretch de Brasil, donde se sospechó que lobbistas norteamericanos querían barrer del negocio de la obra pública a la burguesía brasileña.
Por esa razón, una fuente judicial le dijo a LPO que «muchos empresarios metidos en este juicio no pueden tener ni Mercado Pago, quedan con interdicciones. Y si esos competidores no existen, ¿detengo la construcción del gasoducto?».
Pero lo cierto es que esto no sucede en la realidad. De hecho, Roggio ha ganado recientemente licitaciones de juego online en Córdoba y Cartellone, otro de los imputados, acaba de alzarse con la primera licitación de un corredor vial de la era Milei, nada menos que la Ruta del Mercosur.
Me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y denunciar algo, involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso.
Como sea, Cristina recordó en su tuit las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, durante una entrevista radial que le concedió a Luis Novaresio en 2018, cuando era abogado defensor del empresario Sergio Taselli, detenido por esta causa.
En su mensaje, la expresidenta afirmó que la causa es un «escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados'». «Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei», completó.
Cúneo Libarona había dicho: «Me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y denunciar algo, involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso». Ante esa frase, Novaresio preguntó si Taselli, su defendido, se iba a presentar como colaborador imputado pero el ministro respondió: «No, salvo que quede preso. Entonces va a tener que inventar algo y confesar, involucrar a alguno».
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