Durante los tres días de promociones del Hot Sale 2021, San Carlos de Bariloche se ubicó como el destino nacional más elegido, generando buenas expectativas para lo que será la venidera temporada invernal.
Los resultados arrojados exponen que la intención por viajar se mantiene firme y las promociones, que incluyeron cuotas sin interés y vuelos y paquetes flexibles, ubicaron a la localidad andina como el primer destino más buscado por los turistas, seguido por Mendoza, Salta y El Calafate.
La subsecretaria de Turismo, Cecilia Caldelari, señaló que “esto es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia promocionando los distintos destinos rionegrinos. Además, nos da una perspectiva y visión de la demanda que puede haber para la próxima temporada. Claramente la gente busca y sigue eligiendo las actividades de nieve en los destinos de la cordillera”.
En el mismo sentido, la funcionaria ponderó que “estos eventos no solo muestran el interés de los visitantes sino también el compromiso de las agencias de viajes y OTA´s en seguir ofreciendo los productos y destinos de nuestra provincia”.
Cabe señalar, que en el marco de las acciones y gestiones constantes que realiza la provincia, la ministra de Turismo y Deporte de Río Negro, Martha Vélez, participó días atrás, del encuentro virtual del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, en el que autoridades patagónicas delinearon acciones a realizar en conjunto con el objetivo de incentivar la demanda del turismo.
Por otro parte, el trabajo de promocionar a Bariloche se encuentra a cargo del EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística), que recibe aportes del Gobierno de la provincia a través de la Ley de Promoción Turística. Este organismo potencia las acciones conjuntas del sector público y privado para seguir posicionando estratégicamente a este sobresaliente destino rionegrino.
Desde la cartera de Turismo provincial, el trabajo y las expectativas apuntan a una buena temporada de invierno y a que los destinos de la provincia vuelvan a ser elegidos por los y las visitantes, tal como sucedió durante el verano y en el marco de Semana Santa.
Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La trama oculta del “subsidio a los ricos”
El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.
Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.
Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal
Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.
En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.
El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.
La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.
Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida
Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.
En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.
La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.
El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.
El negocio financiero y la arquitectura del privilegio
El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.
En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.
Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.
El Estado como garante de la desigualdad
Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.
En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.
La ilusión del sacrificio compartido
El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.
Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.
Un modelo con beneficiarios definidos
Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.
Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.
La discusión de fondo
La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.
La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.
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