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Orazi recibió al Intendente de Bariloche Gustavo Gennuso

El Intendente Marcelo Orazi recibió en la tarde del jueves a su par de San Carlos de Bariloche Gustavo Gennuso, quien se encuentra en la región promocionando la Fiesta del Chocolate que se desarrollará en esa ciudad del 1 al 4 de abril.

Durante el encuentro que tuvo lugar en la sala de conferencias de la Municipalidad los jefes comunales intercambiaron miradas y experiencias de ambas gestiones municipales, además de compartir temas comunes en las agendas de trabajo.

“Fue muy grato escuchar a un colega Intendente que transita su segundo mandato al frente del Municipio de una de las ciudades más importantes de Río Negro”, manifestó Orazi.

Sobre la Fiesta del Chocolate, Gennuso indicó que “es una de las fiestas tradicionales de Bariloche, en la que la ciudad se pone alrededor de una de las profesiones que tiene que es el hacer chocolate”.

“Este año la tuvimos que cambiar porque es una fiesta con mucha aglomeración de gente, la hemos llevado a modo seguro, la hemos cambiado totalmente pero siempre en tono de fiesta. En esta época de pandemia, cuando decimos fiesta en Bariloche decimos que estamos vivos, acá estamos, haciendo lo que sabemos hacer. Los esperamos”, dijo finalmente Gennuso.

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  • Llaryora avisa que está cerca del «precipicio» por la suspensión de fondos nacionales para pagar las jubilaciones

     

    La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.

    El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.

    El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.

    Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.

    En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».

    Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.

    Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».

    Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.

    En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.

    A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.

     

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    En silencio, se publicó la Resolución que lleva al Ministerio de Seguridad a convertirse en «El Gran Hermano»

     

    Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

    Por Roque Pérez para NLI

    El backend del control

    La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

    El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

    De la excepción a la rutina

    El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

    Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

    Sin contrapesos democráticos

    Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

    En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

    El Gran Hermano del siglo XXI

    No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

    La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.

     

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