Más de 15 chicos del barrio asistieron al ‘Coloreando mi Ciudad’ que en esta ocasión se realizó en la Plaza del Comahue de las 201 Viviendas.
En un recorrido por ese espacio, la guía les contó sobre la historia de los primeros colonos y la construcción del Dique Ingeniero Ballester, entre otros temas. Al finalizar los participantes plasmaron lo aprendido en papel.
En forma conjunta con la Oficina de Juntas Vecinales, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina tiene programada la misma actividad para barrio Santa Rita el próximo jueves 4 de marzo de 18 a 20 horas, en lugar a confirmar.
En tanto, el jueves 11 de marzo el Coloreando se desarrollará en la Plaza de la Paz de barrio El Sauce a las 10 horas, que se organizará junto al CDI.
Con la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ingeniero Huergo y la participación de un importante número de ciclistas, este domingo se llevó adelante el Rally Aniversario «Desafío A las Salinas». La competencia de Mountain Bike que recorre una exigente distancia (48 kilómetros) por caminos en zona de bardas contó con…
El escándalo que bordea al legislador del peronismo cordobés Ramón «Cañito» Flores desencadenó un nuevo capítulo en la fricción entre el PJ y la vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto. Con cruces por responsabilidades administrativas que se disparan de un lado y del otro, pases de facturas y una oposición agazapada que aguarda la sesión de este miércoles para dar la estocada en el corazón del oficialismo.
Todo arrancó hace un par de semanas con la detención de una persona que, hasta hace poco era asesor de Flores, el legislador del departamento Río Seco. Sin embargo, en ese momento nadie en la Unicameral cordobesa quería pensar que el arresto de José Villarreal derivaría en un escándalo que abrió nuevas heridas similares a las del episodio Bondiola, el capítulo con Guillermo Kraisman, el puntero del peronismo cordobés que terminó detenido por robar bondiola de un supermercado. Liberado y arrestado meses más tarde por pretender cobrar el sueldo con el DNI de una mujer que, después se supo, era parte de la Legislatura y terminó sindicada como la empleada fantasma. Similitudes con el caso Chocolate de la Legislatura bonaerense.
Este episodio es peor. Los detenidos del entorno de Flores están acusados de abuso sexual en perjuicio de cuatro adolescentes, algunas de las cuales les hicieron colocar un chip anticonceptivo y que derivó en una compleja causa que investiga la fiscal Analía Cepede.
Acorralado, el futuro de Flores se definirá en las próximas horas. Porque el pedido de licencia que hizo aun no fue tratado en el recinto y si avanza con esa intención, la discusión se podría dar en la sesión de este miércoles; con una oposición que irá a la carga y donde algunos bloques, como el radicalismo y Encuentro Vecinal no ven otra salida que la expulsión del legislador del PJ.
En el peronismo no descartan una ‘invitación’ a renunciar. De la misma forma que se hizo con el ahora ex concejal Ricardo Moreno, abogado de Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega.
Sin embargo, el lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés. Sino que el contexto le empantanó la Legislatura al cordobesismo que debía avanzar en el tratamiento del pliego del sucesor de la jueza electoral Marta Vidal.
El lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés
Donde, cuyo concurso, tuvo como ganador a Guillermo Arias, quien hasta ahora se desempeña como secretario legislativo en la Unicameral y es parte del microclima que vio conmocionado en las últimas semanas. Es decir, en medio de esta tensión debe estar expectante sobre la definición de su futuro, porque la licencia que pidió Vidal vence el domingo próximo y el recinto tiene que debatir el pliego de Arias para convalidar esa sucesión.
A semanas de la elección en Marcos Juárez que tendrá el estreno del nuevo juez electoral.
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Controvertido punto de placer que hoy se sitúa en el cuerpo argentino. Realizamos un paralelismo entre el encuentro de los principales mandatarios del mundo (G20) y el punto G. Para ello, utilizamos una brújula imaginaria para identificar lo que pasamos a llamar: » los cuatro puntos gardinales «. El norte de lo Global, el oeste…
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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