Continúan abiertas las preinscripciones para la Escuela de Arte Popular

Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

Seis casos, un mismo libreto

En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

Siempre antes, nunca después

El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

La responsabilidad que no prescribe

La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

Se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Mediante el Decreto 24/2026, Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En el temario aparece como prioridad la llamada “Modernización Laboral”, una iniciativa que apunta a recortar derechos históricos de las y los trabajadores bajo el eufemismo de la competitividad y que el Gobierno intenta aprobar con el menor debate posible.

El decreto firmado por Milei y Manuel Adorni formaliza la convocatoria al Honorable Congreso de la Nación en pleno receso estival. No se trata de una urgencia institucional ni de una crisis imprevista: el objetivo político es claro y está explicitado en el Anexo I, donde la reforma laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda oficialista.

La convocatoria se extiende del 2 al 27 de febrero, un período acotado que reduce los márgenes de discusión pública y parlamentaria. En ese marco, el Ejecutivo busca acelerar proyectos sensibles que no logró imponer durante el período ordinario, entre ellos el proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado como mensaje 35/25.

Una reforma laboral para disciplinar al trabajo

Detrás del rótulo de “modernización”, el proyecto laboral de Milei retoma los lineamientos clásicos del ajuste estructural: flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de costos empresariales a expensas de la estabilidad y los ingresos de los trabajadores.

La iniciativa no surge del diálogo social ni del consenso con las organizaciones sindicales. Por el contrario, responde a las exigencias de los grandes grupos económicos y a la agenda del capital financiero, que desde hace décadas presiona para “abaratar” el trabajo en la Argentina.

La inclusión de este proyecto en el temario de extraordinarias confirma que el Gobierno considera a los derechos laborales como un obstáculo y no como una conquista social. La estrategia es avanzar rápido, con el Congreso funcionando a media máquina y con la atención pública dispersa en pleno verano.

El Congreso como escribanía del ajuste

La convocatoria a extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto, como la adecuación de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Unión Europea–Mercosur. Sin embargo, la reforma laboral aparece como el núcleo duro del programa de Milei, una pieza clave de su ofensiva contra el mundo del trabajo.

Al fijar un temario cerrado, el Ejecutivo condiciona el debate parlamentario y presiona a las bancadas para alinearse o quedar expuestas como “obstructoras”. Es el mismo esquema de imposición que Milei intentó desde el primer día de su gestión, ahora reciclado bajo la forma institucional de un decreto de convocatoria.

La designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador también figura en la agenda, pero funciona más como distracción política que como prioridad real. El verdadero interés del Gobierno está puesto en reconfigurar las relaciones laborales para consolidar un modelo de salarios bajos, empleo precario y sindicatos debilitados.

Febrero caliente y resistencia social

La reforma laboral no es un tema técnico ni administrativo: afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, la decisión de discutirla en sesiones extraordinarias anticipa un febrero de fuerte tensión política y social.

Mientras Milei insiste en presentar el ajuste como inevitable, crece el rechazo de los sectores sindicales y sociales que advierten que detrás de la “modernización” se esconde un retroceso histórico en materia de derechos laborales. El Congreso tendrá la responsabilidad de decidir si actúa como caja de resonancia del ajuste o como ámbito de representación popular.

Lo que está en juego no es una ley más, sino el modelo de país. Y el Gobierno de Milei ya dejó claro de qué lado está.