Sesiones extraordinarias: Milei las convocó para febrero incluyendo una reforma laboral hecha a medida del ajuste
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Sesiones extraordinarias: Milei las convocó para febrero incluyendo una reforma laboral hecha a medida del ajuste

 

Se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Mediante el Decreto 24/2026, Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En el temario aparece como prioridad la llamada “Modernización Laboral”, una iniciativa que apunta a recortar derechos históricos de las y los trabajadores bajo el eufemismo de la competitividad y que el Gobierno intenta aprobar con el menor debate posible.

El decreto firmado por Milei y Manuel Adorni formaliza la convocatoria al Honorable Congreso de la Nación en pleno receso estival. No se trata de una urgencia institucional ni de una crisis imprevista: el objetivo político es claro y está explicitado en el Anexo I, donde la reforma laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda oficialista.

La convocatoria se extiende del 2 al 27 de febrero, un período acotado que reduce los márgenes de discusión pública y parlamentaria. En ese marco, el Ejecutivo busca acelerar proyectos sensibles que no logró imponer durante el período ordinario, entre ellos el proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado como mensaje 35/25.

Una reforma laboral para disciplinar al trabajo

Detrás del rótulo de “modernización”, el proyecto laboral de Milei retoma los lineamientos clásicos del ajuste estructural: flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de costos empresariales a expensas de la estabilidad y los ingresos de los trabajadores.

La iniciativa no surge del diálogo social ni del consenso con las organizaciones sindicales. Por el contrario, responde a las exigencias de los grandes grupos económicos y a la agenda del capital financiero, que desde hace décadas presiona para “abaratar” el trabajo en la Argentina.

La inclusión de este proyecto en el temario de extraordinarias confirma que el Gobierno considera a los derechos laborales como un obstáculo y no como una conquista social. La estrategia es avanzar rápido, con el Congreso funcionando a media máquina y con la atención pública dispersa en pleno verano.

El Congreso como escribanía del ajuste

La convocatoria a extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto, como la adecuación de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Unión Europea–Mercosur. Sin embargo, la reforma laboral aparece como el núcleo duro del programa de Milei, una pieza clave de su ofensiva contra el mundo del trabajo.

Al fijar un temario cerrado, el Ejecutivo condiciona el debate parlamentario y presiona a las bancadas para alinearse o quedar expuestas como “obstructoras”. Es el mismo esquema de imposición que Milei intentó desde el primer día de su gestión, ahora reciclado bajo la forma institucional de un decreto de convocatoria.

La designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador también figura en la agenda, pero funciona más como distracción política que como prioridad real. El verdadero interés del Gobierno está puesto en reconfigurar las relaciones laborales para consolidar un modelo de salarios bajos, empleo precario y sindicatos debilitados.

Febrero caliente y resistencia social

La reforma laboral no es un tema técnico ni administrativo: afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, la decisión de discutirla en sesiones extraordinarias anticipa un febrero de fuerte tensión política y social.

Mientras Milei insiste en presentar el ajuste como inevitable, crece el rechazo de los sectores sindicales y sociales que advierten que detrás de la “modernización” se esconde un retroceso histórico en materia de derechos laborales. El Congreso tendrá la responsabilidad de decidir si actúa como caja de resonancia del ajuste o como ámbito de representación popular.

Lo que está en juego no es una ley más, sino el modelo de país. Y el Gobierno de Milei ya dejó claro de qué lado está.

 

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    La senadora Carolina Moisés le avisó a José Mayans que se va del interbloque Justicialista, liderado por el formoseño e integrado por la bancada del peronismo cristinista, la de Convicción Federal y los santiagueños del Frente Cívico, después que los interventores del PJ en Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, le notificaron su suspensión como afiliada partidaria.

    La medida disciplinaria se fundó en que la legisladora compitió por fuera de la lista oficial del justicialismo en las elecciones provinciales de mayo pasado, una decisión que tomó en medio de su disputa contra la por entonces diputada y referente de La Cámpora en su provincia, Leila Chaher.

    Pero, además, los interventores justificaron la decisión en los considerandos de la resolución por el voto de Moisés a favor del RIGI cuando se discutió en el Senado la Ley Bases, el 12 de junio de 2024, y su voto por la afirmativa para la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo los artículos que ajustaron sobre las partidas de Educación, Defensa, Ciencia y Tecnología.

    Además de Moisés, Fernández y Menéndez suspendieron a otros 300 afiliados por «inconducta partidaria». La denuncia fue promovida por Chaher, en una maniobra que sus adversarios juzgan como una «purga»: «El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional», le dijo la senadora a LPO.

    El voto de la senadora Moisés a favor del presupuesto y el ajuste en educación reavivó la interna peronista

    Con el portazo de Moisés, el interbloque de Mayans no solo podría perder una banca. La jujeña podría arrastrar al menos a otros tres miembros de Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, con terminal en Osvaldo Jaldo, y el puntano Fernando Salino, hombre de Alberto Rodríguez Saá. Es una incógnita lo que haría el riojano Fernando Rejal, quien se identifica con el gobernador Ricardo Quintela.

    De todas formas, los cuatro senadores que integran el bloque junto a Moisés recién tomarían su decisión tras una reunión con ella, prevista para el próximo martes. En el peor de los casos para el formoseño, el interbloque Justicialista pasaría de 28 a 23 miembros, una sangría importante que dejaría al peronismo con un piso dramáticamente bajo, sin chances siquiera de garantizarse capacidad de bloqueo para leyes que requieran dos tercios de los 72 miembros totales de la cámara.

    La defensa del federalismo y de los intereses de nuestras provincias son el mandato que me dieron los jujeños. Junto a los gobernadores @RaulJalil_ok @GustavoSaenzOk y @OsvaldoJaldo trabajamos en una agenda para sacar adelante nuestro norte argentino.Minería, inversiones,… pic.twitter.com/UefJ0pNE6f

    — Carolina Moises (@CarolinaMoises) January 29, 2026

    Como informó LPO, la intervención del PJ fue solicitada en 2023 por la propia Moisés para destronar a Rubén Rivarola, socio político de Gerardo Morales y por entonces jefe de la bancada peronista en la Legislatura jujeña. Con sus votos, el exgobernador radical logró la reforma constitucional que hundió la provincia en una rebelión total, con pueblos originarios y trabajadores estatales cortando rutas y copando las calles de San Salvador.

    En las PASO de aquel año Moisés y Chaher compitieron bajo el sello de UP y las diferencias entre ambas se agudizaron. Desde el entorno de la dirigenta camporista comentaron a LPO que, hacia principios de 2024, apoyaban a Moisés para liderar el partido pero su mirada cambió cuando la senadora apoyó el régimen de inversiones promovido por Javier Milei.

    El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional.

    La confrontación escaló a medida que un sector del peronismo empezaba a distanciarse o marcar diferencias cada vez más abiertas con el cristinismo, un proceso que se cristalizaba a través de las tensiones al interior de los bloques de UP en el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando Cristina decidió ir por la conducción del PJ a nivel nacional, la pelea se profundizó y, pese a que la expresidenta habría tratado hasta inicios del 2025 que Moisés y Chaher llegaran a un acuerdo para que se turnaran en la presidencia del PJ jujeño, ninguna de las dos quería ceder el cetro en primer lugar.

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