‘100% lobo’, la propuesta del ‘Cine en mi barrio’

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Martín Llaryora y Daniel Passerini entran en 2026 con una certeza incómoda: si el peronismo no logra mostrar gestión, el proyecto provincial podría empezar a crujir en el año previo a la elección de 2027. Por su fragilidad financiera, en parte por la herencia que recibió Passerini al suceder a Llaryora, y por «funcionarios que no funcionan», la capital cordobesa aparece como el eslabón más frágil del esquema cordobesista, aunque claro que no es el único.

Para revertir esta situación, confiaron en el peronismo provincial, habrá tres grandes apuestas durante este año: se habilitarán tres majestuosas obras viales en la ciudad; se apostará al mantenimiento de alumbrado, bacheo y plazas (varias de ellas cerradas) y aparecerá como gran objetivo erradicar a los «naranjitas» (trapitos), algo que Llaryora intentó en diciembre aunque finalmente clavó los frenos a último momento por las críticas de la Iglesia.

Por ahora, en la agenda del gobernador aparecen programadas para este año las habilitaciones del altonivel de Valle Escondido, que beneficia principalmente a los vecinos del mega country homónimo y otros barrios ABC1 de la zona de la ciudad donde La Libertad Avanza arrasa; del altonivel de avenida Vélez Sársfield, uno de los ingresos más importantes desde el sur provincial; y del acceso sobre la ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, una obra clave para la logística y el transporte regional.

A Passerini, por su parte, le toca el complejo día a día, con cuentas en crisis por los pagos de la deuda y la caída de la recaudación. La sistematización de los bulevares San Juan (en el Centro) y Ambrosio Olmos (Nueva Córdoba), cuya finalización está prevista para el primer semestre, le permitirá al jefe comunal mostrar obra vial propia.

Daniel Passerini

Ambas obras son un símbolo ambivalente: para la gestión, es modernización urbana, ordenamiento del tránsito y recuperación del espacio público; pero para comerciantes y vecinos, sinónimo de cortes, caída de ventas y una planificación que no termina de convencer, sobre todo por el lento avance producto de la situación financiera, pero también de la burocracia municipal.

Como contrapeso, Passerini tiene que lidiar con la gestión diario de bacheo, mantenimiento de alumbrado y el espacio público, con varias plazas emblemáticas de la ciudad cerradas porque las empresas abandonaron las obras de refuncionamiento iniciadas durante la gestión de Llaryora, una descoordinación que horada la expectativa electoral.

Llaryora cede a la presión de la Iglesia y posterga la prohibición de los trapitos 

Sin embargo, el capítulo más sensible es el de los «naranjitas» (cuidacoches). Llaryora pasó de largo en diciembre cuando amagó con prohibir esa actividad y reculó por la presión de la iglesia católica. Es un tema de doble filo: avanzar implica confrontar con denuncias de criminalización de la pobreza y un conflicto social latente. No hacerlo implica pagar el costo del hartazgo ciudadano frente a prácticas extorsivas cada vez más visibles. Como dato objetivo: durante 2025, la Policía detuvo en la ciudad de Córdoba más de 350 cuidacoches por ejercer violencia hacia automovilistas.

«Si se logra sacar a los naranjitas ilegales y a los limpiavidrios, los libertarios se quedan sin una de sus principales banderas en la ciudad. Y con las obras viales deberíamos representar a nuestro electorado tradicional», dice un funcionario que confía en el plan para que el peronismo recupere la iniciativa de gestión.

El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.

Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.

Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.

Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.

Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.

«De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.

La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.

«No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.

La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.

Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.

Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.

Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.

Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».

Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.

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