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El presidente volvió a generar polémica internacional al sugerir que la restitución de las Islas Malvinas debería contemplar la voluntad de los kelpers. La afirmación, realizada en una entrevista con el diario británico The Telegraph, contradice la posición histórica argentina y reaviva el debate sobre una claudicación diplomática en materia de soberanía.
Por Tomás Palazzo para NLI
Un reportaje en clave británica y una frase que encendió las alarmas
En una extensa entrevista publicada por el medio conservador británico The Telegraph, Milei abordó distintos ejes de su política exterior, pero fue su referencia a la cuestión Malvinas la que generó mayor impacto en Argentina. Allí, el mandatario sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas es “irrenunciable”, aunque inmediatamente introdujo un condicionante clave: la restitución debería darse mediante negociaciones y con el consentimiento de los habitantes actuales del archipiélago, es decir, los kelpers.
Esa afirmación no pasó desapercibida. En el texto del diario inglés, la posición de Milei aparece alineada con la narrativa histórica del Reino Unido, que desde hace décadas intenta instalar la idea de la autodeterminación de los isleños como eje central del conflicto, desconociendo el carácter colonial de la ocupación británica.
Autodeterminación kelper: un giro peligroso en la política de Estado
El planteo de Milei resulta especialmente sensible porque Argentina nunca reconoció a la población implantada en Malvinas como sujeto con capacidad de decidir sobre la soberanía. La posición sostenida por todos los gobiernos democráticos, y respaldada por resoluciones de Naciones Unidas, establece que la disputa es bilateral entre Estados y que el principio de autodeterminación no aplica a una colonia establecida tras una ocupación ilegítima.
Al sugerir que las islas “volverían” cuando los isleños así lo deseen, Milei introduce un criterio ajeno a la tradición diplomática argentina y funcional a los intereses británicos, debilitando el reclamo histórico y constitucional del país sobre el territorio usurpado en 1833.
Una mirada funcional al colonialismo británico
Lejos de tratarse de un simple matiz discursivo, el enfoque expresado en The Telegraph implica un cambio de paradigma. En los hechos, traslada el eje del reclamo desde el derecho soberano argentino hacia la voluntad de una población que el propio Reino Unido implantó para consolidar su dominio colonial.
Este tipo de declaraciones no solo contradicen la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que también legitiman el statu quo que Londres busca perpetuar.
Acercamiento al Reino Unido y señales de concesión
En la misma entrevista, Milei destacó su intención de recomponer las relaciones con el Reino Unido, mencionó la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales y dejó entrever su interés en normalizar vínculos militares que permanecen limitados desde la guerra de 1982. Ese tono de acercamiento fue leído por analistas como una estrategia de alineamiento que tiene como costo la dilución del reclamo soberano.
Mientras el gobierno insiste en que no hay renuncia formal a Malvinas, las palabras del propio presidente en un medio británico de referencia dibujan un escenario de concesiones simbólicas que no pasan inadvertidas ni en el plano interno ni en el internacional.
Malvinas, entre la retórica y la claudicación
La entrevista con The Telegraph deja una conclusión inquietante: aunque Milei repite que la soberanía argentina no se negocia, al mismo tiempo introduce condiciones que la vuelven impracticable. Al aceptar la autodeterminación kelper como variable decisiva, el reclamo histórico queda supeditado a una voluntad construida bajo dominio colonial.
En un contexto global donde las disputas territoriales vuelven a ocupar un lugar central, la postura expresada por Milei no fortalece la causa Malvinas: la debilita, y la acerca peligrosamente al relato británico que Argentina ha combatido durante más de un siglo.
El juez Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ante la demanda realizada por el CELS, bajo el argumento que ese reglamento otorga «un exceso de competencia» al Poder Ejecutivo.
En un escrito de 38 páginas, el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 objetó que «bajo el ropaje de un Protocolo interno, y por medio de una resolución Ministerial, se regulan derechos constitucionales y convencionales, tales como el derecho a perticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución), y el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto los mismos sólo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional».
Además, advirtió que «se modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, permitiendo, incluso, respecto de la flagrancia, una interpretación más gravosa que la que efectúa el artículo 353 bis, modificándolo en consecuencia». «Por ende, el Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias», alertó.
Cormick también precisó que la resolución 943/23 imparte directivas a las fuerzas de seguridad que no están contempladas en las leyes que regulan su accionar. «Las directivas dadas por la Resolución 943/23 -en su articulado- al personal de la fuerzas no se basan en las leyes 19349 (Gendarmería Nacional); 18398 (Prefectura Naval); 21965 (Policía Federal Argentina); ley 26102 (Policía Aeroportuaria); y ley 20416 (Servicio Penitenciario Federal), pues no existe expresión ni referencia ninguna a estas normas, circunstancia que podría conducir a que el personal de las fuerzas -en ejercicio de lo allí ordenado- vulnere los preceptos de las leyes dictadas por el Poder Legislativo que regulan su actividad y competencia (ver artículos 4° y 5° de la Resolución atacada)».
El juez también consignó que no obra en la resolución ninguna cita a la Ley de Protección de Datos Personales, ni tampoco se mencionan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que legislan sobre la materia. «Ni para armonizarlos a la presente Resolución, ni para limitar su alcance», aclara.
Uno de los abogados que trabajó en el reclamo contra el protocolo de Bullrich junto al equipo del CELS señaló que el juez Cormick consideró que la resolución «no sólo es desproporcionada e irrazonable, sino ilegal y se auto atribuye facultades legislativas».
El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.
La exministra de Seguridad, por su parte, se quejó por el fallo judicial. «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos», expresó por Twitter.
En ese sentido, agregó: «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno».
La referencia de Bullrich apunta a que Cormick es el mismo magistrado que ordenó al gobierno cumplir con lo dispuesto por la ley de Financiamiento Universitario, una desobediencia del gobierno de Javier Milei que pone a sus funcionarios a tiro de denuncia penal.
La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra se reunió con referentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro con el objetivo de acordar la fecha en la que este organismo comenzará a tener presencialidad en la ciudad. Del encuentro participaron la Delegada de la Secretaría en el…
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