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¿QUIÉN CUIDA A LOS QUE NOS CUIDAN?

La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió.

Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital pero deslizó tímidamente en el canal oficial de la provincia que la derivación de la paciente no se demoró mucho.

Por el contrario, no es eso lo que afirman los trabajadores de la salud que en voz de Rosa Ñanco, secretaria general de la seccional de ATE en Villa Regina, expresaron que Mariela estuvo 18 horas esperando la derivación a una cama de terapia ya que requería oxígeno por su cuadro de salud agravado por el covid19.

Recordemos que la enfermera ingresó al hospital el viernes por la noche alrededor de las 23hs al notar poco movimiento fetal en su vientre se comunicó al hospital para ser trasladada desde su casa, luego de toda una noche de espera en la guardia sentada en una camilla, recién a las 7 de la mañana del sábado ingresó a quirófano para una cesárea no programada donde dio a luz a su hijo, a quien no pudo conocer. El pos operatorio lo transitó también en la guardia con un cuadro de covid con una neumonía grave, acá está el punto de inflexión en la atención recibida y el vacío informativo, hasta las 18hs que fue derivada a Roca (18 horas sin la atención que necesitaba, ya que no debería haber sido restituida a la guardia).

Sin embargo, colegas de la enfermera afirman que no le faltó cama a su compañera, sino que lamentablemente le negaron la cama en el servicio de maternidad por ser Covid+ a sabiendas que tenían dos camas libres con oxígeno. De confirmarse esto, se agravaría la culpabilidad de los responsables, siempre es el médico el que toma decisiones y es el que deberá responder en la justicia. 

Asimismo los trabajadores de la salud hacen hincapié en que esta dramática situación vivenciada estos días expone que el sistema de derivaciones no está tan aceitado como dice el oficialismo.

En asamblea entre trabajadores del hospital reginense, el director Ruiz Díaz y el secretario de relaciones institucionales de Río Negro Miguel Ledesma escucharon a los trabajadores, claramente tristes, preocupados y estresados. Se percibió el desamparo en el que se encuentran, y entre otras cosas exigieron mayor organización, mejor infraestructura, más empatía para con ellos y la ciudadanía, solucionar la sobrecarga de trabajo para alivianar el estrés actual, la preparación de un espacio que pueda albergar los casos positivos para terminar con la internación domiciliaria que es incontrolable, a su vez Rosa Ñanco solicitó el acceso de Freddy Fernandez marido de Mariela para que ingrese como empleado estatal. Y la pregunta puntual en el caso Mariela fue ¿por qué la bajaron a la guardia negándole una cama en terapia? Nadie supo contestar.

El director del hospital aclaró, que las decisiones son de los médicos. Según el Dr Vega, jefe del área de maternidad esa decisión no estaba detallada en el historial médico, por lo que no supo explicar porque no se la aceptó en internación y se la bajó a la guardia. Este fue el momento de mayor tensión donde existieron acusaciones cruzadas frente a la culpabilidad por el destrató que recibió Mariela, se dijo que a veces las camas se consiguen más rápidamente dependiendo del peso del apellido del paciente, y se afirmó la falsedad de la prioridad para la atención de los trabajadores de salud.

“Denunciamos esto para que no vuelva a ocurrir. Es difícil encuadrarlo, pero hay una situación de abandono por parte del Estado, y se debe investigar esta situación para que los responsables se hagan cargo de lo que ocurrió”, enfatizó Ñanco.

También agregó, “Pedimos justicia por Mariela, porque no queremos que haya otra Mariela en ningún hospital. Más seguridad para los trabajadores de salud, más personal, mejor infraestructura, acorde a las necesidades del momento. Esto ya tendría que estar previsto. En las guardias no hay camas “frias”. Y que se investigue a los responsables siendo el estado provincial el primer responsable. Pedimos la renuncia de los responsables. No culpamos a los trabajadores. Que esta muerte no quede impune”.

El caso Mariela fue denunciado públicamente por trabajadores del hospital de Villa Regina el miércoles durante la marcha que realizaron en la ciudad. En la misma, en notas brindadas a medios reginenses los profesionales de la salud potenciaron el pedido a la sociedad para que extremen los cuidados, para que entiendan que ante el abandono estatal y la falta de medidas y controles que contengan el alto nivel de contagios que hay en la provincia hizo que la responsabilidad social pase a ser protagonista en esta pandemia tal como se vive hoy en la provincia.

Todo esta trágica situación (con 29 fallecidos en Regina, 20 en los últimos 30 días) se da en medio de la lucha por un salario digno, con una paritaria mezquina de tira y afloje, al igual que la de los docentes, pero opuesta a la de la seguridad provincial (qué mensaje claro baja el Gobierno Provincial). Sin salario digno, con infraestructuras que no se mejoraron ni en 5 meses de pandemia, con falta de insumos, con precariedad laboral, sin UTI libre en la región, con las guardias saturadas y con profesionales desgastados cubriendo horas extras ante la falta de personal durante ya medio año. Los denominados esenciales, los verdaderamente esenciales,  están a la deriva.  

¿Quién cuida a los que nos cuidan?

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    “Este maltrato no se soporta más”: familias y prestadores del sector de la discapacidad ocuparon la sede de ANDIS

     

    En medio del abandono estatal, familias, prestadores y trabajadores del sector de la discapacidad irrumpieron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Belgrano, para exigir una respuesta al interventor Alejandro Vilches. Denuncian cancelaciones arbitrarias de reuniones, falta de aumentos y un colapso general del sistema.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Caos y bronca en Belgrano

    La tensión en el sector de la discapacidad llegó a un nuevo punto crítico. En la mañana de este jueves, familias, prestadores y trabajadores ingresaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para exigir ser recibidos por el interventor Alejandro Vilches.

    Este maltrato no se soporta más. Le quisimos entregar una carta y no la recibieron”, denunciaron los manifestantes, visiblemente agotados por meses de promesas incumplidas y precarización.


    Una reunión fantasma

    El propio Vilches había convocado a los representantes de los prestadores para una reunión prevista inicialmente para las 11 de la mañana, con el objetivo de discutir aumentos en las prestaciones. Sin embargo, el horario fue modificado a las 10, y finalmente, el día anterior, los prestadores fueron notificados de la cancelación del encuentro “por fuerza mayor”.

    La decisión desató la indignación de los sectores afectados, que decidieron ocupar la sede de ANDIS hasta obtener una respuesta.


    “La plata está, pero no la usan”

    Según denunció Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, la agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos, pero los fondos no se han destinado a los trabajadores ni a las familias. “Ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, sostuvo.

    Mientras tanto, el deterioro económico golpea de lleno a los prestadores. Las demoras en los pagos, la falta de actualizaciones y la inflación constante generan una situación insostenible para quienes sostienen el sistema.


    “Ya está todo colapsado”

    En representación de las familias, la actriz y referente Lola Berthet advirtió que el panorama para el próximo año es incierto: “Ya está todo colapsado. Estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener cobertura”.

    La angustia, dice, ya dio paso a la bronca: “Es agotador todo esto. Es un sector vulnerable. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.


    Sin respuestas judiciales ni actualizaciones

    La psicóloga y madre Claudia Dipólito apuntó contra la justicia por la falta de avances en la causa impulsada por el diputado Paulón ante el juez Casanello, en el marco de la ley 27.793, que regula la actualización de aranceles. “Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, denunció.


    Transportistas al borde del colapso

    Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) advirtieron que “la situación es límite” y que muchos podrían dejar de trabajar en las próximas semanas. “Nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida. El litro de nafta se lo pagan $541, pero el combustible cuesta $1.700”, detallaron.


    Un sistema al borde del abismo

    Entre el desfinanciamiento, la desidia burocrática y la falta de respuestas políticas, el sistema de atención a la discapacidad se encuentra al borde del colapso. Las familias, profesionales y transportistas —que sostienen con esfuerzo cotidiano lo que el Estado desatiende— reclaman algo tan básico como ser escuchados.

    Y mientras el interventor Vilches sigue sin abrir la puerta, la crisis humanitaria detrás de cada prestación impaga crece día a día.

     

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