Áñez promulgó la ley y las elecciones se realizarán el 6 de septiembre

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó finalmente este domingo la ley sancionada que establece que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre próximo, después de que el parlamento con mayoría opositora advirtiera que lo haría si la mandataria se negaba.

Áñez sostuvo que “nunca” tuvo interés en prorrogar su gestión. “De este modo dejo claro que la única razón (por la) que acepté hablar de la postergación (de los comicios) era para evitar riesgos a la salud de la gente” en medio de «la pandemia de coronavirus», dijo.

“Pero en este tema de riesgo, quiero pedir al señor (ex presidente) Evo Morales, Luis Arce Catacora (candidato presidencial del MAS) y Carlos Mesa (ex presidente y también candidato presidencial), que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia para que hagamos elecciones en plena pandemia”, agregó.

La jefa del Estado anunció la promulgación “después de que recibió una serie de presiones por parte de sus adversarios políticos, como el candidato Carlos Mesa y representantes del Movimiento al Socialismo (MAS)”, afirmó la agencia noticiosa estatal ABI.

Las elecciones estaban programadas originalmente para el 3 de mayo pasado, pero se resolvió aplazarlas debido a la pandemia de coronavirus.

El TSE propuso que se efectuaran entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, pero el parlamento sancionó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales y estableció un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para que se efectuaran.

Áñez vetó esa norma con el argumento de que la movilización de más de seis millones de personas en plena emergencia sanitaria causaría miles de contagios de coronavirus y decenas de víctimas fatales.

Asimismo, legisladores de la centroderechista Unidad Demócrata (UD) presentaron un recurso de inconstitucionalidad de esa ley ante el Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció.

A comienzos de este mes, tras un acuerdo con los partidos políticos, el TSE presentó una nueva propuesta para que las elecciones se realizaran en un plazo máximo de 127 días, o sea hasta el 6 de septiembre.

El 12, Áñez informó a la presidenta del Senado, Eva Copa -del MAS- que no promulgaría esa ley hasta que no recibiera un informe epidemiológico que le garantizara que el brote de coronavirus estará controlado en septiembre.

El viernes último, Copa advirtió que si Áñez no promulgaba la norma, lo haría ella en uso de las facultades que le confiere la Constitución.

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    Las consecuencias de esas políticas tienen un correlato directo en Casa de Gobierno. «No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada», fue la respuesta de un funcionario del gobierno a un intendente.

    Los intendentes escalan las demandas de los puntos más críticos del conurbano hacia el gobierno de Kicillof, pero la ayuda parece haber llegado al límite. Quizás por eso, el gobernador reunirá la semana próxima a intendentes oficialistas y opositores. Según trascendió, el objetivo es repasar el estado de situación de las finanzas.

    La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. El registro no solo supera la media nacional, sino que también implica un salto frente al trimestre previo donde el desempleo había sido del 8,1%.

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    En diciembre, Kicillof consiguió una autorización de la Legislatura para avanzar con un esquema de financiamiento por más de USD3.600 millones. Sin embargo, el gobierno nacional es quien tiene que dar luz verde para que la provincia emita deuda.

    La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. 

    Luis Caputo autorizó una parte de ese endeudamiento destinada a pagar compromisos en dólares contraídos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, el gobernador hizo un desembolso de poco más de USD420 millones. De los cuales 191,5 millones fueron capital y 233 millones intereses. Esos pagos fueron la quinta cuota de amortización de bonos en moneda extranjera.

    Luis Caputo.

    El gobierno libertario sabe que dejar a una provincia como Buenos Aires sin chances de refinanciar su deuda supone un problema de consecuencias impredecibles para el propio gobierno libertario. Con repercusiones -quizás- en el resto de la provincias.

    Mientras tanto, en La Plata apuestan a poder tomar deuda para invertir en Infraestructura. Es que sin ayuda del gobierno nacional, las obras en la provincia marchan a un ritmo demasiado lento para las aspiraciones presidenciales de Kicillof.

    En Nación son reacios a autorizar esos endeudamientos toda vez que no se trata de pagar vencimientos de deuda, sino de contraer nuevos compromisos para invertir en desarrollo.

    «No se le autorizó ni se le va a autorizar nueva deuda a Kicillof. Solo se va a autorizar sobre el rollover de su deuda», dijo a LPO una fuente de la Rosada.

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    En los últimos días la posibilidad de endeudamiento sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.

    El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.

    Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.

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    — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 18, 2026

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