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SIN SUELDOS, SIN OBRA SOCIAL, SIN RESPUESTAS… PERO CON PANDEMIA

TRABAJADORXS SIN TRABAJO, COOPERATIVA SIN PRODUCCIÓN, INTERVENCIÓN ¿PARA QUÉ?

Los trabajadorxs de la icónica Cooperativa La Reginense, nuevamente como hace menos de un año atrás, se encuentran reclamando nada más y nada menos lo que les pertenece: Sus sueldos, sus aportes, el pago de la obra social; y la reactivación de la empresa para poder continuar con sus fuentes de trabajo. De no existir la posibilidad de reactivar reclaman el pago de sus indemnizaciones.

El año pasado realizaron un acampe de casi 80 días en busca de soluciones, donde el sindicato se presentó durante los primeros días con predisposición positiva pero luego se empezó a percibir un abandono en la lucha por los derechos de sus afiliados, intentando esconder la protesta y presionar para que no se visibilice. El acompañamiento del los primeros días quedó desdibujado y evidenció ser una pantalla. Los trabajadores debieron movilizarse por su cuenta y dirigirse directamente al ejecutivo provincial.

De esa manera lograron que captar el interés del entonces gobernador Alberto Weretineck, entre una negociación con provincia, la empresa y los trabajadores; se propuso indemnizar a la gente con dinero de provincia para que los empleados puedan ser acreedores de sus años de trabajo, la provincia pondría el dinero a cambio de algún bien en garantía que presentara la cooperativa La Reginense.

A punto de cobrar sus indemnizaciones, se resolvió entre abogados de la empresa y el sindicato (sin participación de los trabajadores ya que no se les informó) realizar una intervención judicial, provincia intervino y se instaló en la empresa un interventor (José Esteban Pérez) el cual está a cargo de la administración desde el mes de noviembre. Un interventor que en funciones es más bien un poseedor de la empresa, ya que toma decisiones arbitrariamente sin dejar participar a ninguno de las partes intervinientes.

LOOP EN LA REGINENSE

Como un cuento de nunca acabar, dieron la vuelta entera en menos de 6 meses y se encuentran hoy en el mismo punto que antes, sin trabajo, sin sueldo y sin respuestas; pero ahora en medio de una pandemia donde la crisis económica golpea a más de la mitad de los argentinos.

Juan Caniupán trabajador de La Reginense explica que en las asambleas que se realizaron el año pasado se les dijo a los compañeros que la mejor opción era continuar con la fuente laboral que dejáramos de lado la indemnización, lo que a muchos nos generó dudas porque no creíamos que pudiera reactivarse como se estaba diciendo pero decidimos apostar por la fuente laboral ya que justamente creímos que era lo mejor para todos, siempre y cuando se confirmara un periodo de trabajo lo suficientemente estable como para mejorar las condiciones en las que estábamos”.

A su vez se enteraron este año durante una asamblea por medio de Máximo Santivañez (secretario de la seccional sindical de VR) que los socios habían ofrecido el 100% de las indemnizaciones pero que a ellos nunca  se les trasladó esta información, «de saberlo la hubiésemos aceptado porque realmente no queríamos perder los años de laburo y preferíamos estar libres para salir a buscar trabajo durante esta temporada» afirma Juan.

Lxs trabajadorxs de la cooperativa icónica de nuestra ciudad suelen trabajar entre 5 y 6 meses al año, unos 65 días de temporada asegurada pero luego continúan con la postemporada trabajando hasta junio e incluso algunos días de julio. Esto fue lo que exigieron para aceptar la reactivación y retornar a sus fuentes de trabajo, y aunque se les ofreció un caudal de fruta que no justificaba más de 80 días de trabajo se aceptó la decisión desechando la oferta indemnizatoria.

Sin embargo, afirma Caniupán que “nada de esto se respetó” y agrega que fueron hostigados frente a los reclamos “además de esto nosotros cobrábamos una productividad, la cual durante la temporada no se nos quiso reconocer hasta el día de hoy y a partir de los 40 días comenzaron amenazas de cortarnos cada vez que protestábamos por la productividad o pedíamos explicaciones, o preguntábamos por las audiencias o al menos saber que era lo que estábamos ganando, se nos amedrentaba o se nos amenazaba con que la temporada podía cortarse mucho antes. Finalmente llegando a los 65 días se decidió cortar la temporada donde todavía no hemos cobrado nuestro salario, ni la liquidación e inclusive no nos reconocen la productividad”.

CONTRA VIENTO Y MAREA… Y EL SINDICATO TAMBIÉN

Uno de los conflictos que tuvieron durante esta temporada tuvo que ver con la posición del Sindicato Obreros Empacadores de la Fruta ofreciendo un acompañamiento que dejó mucho que desear, “No se realizaron las audiencias a las que se habían comprometido a hacerse. El sindicato si bien hacía presencia constantemente, se mostraba más en una posición pasiva que como un representante de los trabajadores, incluso se llegó a pedir la elección a delegado intimando con una nota ya que no querían realizarla”, afirma Caniupán.

La elección de los delegados se terminó realizando durante la cuarentena, por cantidad de trabajadorxs corresponden dos delegadxs, sin embargo el interventor entregó una lista alterada con 48 trabajadores (faltaban 3, ya que son 51) correspondiendo de este modo un solo delegado. A su vez la votación se realizó ante la ausencia de 10 compañeros. Con un faltante del 20% de los empleadxs la elección terminó en un empate y el sindicato decidió escoger a una de las dos personas para que cumpla con las funciones argumentando mayor tiempo de antiguedad, siendo esta una norma inexistente.

“Por ese conflicto también hay un problema judicializado, ya que se enviaron las respectivas cartas documento donde se pide que se reconozca a los dos candidatos o que se vote de nuevo”, expresa Caniupán ya que según averiguaron lo que corresponde ante un empate es repetir las elecciones.

LA HISTORIA CONTINÚA…

“No nos han pagado el mes de marzo, nos hemos enterado en este último tiempo que no se nos hicieron los aportes, tampoco tenemos  paga la obra social y hay familias que la necesitan diariamente ya que hay compañeros que son enfermos oncológicos, otros tienen hijos con discapacidad, por lo que se encuentran en situaciones críticas. Se nos adeuda la productividad de febrero y marzo, ya que directamente no se reconoció. Y todo esto hablando solamente del empaque, porque hay 3 rubros: Frío, bodega y empaque. Los empleados de la bodega también estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar con la sidra ya que no se molió ni siquiera un solo bin de fruta lo cual deja en jaque la producción de la famosa sidra La Reginense y no sabemos qué va a pasar con nuestras fuentes laborales”, narra Caniupán la cruda realidad que vive medio centenar de familias de nuestra ciudad. 

Así y todo los trabajadorxs se siguen moviendo por sus propios medios, no les queda otra, “Nos presentamos frente al Concejo Deliberante hicimos una nota hace varias semanas, pedimos que se eleve  y que tomen intervención como legisladores que son de las leyes de Villa Regina, exijan al ejecutivo que junto con provincia solucionen esta situación de La Reginense ya que la intervención judicial se hizo a través de provincia y necesitamos que ellos nos ayuden a averiguar que pasó durante la temporada, que pidan explicaciones en el ministerio de trabajo y traten de buscar con provincia las condiciones para que se reactive la producción o bien terminen por indemnizar a los trabajadores para que puedan salir a buscar trabajo libremente y a su vez cuenten con lo que les corresponde”.

Para cerrar, lo obvio: “Ya son dos meses donde no generamos trabajo y las familias no tienen ningún tipo de ingreso y nos encontramos con la incertidumbre de saber que va a pasar hacia adelante”. Reafirmando lo que venimos planteando desde que llegó la pandemia a la Argentina, la cuarentena no es la misma para todxs.

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    El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió. 

    Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. 

     «Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y  la Justicia exige explicaciones.   

    La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado. 

    La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable. 

    Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos. 

    En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores. 

    El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo. 

    La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos. 

    Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central. 

    Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional. 

    LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.

     

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    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

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    Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

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    Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional

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    «La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», informó la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.

    Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd). Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

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    Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.

     

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