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RAPIDEZ NO ES SINÓNIMO DE EFICACIA

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini

Muchas veces pensamos que rapidez significa eficacia, puede ser que lo sea en algunos casos, pero en otros no, y el riesgo cuando esto último pasa es muy alto y más si hablamos de cuestiones referidas a legislación. Trabajar bajo presión, como la pandemia mundial del Covid19 provoca, a veces empuja a tomar decisiones que debieran tratarse con calma, dándole un tratamiento sustancial con más contenido, escuchar a los comerciantes (principalmente medianos y chicos) y tenerlos en cuenta para que realmente el proyecto sea funcional a la causa visualizando todas las aristas posibles.

El viernes (17/04) pasado el Concejo Deliberante de la ciudad sancionó un proyecto de ordenanza que regula la circulación de personas en la vía pública para el abastecimiento de alimentos y productos en los comercios autorizados. De esta forma el orden estipularía que, los días lunes, miércoles y viernes le corresponderían a los DNI que tengan el último número en impar; y martes, jueves y sábados a los pares. Una medida que ya está vigente en distintas ciudades del país. Ahora la decisión la tiene el ejecutivo.

El proyecto de ordenanza solo fue rechazada solo por las concejalas: Agustina Fernandez de Juntos Somos Rio Negro y Maria Eugenia Paillapí de Somos Villa Regina. Cabe aclarar que todavía no está en vigencia, para que ello ocurra debe ser promulgado y publicado en el Boletín Oficial, y a partir de allí, se determinará cuando entra en vigencia la misma.

Lo primero que hay que dejar en claro es que cada ciudadano – incluyendo los policías de calle que reciben órdenes arbitrarias – tienen que saber que quien es detenido solamente por la característica par o impar de su DNI es víctima de privación ilegítima de la libertad correspondiente a un abuso de autoridad.

El Art. 2 de dicho proyecto expresa “A los efectos del cumplimiento de dicho programa, el responsable del local comercial que se encuentre habilitado para atención al público y/o quien designe, deberá solicitar el DNI a los clientes, prohibiendo el ingreso de aquellos que no se encuentren en el día que les corresponde”.-

Que el comerciante (un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros) tenga la facultad de pedir el DNI al consumidor resulta totalmente irracional y arbitrario. Delegar este poder de policía en ellos, es un acto totalmente irresponsable si así lo decidieran. Que el comerciante pida el DNI cuando se realiza una compra con tarjeta de crédito no tiene la misma finalidad en el caso de que lo pida para verificar si a la persona le corresponde o no comprar ese día.

  En este punto hay que decir que si el Estado, en este caso el municipio, con la colaboración de la policía no cuenta con los recursos suficientes para hacer cumplir una medida (en este caso ordenanza) ya que no debería delegar la acción de control a un ciudadano común, no tendría que sancionarla.

Como sabemos es imposible controlar a toda la ciudad; si la finalidad es esa, darle facultades a una persona que NO debería tenerlas, no es la solución al problema de circulación de personas en las calles.   

A su vez el Art. 4 …“establece una multa de $150.000 aplicable al comercio habilitado y de $6.000 al consumidor que infrinja el cronograma de abastecimiento establecido”exponer a un comerciante ya golpeado económicamente a tener que prohibir ingreso de dinero a su caja es posicionarlo en una dicotomía arriesgada que bordearía constantemente la ruptura de la medida, y sabemos que no es lo mismo aplicar esta sanción a un gran comercio que a una pequeña despensa de barrio.

Y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas familias que viven el día a día, y van comprando sus alimentos a medida que van obteniendo dinero?, ¿cómo impacta esta medida en los comercios ya golpeados por las medidas de prevención? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan todos los días y que tienen un día libre, y justo ese día no coincide con el que le corresponde para salir a comprar?.

Bien, estamos de acuerdo en que debemos seguir cumpliendo con el aislamiento porque es el mejor cuidado, que no está bien que haya gente en las calles sin necesidad ni obligación excepcional, inclusive luego del decreto que estipula la obligatoriedad del uso de tapabocas pareciera haber salido más gente a circular (en todo el país, no solo Regina), tampoco atacamos el corazón del proyecto de ordenanza ya que su objetivo es disminuir la circulación de la gente y es válido, pero realmente es inaplicable y de difícil control, lo que termina convirtiéndola en una medida demagógica y disfuncional.

  Debemos seguir apelando a la concientización y no subvalorar la inteligencia y responsabilidad del colectivo social, por eso nos volvemos a preguntar:

¿Por qué como sociedad tenemos que esperar a que salga una legislación para regular y sancionar a los que incumplen alguna medida, cuando en realidad si actuamos con conciencia social y empatía entre todos los ciudadanos, podemos evitar empujar al Estado a que haga uso de facultades punitivas que coartan derechos esenciales?       

Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini.

Portada Ilustrativa: Germán Busín

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  • Randazzo aparece en los cuadernos de las coimas que reveló el fiscal Picardi

     

    Florencio Randazzo quedó involucrado en la investigación de la ruta de las coimas: su nombre aparece en la libreta de apuntes que el fiscal federal Franco Picardi incorporó a la causa como parte de la prueba en el caso de la Andis.

     La revelación surge de una foto de la libreta que integró Picardi al expediente, publicada en exclusiva por Clarín, en la que el ex ministro de Transporte aparece vinculado a la empresa GMS, que sería de su propiedad.

    Los cuadernos serían de Miguel Ángel Calvete, un lobbysta vinculado a los Menem que era el nexo con proveedores. Según la investigación, Calvete tenía influencia directa sobre Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex encargados de la Andis, «a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la Andis y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

    «Miguel Ángel Calvete a través de sus empresas y con esos vínculos logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada», sostiene el dictamen del fiscal Picardi, que investiga las coimas que involucran al ex funcionario libertario y por la que se mencionó el destino de un tres por ciento para Karina Milei. 

    El fiscal Picardi pidió la detención de Spagnuolo por las coimas de la Andis

    Por esta investigación inicialmente quedó involucrada la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, pero en los cuadernos de Calvete se suman otras firmas, en lo que parece una prolija descripción del circuito de coimas y los porcentajesa repartir. Picardi secuestró varios cuadernos manuscritos de Calvete, con fechas, empresas, contactos, porcentajes de dinero. Es en ese material que aparecen GMS y Randazzo.

    En los cuadernos de Calvete, lobbysta que vinculado a los pedidos de coimas libertarios a empresas, aparece una detallada descripción de las firmas, fechas y hasta porcentajes que se repartían. En esos textos manuscritos aparece la firma GMS y el nombre de Randazzo.

    Como los Menem además de influencia sobre la Andis también la tienen sobre Vialidad donde ubicaron a Marcelo Campoy, no se descarta que esa página de la libreta de Calvete se refiera a contratos de Vialidad. De hecho, junto al nombre de Randazzo, aparece el apellido Menem y la palabra «seguridad». Los Menem tienen una empresa de seguridad y no les parece inapropiado contratar con el Estado que integran, como hicieron en el Banco Nación. Ahora la justicia federal podría abrir un nuevo capítulo con los contratos de Vialidad.

    De hecho, la firma vinculada al ex ministro de Transporte fue contratada en abril del 2023 por la empresa estatal Corredores Viales, que controla Vialidad, que le adjudicó la licitación privada 2/23 a GMS por USD 360.400 más IVA. El servicio: un sistema de telegestión del alumbrado durante 36 meses. Un círculo perfecto donde el diputado nacional y el proveedor del Estado son dos nombres para la misma persona. 

    Spagnuolo con Karina Milei, los Menem y Romina Diez.

    En su momento, la Oficina Anticorrupción avaló ese contrato sin pestañear, como reveló El Disenso. Sostuvo que «no había impedimento legal» porque Randazzo es diputado nacional, no funcionario del Ejecutivo. Pero omitió un detalle nada menor: GMS SA tenía una deuda activa de más de $155 millones y, aun así, el Estado le prometía otros $200 millones. 

    Burlando le ganó a Randazzo, que hasta perdió por paliza en Chivilcoy

    Pero GMS ya había recibo adjudicaciones por USD 86 millones. «No es un conflicto de interés. Es un conflicto de sentido común», dijo a LPO un ex funcionario.

    Como sea, el nombre de Randazzo y su empresa se leen con claridad en  la foto de una de las páginas de la libreta que el fiscal Picardi adjuntó a su dictamen, donde pide la detención de Spagnuolo y otros funcionarios libertarios. 

    Randazzo fue muy funcional al gobierno de Milei durante todo su mandato, lo ayudó con el quórum en instancias claves y presentó una lista por afuera del peronismo en las pasadas elecciones que obtuvo dos puntos. No le alcanzaron para renovar la banca, pero si para que el peronismo bonaerense no ganara las elecciones de octubre.

    La libreta de Picardi que vincula a GMS con Randazzo.

     

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