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SOLUCIONES INTERNAS Y SIMBIÓTICAS

Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. Que no solo garantiza cubrir los costos de producción, sino también aseguraría excedente económico.  Suena comercialmente  irracional mencionar lo último, pero es válido hacerlo si hablamos de nuestra vapuleada economía regional.

El proyecto se trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar de Bs As y Funbapa. Hasta el momento y a la espera de avanzar en la propuesta en una nueva reunión en los próximos días, se estima que por cada kilo de fruta se reciban 8 pesos. Precio cercano al reclamo del tercio de un dólar que se precisa para producir en chacras. Proyectando cubrir un volumen más que interesante, los productores están alertas a las próximas noticias. Si la propuesta es atractiva para los productores de la zona, es importante para nosotros. Si es viable trabajarlo afuera, en conjunto con provincia de Bs As, como no se visualiza la posibilidad de trabajarlo dentro de nuestra provincia.

En los colegios públicos de Río Negro, lo que llaman «refrigerio» (desayuno o merienda), no es más que un té o mate cocido con pan con queso o dulce (los días de fortuna), cualquier nutricionista profesional nos diría que es imprescindible agregar alimentos nutritivos a esta dieta, como por ejemplo frutas frescas.

Una de las mayores complejidades que encuentra el proyecto mencionado es que la distribución y logística depende de Bs As al igual que la propia decisión política porteña de sellar el acuerdo, esto deja maniatada a la Federación de Productores a la espera de una decisión externa. Con Río Negro “no se hace porque no se quiere, no está la decisión política para hacerlo”, cuentan desde la Federación. Porque no generar una simbiosis interna, sin tener que esperar coacciones externas que nos favorezcan y den solución a problemáticas regionales.  

Abrir un canal comercial de simbiosis mutualista entre la provincia y los productores resulta motivador. El gobierno provincial desde el consejo escolar, establecimientos hospitalarios o penitenciarías podría lograr un efecto neto con una aptitud inclusiva como hospedador en una supuesta relación bipartita con los productores. Siguiendo la línea simbiótica el máximo grado de integración y más radical es aquel en el que estas uniones desembocan en la transferencia de material genético, lo que aquí podríamos llamar «material laboral«. Esta nueva cadena de retroalimentación demandaría, además de la fruta, logística y distribución interna (empleo), no porteña. Permitiría a nuestros productores colocar fruta que tienen en el frío, suplantando fruta más barata (mandarina y banana) de otras zonas en la dieta pública provincial, dando soluciones algo más estructurales que temporales, si se proyectan de manera sostenida y con alcance de crecimiento.

EXPERIENCIA FALLIDA

Es cierto que experiencias  similares ya se hicieron años atrás en la zona y no resultaron como se esperaba, el consejo escolar negoció con industrias receptoras o vendedores particulares y éstos entregaron en colegios frutas que no garantizaban la calidad, sanidad e inocuidad para consumir. Pero claro, el negocio era de unos pocos, con licitaciones amigas y sin control alguno,  exponiendo la salud de los chicos, último y más débil eslabón en esta cadena. Por eso es importante trabajar el proyecto responsablemente desde la Federación misma, para que ésta se responsabilice de la fiscalización de la fruta a través de técnicos de Funbapa o Senasa que habiliten el consumo de la misma.

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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  • Pullaro recusó a cuatro ministros de la Corte para que no le tumben su ajuste a las jubilaciones top

     

    Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.

    El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.

    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.

    La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.

    Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita 

    En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.

    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. 

    Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.

    El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.

    El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.

    Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido. 

    Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.

    «Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.

    En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.

    Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.

    Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.

    Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. 

     

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