Lo sentí desde el primer momento, fue como una extraña sensación que sus dedos me rozaran en ese primer encuentro.
Lo que más me llamó la atención fue su mirada, desorbitada, buscando no sé qué…, sin aparente dirección que lo guiara. Sus pupilas se convirtieron para mí en portales que se abren y se cierran ante un cambio de link, y solo con un simple retocar mi pantalla. Mi dueño se llama Ernesto Ovni.
No es mi intensión revelar por donde mi querido Ovni navega en la web, en ese sentido soy muy respetuoso, y les aseguro que reconozco su pulgar como ningún otro ser en este mundo.
Ernesto es muy bueno y compañero, me apaga para que yo descanse junto a él, me lleva al trabajo, con los amigos, de paseo, y hasta al baño. Sin embargo, nuestra relación es utilitarista, y me va a desechar cuando me rompa, cuando mi batería ya no dé para más, o se enamore de algún modelo nuevo y me tire a la basura como un trapo viejo.
Nunca pensé que nosotros íbamos a reproducirnos en masa. Nuestra evolución no fue diferente a la especie de Ernesto, primero fuimos unos pocos, ahora somos millones, multifuncionales y cómodos. La verdad es que con Ernesto nos llevamos de diez, tenemos un vínculo único, pasamos casi todo el tiempo unidos, de hecho, me parece que mucho más que él con su familia. No lo voy a negar, yo siento que Ernesto es mi familia, y por la forma en que me mira: creo que él también.
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Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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Karina Milei armó un esquema de reuniones de gabinete blue sin la participación de su hermano Javier y blanqueó que tomó el control del gobierno.
La secretaria general de la Presidencia encabezó este martes en la Rosada una reunión de la «mesa política» y anunció que de ahora en más hará desfilar a los ministros para que den explicaciones sobre sus áreas, como sucede en teoría en las reuniones de gabinete.
«Se definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa», informaron desde Presidencia.
Desde la propia Presidencia comunicaron que en la mesa de este martes repasaron la agenda legislativa y los principales temas económicos y de gestión del Gobierno nacional. Es decir, lo que se hace en una reunión de gabinete. La particularidad de la mesa política es que no la encabeza el presidente sino su hermana Karina.
La mesa política se transformó en una reunión de gabinete pero con la presidente
«La mesa política se transformó en una reunión de gabinete pero con la presidente», sintetizó ante LPO uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, que estuvo presente en la reunión de este martes.
El primer ministro en ir a dar explicaciones a la mesa de Karina fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tuvo que detallar los proyectos de ley en los que trabaja su equipo. En el gobierno no quieren sorpresas después del conflicto con los prácticos que provocó «El Coloso», que paralizó el comercio exterior y que provocó pérdidas por 300 millones de dólares. «Lo voy a echar a patadas», gritó el presidente en Olivos, como reveló LPO.
El monopolio de Karina de la gestión deja aislado al propio presidente que, como confirman en el propio gabinete, se desentiende cada vez más de los temas diario del gobierno.
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