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ZOMBIE PERFORMANCE

El reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital

Charles Taylor

La ciencia ha impuesto como debemos vivir. Dicha imposición está centrada en el cuerpo y en la individualidad. El ser humano está atravesado por los mandatos de la neurociencia, la psicología cognitiva y la informatización digital.

Pasamos a configurarnos como seres neurales conectados a la red digital, en un individualismo atroz que espera mejorarse con los performances físicos y virtuales que solo tiene que ver con uno mismo.

Lo social ha quedado relegado al subsuelo de los intereses propios de los modelos actuales. Sin embargo, nuestra subjetividad o construcción emocional está enraizada en la identificación con el otro, un otro que comienza a internalizarse desde la infancia. Una infancia que se ve ocupada por los artefactos tecnológicos nos ubica por fuera del vínculo con esos otros fundamentales para la constitución psíquica.

El predominio del performance físico-neuronal y digital nos aleja de la íntima relación con los demás y la naturaleza. El cambio climático del comportamiento está padeciendo los estragos de la indiferencia hacia el reconocimiento del otro.

No es casualidad que hoy en día dominen los modelos de desvalorización social, y que emerjan como zombies las estructuras ideológicas del razismo, la segregación y el odio desenfrenado de grupos extremistas religiosos o políticos.

El reconocimiento no es un halago como dice Taylor, es vital para la formación de nuestra identidad. La jerarquía de lo individual se ve reflejada en el predominio de poderes monárquicos disfrazados con una máscara democrática que socava la comprensión de las relaciones humanas.

La imagen del zombie buscando devorar al otro es un ejemplo del individualismo actual. El zombie no dialoga, solo quiere comernos como las horas transcurridas en el ámbito digital o el performance individual, o inclusive el tiempo de las políticas discriminatorias y antisociales.

El reconocimiento ha sido substituido por la ciencia y la tecnología planteando una manera de vivir distante y relegada a formatos económicos virtuales de control mental dominado por una razón instrumental, por una disolución de los horizontes morales, y una pérdida de la libertad por el afán de autodeterminación del yo.

Hay un desentendimiento de cuestiones que están por fuera del «yo zombie», como son los valores, la historia, la cultura, la familia, etc. Taylor refiere al respecto:

¿Puede hablarse razonablemente a las personas asentadas en un blando relativismo, o a quienes no parecen aceptar lealtad más alta que su propio desarrollo, a aquellos, por así decir, que parecen dispuestos a arrojar por la borda el amor, hijos o solidaridad democrática por el bien progreso de sus carreras».

La propuesta de Taylor para salir de esta encrucijada zombie es la sustitución de la noción de honor propia de la sociedad jerarquizada basada en la carnívora desigualdad por la noción de dignidad ligada al reconocimiento. No podemos encontrar reconocimiento en un zombie, en alguien determinado a autorealizarse sin palabras, y así mantener su auténtico ser zombie. Da la impresión que la política y el resto de los performance zombie lleva a los sujetos por este camino de la autorealización sin límites claros, de ahí el miedo que nos invade a la hora de las elecciones , ¿ hasta dónde o hasta cuándo estos zombies nos van morfar? ¿Hasta cuándo nos metemos adentro nuestro hasta convertirnos en zombies?

Agradecimientos a Agustín Moreno por la foto, quien además es uno de los creadores del movimiento Zombie Walk en Argentina.https://www.welcomeargentina.com/ciudadbuenosaires/zombie-walk-argentina.html


Referencia bibliografica: Racionalidad en la epistemología social y en la filosofía práctica, Fabiana Erazun.
Multiculturalismo y la política del reconocimiento, Charles  Taylor.

Diseño Portada: Germán Busin
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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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