Lejos quedaron las legislativas del 2017 que posicionaban a Martín Soria firmemente con vistas a la gobernación de Río Negro. Las excelentes elecciones que llevo a cabo María Emilia suponían para el FPV un paso adelante en ese camino. Sin embargo, el pasar del tiempo no edificó la candidatura del Presidente del PJ rionegrino, por el contrario la fue erosionando. Acercar a Magdalena Odarda no fue un acierto, sin territorio propio y con votantes fluctuantes, lo único tangible que les dejó la Senadora fue la bancada de su hijo en la legislatura.
La telenovela de Alberto Weretilneck y la justicia no fue en vano, fue metódica, permitió al Gobernador mientras contaba con la posibilidad de participar de los comicios posicionar al partido provincial a través de su nombre por encima de todos, pero una vez caída la posibilidad legal de presentarse, proyectar como candidato a un equipo con él fuera de la lista, pero presente como líder del partido.
En tiempos donde el convencimiento político no gana por las ideas sino por las necesidades, durante el año y medio entre las legislativas y los comicios de ayer, el Gobernador se encargó de tirar redes en toda la provincia y así fue ganando adhesiones con el uso del aparato del Estado como herramienta. Una metodología que Alberto supo aprovechar con creces.
Con casi el 75% de concurrencia a las urnas, la ignota candidata de JSRN obtuvo el 52% de los votos. Rio Negro vuelve a legitimar su posición en paridad de género dando un nuevo paso, el que faltaba, tendrá por primera vez una gobernadora.
Arabela Carrerasobtuvo más del 50 % de los votos por sobre un 35 % de Martín Soria en una elección que como se anticipaba estaba polarizada, tan polarizada que en la legislatura, casi en su totalidad, habrá representantes de JSRN y el FPV. Lorena Matzen desde la alianza Cambiemos estuvo lejos de los dos dígitos en una floja elección que seguro tiene en su análisis interno la falta de apoyo de los comités locales de la UCR y la negativa percepción que se tiene de la alianza que dirige el país. Como se preveía, el desmembramiento de los partidos de izquierda y la falta de unidad dividió ese 5% que suele alcanzar históricamente la izquierda en la provincia.
De las cuatro ciudades con mayor cantidad de votantes el candidato del peronismo solo ganó en su ciudad Gral Roca, sin embargo, con una diferencia de diez puntos menos en comparación con las elecciones del 2015. La jugada de JSRN de sumar un roquense como Alejandro Palmieri en la fórmula tuvo que ver en esto también. Era el espacio que le faltaba cubrir a Juntos, y lo hizo.
En la capital, un espacio donde Juntos se mueve hace ocho años la brecha fue enorme 60% frente a un 25% del FPV. En Cipolletti, origen del oficialismo, lo triplicó 64% sobre un 21%. Y en la ciudad de donde es oriunda la n ueva Gobernadora, Bariloche, el margen fue menor pero mantuvo la tendencia 46% sobre 34%. Los números hablan por sí solos.
Si leemos por departamento, en el Valle Inferior el partido provincial marcó una gran diferencia, doblegó la cantidad de votos frente al PJ(58% sobre 27%). Siendo este un buen dato ilustrativo de una tendencia que se manejó en toda la provincia, en la zona Andina JSRN se mantuvo 12 puntos por encima del PJ al igual que en la Zona Atlántica, en el total del Alto Valle la diferencia fue de 14 puntos, al igual que en la Línea Sur y el Valle Medio. Una verdadera paliza electoral que en la previa no se esperaba.
El PJ provincial, deberá debatir puertas adentro la reestructuración del partido, la lucha de poderes resquebraja la unidad. Buscar la voz de mando que baje la línea desde el cuartel y reordene el rebaño para que no se disperse, ese debería ser el objetivo de cara a lo que viene. Otro reflejo de como lo que ocurre a nivel nacional también lo absorbe la provincia, el peronismo siempre necesito una voz de mando, una sola, y hoy no la tiene.
Para el oficialismo: Un mandato más (el 3ro consecutivo), la consolidación del partido provincial (posiblemente 28 bancas en la legislatura), la imagen y figura de Alberto Werertilneck afianzada como líder en la provincia y la llegada por primera vez de una mujer a la gobernación rionegrina es lo que le dejan estas elecciones.
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
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