En el marco de los controles de prevención vial realizados por la Direccion de Tránsito Municipal en conjunto con la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) y la comisaria 5ta de la ciudad, se constataron diferentes infracciones de tránsito.
Se retuvieron 16 vehículos por alcoholemia superior a 0,50 gs de alcohol en sangre. La más alta fue de 2,67 gs. Se labraron 65 infracciones por diferentes faltas y se realizon 54 constataciones con alometro, que arrojaron una medición inferior a 0,50 gramos de alcohol en sangre.
Se trabajó en conjunto con dos Unidades dependientes de la Policía de Río Negro, con el objetivo de prevenir siniestros viales por consumo de bebidas alcohólicas a la hora de conducir un vehículo en el ejido urbano.
Se solicita a la comunidad que evite el consumo de alcohol si van a conducir y que se respeten estrictamente las normas de tránsito.
El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sigue figurando como director titular de YPF, una semana después de haber dejado su cargo. La petrolera estatal no aclara si continúa cobrando los honorarios millonarios aprobados en abril de 2024, mientras el Gobierno recorta fondos a jubilados y universidades. Un caso que que vuelve a desnudar los privilegios de los funcionarios del mileísmo.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El misterio del salario de Guillermo Francos se transformó en uno de los temas más comentados de la semana. Tras su salida del Gabinete el 3 de noviembre, el ex ministro todavía figura en los registros oficiales de YPF como director titular Clase A, en representación del Estado nacional. La empresa, sin embargo, no confirma ni desmiente si continúa cobrando el salario de 70 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con la austeridad que el propio Milei dice imponerle al país.
La noticia, publicada por La Política Online el 10 de noviembre, generó un fuerte revuelo y reabrió un viejo debate sobre los privilegios dentro del gobierno libertario. En paralelo, el periodista Nicolás Valdez, desde el portal EnOrsai, recordó que los honorarios fueron aprobados durante la asamblea de abril de 2024, cuando el directorio —integrado por Nicolás Posse, María Ibarzábal, Rolandi y el propio Francos— multiplicó por cinco los montos anuales, pasando de 2.000 a más de 10.000 millones de pesos. Cada director pasó así a percibir un equivalente a 70.000 dólares mensuales, al tipo de cambio blue de entonces. Todo esto, en plena prédica del “no hay plata”.
Durante su etapa como funcionario, Francos había presentado documentos asegurando que renunciaba a cobrar esos honorarios, percibiendo únicamente su sueldo como ministro. Pero ahora, sin cargo público, su permanencia en el directorio reaviva las sospechas. Consultadas por LPO, fuentes de YPF se limitaron a responder: “No sabemos”.
El silencio oficial y la doble moral libertaria
Desde el Ejecutivo dejaron trascender que Francos “no está obligado a renunciar” a su puesto en la petrolera, lo cual deja abierta la puerta a que siga cobrando. La justificación, sin embargo, choca de frente con el discurso del ajuste. Mientras jubilados, docentes y personas con discapacidad ven recortados sus recursos, los funcionarios cercanos al poder parecen moverse con impunidad. Una vez más, la motosierra no corta para arriba.
La situación se vuelve más incómoda todavía porque Lisandro Catalán, ex secretario del Interior y mano derecha de Francos, ya solicitó ocupar su asiento en el directorio de YPF. Es decir, mientras nadie aclara si el ex ministro sigue cobrando, ya hay cola para sucederlo. La escena revela con crudeza la lógica interna del mileísmo: predican el ajuste, pero se reparten los privilegios.
El “salariazo” que destapó la hipocresía
El tema de los sueldos de YPF no es nuevo. En abril, los diputados Itai Hagman y Marcela Pagano habían denunciado el “salariazo” del directorio, cuestionando que se duplicaran y triplicaran los ingresos de sus miembros mientras se desfinanciaban las áreas sociales del Estado. En ese momento, Francos se defendió mostrando un certificado que acreditaba que no cobraba honorarios. Pero ahora, sin esa restricción funcional, la falta de una renuncia formal mantiene todo en un limbo que nadie parece querer despejar.
La contradicción es evidente: el gobierno de Milei ajusta al pueblo, pero protege a sus propios funcionarios. En nombre del “orden fiscal”, despide trabajadores estatales, congela salarios y recorta presupuestos, pero se muestra incapaz de aclarar si uno de sus hombres fuertes sigue cobrando millones de una empresa estatal.
Transparencia ausente, privilegios presentes
La permanencia de Francos en YPF expone una falla estructural: la opacidad en la gestión de las empresas públicas bajo el actual gobierno. El 51% de YPF pertenece al Estado, lo que convierte cada decisión, cada sueldo y cada designación en una cuestión de interés público. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales y la ambigüedad del Ejecutivo sólo alimentan la desconfianza.
Mientras Milei insiste en que “no hay plata”, el caso Francos se convierte en una metáfora del doble estándar moral del mileísmo. Hay plata, pero para los amigos del poder.
La pregunta sigue abierta y nadie parece dispuesto a contestarla: ¿Guillermo Francos sigue cobrando de YPF? En la empresa dicen no saberlo. En el gobierno prefieren callar. Y el silencio, como siempre, vale más que cualquier explicación.
En el pasado las guerras se peleaban por religión, territorio y recursos naturales. Y se peleaban con soldados, ejércitos y tanques. Hoy en día algunas de esas viejas guerras sobreviven en países periféricos, pero en los más poderosos, los que disputan el poder global, se combate de otra manera. La conquista de tierras y recursos, así como la imposición de un credo religioso, han pasado a ser objetivos secundarios. Ahora las guerras globales son guerras de información.
Las armas de fuego y los soldados han quedado obsoletos. Ahora se combate con computadoras. Se ataca con drones y misiles teledirigidos, con virus cibernéticos, con satélites-espía, con armas biológicas. Se copian bases de datos, se encriptan secretos, se compite en un valetodo por el acceso a la información que permita llegar primero al nuevo desarrollo tecnológico. En la Era de la Información en que vivimos el acceso al conocimiento es el commodity más valioso. Si Juan tiene cinco pozos de petróleo y Pedro no tiene petróleo pero tiene acceso a las cuentas bancarias de Juan, Pedro tiene poder sobre Juan.
En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones son las bombas atómicas del siglo XXI. Sus ondas se expanden por todo el planeta y hacen temblar a gobiernos y empresas multinacionales. Las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China, y viceversa.
En el caso del llamado Cablegate de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el exespía Edward Snowden, Estados Unidos salió debilitado y por lo tanto sus rivales resultaron fortalecidos. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers favoreció a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpeaban al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos del jerarca chino Xi Jinping, pero no tocaban de cerca a ningún funcionario estadounidense importante.
Claro que estas megafiltraciones globales se disparan en mil direcciones y terminan produciendo un daño colateral considerable en terceros países, incluso en aliados importantes de las superpotencias que, a priori, emergen como las beneficiarias de la megafiltración. Pero no parece casual que así como altos funcionarios de los Estados Unidos denunciaron las filtraciones de WikiLeaks y Snowden como actos de terrorismo en la forma de operaciones de inteligencia vinculadas con Rusia, del mismo modo, Putin y Xi denunciaron que la filtración de los Panama Papers fue una maniobra de inteligencia de los Estados Unidos para perjudicar a sus países.
La mirada de los jefes de Estado acerca de las megafiltraciones tiende a ser demasiado lineal. Revelar secretos estratégicos vinculados a la corrupción o el abuso en un país tiene el doble efecto de debilitarlo en términos de defensa vis a vis sus rivales, pero a la vez de fortalecer su funcionamiento democrático al permitir la libre circulación de esa información.
Pero hay que decirlo: los gobiernos, especialmente los de Estados Unidos y Gran Bretaña, son los mayores filtradores de información de todo el mundo. Prácticamente a diario utilizan filtraciones o fuentes anónimas como herramientas de difusión de documentos o informaciones que no pueden revelar oficialmente por razones legales, políticas o lo que fuere, pero cuya publicación puede favorecer los intereses de los filtradores, por ejemplo dañando la imagen de sus adversarios. Llama la atención, porque son precisamente los países que han estado detrás de la criminalización de algunos de los filtradores más conocidos. Pero tiene su lógica. Los gobiernos ejercen un control de las filtraciones al defender las que los favorecen bajo la bandera de la libertad de expresión y perseguir las que los perjudica argumentando violaciones a la privacidad y a la seguridad nacional.
No solo eso. Los gobiernos financian filtraciones. Es más, Estados Unidos y Gran Bretaña son los principales financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del Proyecto de Reportajes de Crimen Organizado (OCCRP), las dos principales plataformas de filtraciones de la última década. No parece casual que estas plataformas, que han publicado decenas de filtraciones de impacto mundial, casi no se han ocupado de investigar a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y que mientras el ICIJ se ha especializado en filtraciones de China, OCCRP se ha destacado por sus filtraciones de Europa del este. Tampoco parece casual, en estos tiempos de guerra informativa pero también de motosierra, que mientras los gobiernos recortan gastos en medios y agencias informativas oficiales, el financiamiento de ciertas plataformas de filtraciones se mantiene, al igual que el de los servicios de inteligencia que muchas veces se encargan de producir las filtraciones que esas plataformas publican. Y tampoco parece casual que mientras algunas plataformas como WikiLeaks o The Intercept han sufrido el encarcelamiento de sus filtradores, OCCRP y ICIJ nunca han padecido la persecución de la justica estadounidense o británica.
Aun así, los Estados no controlan todas las filtraciones. En el caso de la plataforma WikiLeaks, tuvieron que meter preso a su editor Julian Assange para callarla. Pero cuando lo lograron el daño ya estaba hecho: millones de documentos secretos, incluyendo partes de guerra y cables diplomáticos, salieron a la luz revelando torturas, asesinatos, y diversas y masivas violaciones de derechos humanos y abusos de poder de Estados Unidos en todo el mundo. WikiLeaks también ha publicado información que ha enfurecido al gobierno chino, como las claves secretas de sus firewalls de censura online, y que hizo pasar vergüenza al gobierno ruso, como la correspondencia de altos funcionarios con su aliado y entonces dictador sirio Hafez Al Asad y la lista de spyware de las empresas de ese país. Y hasta ahora no se ha conocido prueba alguna que sugiera que WikiLeaks trabaja para algún gobierno.
El avance de la tecnología también conspira contra el control estatal de las filtraciones. En particular, la vida útil de las plataformas de filtraciones parece estar llegando a su fin.Ya no hace falta acudir a un intermediario para que publique documentos preservando el anonimato del filtrador. Cada vez más, la tecnología permite publicar de forma anónima en redes sociales, salones de chat, nubes y sitios varios. Además, cada vez más filtradores eligen prescindir del anonimato que ofrecen las plataformas especializadas y exponerse a las consecuencias jurídicas. Los Discordleaks de 2023, una de las últimas grandes filtraciones, referida a documentos militares estadounidenses, se publicaron en un sitio de chats y entretenimientos. El filtrador, Jack Texeira, no había hecho mucho por borrar sus huellas. Fue rápidamente detenido, encarcelado y condenado.
Desde la detención de Assange en 2019 y el juzgamiento criminal de filtradores (whistleblowers, en inglés) como Chelsea Manning, Reality Winner, Herve Falciani, Katherine Gun, Rui Pinto, Daniel Hale o el mayordomo de Juan Pablo II ha disminuido el aporte de individuos como ellos que, por razones morales, económicas, psicológicas, o lo que sea, deciden filtrar información, valiéndose de sitios como WikiLeaks, The Intercept o el ICIJ. Las nuevas filtraciones por lo general provienen de grupos de hackeo vinculados a corporaciones estatales que filtran información por razones políticas. Así sucedió con los mails de Hillary Clinton en 2016, obtenidos por un grupo de hackers rusos vinculados al Kremlin, Gucifer 2.0.También con los Sonyleaks de 2014 filtrados por los Guardianes de Paz, un grupo de hackers vinculados al gobierno de Corea del Norte. Otras filtraciones de origen desconocido parecen contar con el guiño, la aprobación, o la protección legal de Estados o gobiernos. Por ejemplo, las sucesivas filtraciones sobre los campos de concentración chinos de la minoría Ughur en la provincia de Sinkiang, donde fuentes no reveladas operando en China proveían de documentos sensibles a periodistas norteamericanos. Algo similar sucedió con la filtración de las llamadas de soldados rusos interceptadas por inteligencia ucraniana que en septiembre de 2022 publicara el New York Times. También está el caso de filtraciones como los Panama Papers, los Paradise Papers, los Offshore leaks o los China leaks, que podrían formar parte de una campaña secreta de Estados Unidos para acabar con los paraísos fiscales fuera de ese país. ¿Por qué? Porque tras esas publicaciones, el supuesto robo de información a poderosos estudios de abogados de todo el mundo pasó prácticamente desapercibido y nadie parece haber investigado las fuentes del hackeo, cuando en otras filtraciones la fuente fue rápida y agresivamente rastreada, identificada y criminalizada. Y no deja de llamar la atención que el principal paraíso fiscal del mundo, el estado de Delaware, Estados Unidos, nunca fue objeto de una filtración, al menos hasta ahora.
No es fácil hacer periodismo en tiempos de guerra. Y al periodismo de filtraciones le caben las generales de la ley. La publicación de documentos originales lo protege de la mentira y que esos documentos hayan sido secretos reafirma su valor informativo. Pero ninguna filtración es virgen de operaciones políticas, intereses cruzados o manipulaciones mediáticas. Nadie revela un secreto sin intención. Por eso no es aconsejable convertirse en sommelier de filtraciones. La información puede venir de un funcionario poderoso, de un empresario estafado, de un empleado enojado, de un espía, un loco o un idealista. A los efectos de su publicación no importa. Si el documento es verdadero y de interés público, el deber del periodista es darlo a conocer.
Una cultura que rechaza al “buchón”
Argentina no es un país prolífico en filtraciones, más allá de la habitual publicación de documentos judiciales bajo secreto de sumario filtrados por abogados de las partes o funcionarios judiciales para influenciar la cobertura periodística de casos resonantes, como en la filtración de las imágenes que mostraban las lesiones sufridas por la ex primera dama Fabiola Yañez, extraídas del expediente en el que acusa de violencia doméstica al expresidente Alberto Fernández. Tampoco es inusual que en el mundo de la farándula algún amante despechado filtre un chat, o que en política pase lo mismo con algún expulsado del poder.
En cambio, las filtraciones más voluminosas tienden a ser escasas y las que existen parecen ser obra de los servicios de inteligencia o, al menos, han sido reveladas o promovidas por políticos y periodistas vinculados a ese mundo. Es el caso de la filtración conocida como Lago Escondido, de noviembre de 2022, que muestra un contubernio entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios y espías que habría derivado en la comisión de los presuntos delitos de dádivas, tráfico de influencias y encubrimiento. También sería el caso en la filtración de fotos y videos de las reuniones secretas entre legisladores de La Libertad Avanza y reos convictos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza a principios de 2024.
Sin embargo, como sucede en el resto de Sudamérica, aquí escasean las filtraciones generadas por individuos que buscan promover la transparencia en los negocios y actos de gobierno, así como el libre acceso a la información. En eso estamos retrasados con respecto a los demás países de Occidente. La batalla cultural en nuestra región y en nuestro país recién empieza, demorada seguramente por nuestros sesgos corporativistas: el misterio católico, la omertá mafiosa, el fanatismo por la camiseta, la política aluvional. Nuestra tradición cultural nos invita a tener “códigos”, a no ser buchón. Pero ese folklore atenta contra la idea de mostrar y conocer lo que el poder oculta. Y lleva a confundir un acto de autodefensa democrática con una traición.
La prehistoria
La primera megafiltración de la historia fue conocida como los Papeles del Pentágono y fue posible gracias a la aparición de un desarrollo tecnológico que hoy quedó atrás pero que en su momento revolucionó el modo de compartir documentos: la fotocopiadora. Se trata de un estudio secreto encargado en 1967 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a la ONG especializada en temas militares RAND Corporation sobre la historia del involucramiento político y militar de los Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967.En total, 4000 páginas de documentos oficiales y 3000 de análisis histórico, dividido en 47 tomos, escrito y compilado por 36 analistas —mitad militares en actividad y mitad académicos y empleados estatales—, cuyo contenido principal publicaron los diarios The New York Times y The Washington Post en 1971.
El estudio reveló que sucesivos gobiernos mintieron a los estadounidenses acerca de lo que sabían sobre los riesgos y los costos de la guerra, presentándoles un panorama que subestimaba la gravedad de la situación mientras escalaban su involucramiento bélico. Por entonces la guerra se había empantanado en un cuadro que requería cada vez más apoyo militar estadounidense para sostener un conflicto en el que la victoria se hacía cada vez más inalcanzable. Mientras tanto, 58.000 soldados estadounidenses (y entre 800.000 y tres millones de vietnamitas) habían muerto en el campo de batalla, el país estaba sumido en un intenso debate sobre la guerra y el movimiento pacifista crecía en ciudades y universidades, impulsado por tendencias culturales como la filosofía hippie y la batalla cultural, política y social en favor de los derechos civiles.
Los papeles fueron filtrados por el analista militar Daniel Ellsberg, un exmarine nacido en Chicago y doctorado en economía en la universidad de Harvard. Llegó al Pentágono en 1964 a trabajar en la Oficina de Seguridad Internacional y tres años más tarde fue enviado Vietnam, donde estuvo dos años como observador del Departamento de Estado. Lo que vio y aprendió marcó su vida para siempre. Al regresar a Estados Unidos fue contratado por RAND y empezó a volcar sus experiencias y reflexiones sobre los Papeles del Pentágono.
El trabajo nunca llegó al despacho del presidente. El secretario de Defensa que lo encargó, Robert MacNamara, renunció en febrero de 1968 durante la presidencia de Lyndon Johnson, y su sucesor Clark Clifford recibió los papeles un año después, y cinco días antes de la asunción de Richard Nixon.Clifford luego admitiría que nunca los leyó. Ellsberg dejó Rand en 1969, se incorporó al Instituto de Estudios Internacionales de la universidad MIT en Boston y empezó a participar en manifestaciones pacifistas. Lo desesperaba saber que las 14 copias que se hicieron del estudio juntaban polvo en distintas oficinas del Departamento de Defensa y de RAND. Entonces fue a ver a cuatro senadores pero uno tras otro se negaron a incluir los papeles en el registro de actuaciones del Congreso. El último de ellos le sugirió a Ellsberg que le mostrara su trabajo a un periodista y así surgió la idea de la filtración.
A fines de 1969 Ellsberg y su colaborador Anthony Russo, también exempleado de RAND, se pasaron varias semanas sacando y devolviendo los papeles, tomo por tomo, de una de las dos copias del informe en poder de la ONG. Esa copia había sido archivada en la sede de RAND de Santa Mónica, un suburbio de Los Angeles, y por su trabajo previo ambos analistas tenían pases del gobierno que les permitían acceder al material clasificado.
Fotocopiar los papeles no fue una tarea fácil. Llevaban el sello de “top secret” y no era cosa de andar por la calle mostrándolos a cualquiera así nomás. Por eso el trabajo se hizo de noche en una fotocopiadora Xerox de una agencia de publicidad en la avenida Melrose de Los Angeles cuya dueña era una señora llamada Lynda Sinay, amiga de Russo. Fue un trabajo arduo que insumió noches enteras durante semanas, ya que había que hacerlo de forma manual página por página.
Las fotocopiadoras se habían empezado a comercializar en 1961 y aún no habían desarrollado capacidades para automatizar la reproducción continua. Al comienzo eran mamotretos que ocupaban un área de 107 centímetros de alto por 117 de ancho por 114 de fondo y pesaban 294 kilos. Costaban 30.000 dólares y la empresa Xerox tenía el monopolio, a tal punto que el verbo “fotocopiar” se traduce en inglés a la frase “to xerox”. Las primeras máquinas venían con un matafuegos porque solían recalentarse y eventualmente incendiarse. Aun así eran capaces de reproducir un documento cada siete segundos, casi un milagro para la época.
En la agencia de publicidad de la avenida Melrose la fotocopiadora no era distinta a las demás. Ante semejante volumen de material secreto y las largas horas de uso que insumía reproducirlo la máquina solía recalentarse y hubo que repararla varias veces, estirando los tiempos de los filtradores. Conscientes del riesgo, Ellberg y Russo usaban guantes para no dejar huellas digitales y no empezaban a fotocopiar hasta que estuvieran solos, con la agencia cerrada.
En marzo de 1971 Ellsberg visitó en su casa de Washington DC al periodista del New York Times Niel Sheehan, a quien conocía de Vietnam, para ofrecerle los papeles. Sheehan no dudó. Viajó a Boston, a la casa de Ellsberg, donde el analista tenía guardada su copia. Con su anuencia, fotocopió los papeles en distintas tiendas de fotocopiado de la ciudad, cuidándose de cambiar seguido de locación para no ser detectado.
Los Pentagon Papers empezaron a publicarse en el New York Times el 13 de junio de 1971.Posteriormente el Washington Post se sumó a las publicaciones. El gobierno de Nixon intentó frenarlas en la justicia pero la Corte Suprema falló a favor de los diarios. También denunció a Ellsberg y Russo bajo la Ley de Espionaje de 1917, una legislación creada poco después de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial con el objetivo de prohibir la “transmisión” de información relacionada con la defensa nacional con la intención de perjudicar a EE.UU.o beneficiar a una nación extranjera, la interferencia en operaciones militares, la promoción de la insubordinación en las fuerzas armadas y la retención, divulgación o el manejo incorrecto de documentos clasificados que puedan dañar la seguridad nacional. Acusados de robo, conspiración y divulgación de información clasificada, Ellsberg y su asistente enfrentaron cargos de hasta 113 años en prisión. Sin embargo, en un fallo histórico, el caso fue desestimado por el juez William Byrne Jr. debido a irregularidades graves por parte del gobierno de Nixon, como escuchas telefónicas ilegales, un allanamiento a la oficina del psiquiatra de Ellsberg y la oferta de un cargo en el FBI al juez para influir en el proceso. Tras el juicio, Ellsberg dedicó su vida al activismo pacifista, luchando contra la proliferación nuclear y defendiendo la libertad de expresión.
En 1971, para buena parte de la opinión pública, Ellsberg era un villano, un traidor a los jóvenes que habían dado sus vidas en Vietnam. Henry Kissinger, quizás el político más popular en ese momento, se refirió a Ellsberg como “el hombre más peligroso de América” y afirmó que “debía ser detenido a toda costa”. Pero con el paso de las décadas la figura pública del filtrador de los Papeles del Pentágono se transformó y de villano pasó a héroe. Publicó más documentos clasificados, incluyendo información sobre la estrategia nuclear de EE.UU.durante la Guerra Fría, que había copiado junto con los Papeles del Pentágono. Reveló en su libro The Doomsday Machine (2017) que los documentos más significativos que tuvo, relacionados con la planificación nuclear, nunca se publicaron y terminaron perdidos en un vertedero tras un huracán. Fue un crítico constante de las intervenciones militares de Estados Unidos, abogó por la transparencia gubernamental y fue cofundador de la Freedom of the Press Foundation.En 2006 recibió el Premio Right Livelihood por su valentía, y en 2018, el Premio Olof Palme por su humanismo y coraje moral.Murió en 2023 a los 92 años en su casa de Seattle, víctima de un cáncer de páncreas.
Ellsberg dedicó los últimos años de su vida a apoyar a otros filtradores como Chelsea Manning, Edward Snowden y Julian Assange; los consideraba héroes, por exponer abusos gubernamentales. Sin embargo, buena parte del periodismo ignoró estos apoyos e intentó usar el prestigio que había alcanzado Ellsberg para trazar un contraste entre filtradores supuestamente buenos como él y filtradores supuestamente malos como Assange, Manning y Snowden .Curiosamente, el mismo proceso de demonización se repetiría medio siglo después cuando Jack Texeira reveló documentos secretos del Pentágono en la llamada Discordleaks. Esta vez Texeira vendría a ser el filtrador irresponsable y desequilibrado mental, en comparación con filtradores supuestamente serios como Assange y compañía.
La publicación de los Papeles del Pentágono marcó el comienzo de la Edad de Oro del periodismo, cuyo hito más alto fue la investigación del caso Watergate, publicada por el Washington Post en 1973, que derivó en la renuncia de Nixon y consolidó la reputación del periodismo como un contrapoder independiente capaz de voltear presidentes y cambiar el rumbo político de un país. Esa Edad de Oro no sobrevivió el cambio de siglo .A medida que los procesos de concentración económica llevaron al surgimiento de los grandes conglomerados mediáticos con ramificaciones en distintos mercados infocomunicacionales, el periodismo tradicional fue perdiendo ese lugar de contrapoder contestatario para transformarse en la cara amable, supuestamente objetiva y profesional, de grandes corporaciones privadas y estatales.
Después del juicio a Ellsberg pasaron más de dos décadas para que el gobierno de Estados Unidos volviera a usar la Ley de Espionaje para enjuiciar a filtradores que le pasaron información a periodistas. El quiebre fue el atentado del 9-11.A partir de entonces, el fiscal general de George Bush hijo presentó cargos contra tres filtradores, cifra que el fiscal general de Obama llevó a nueve. La cifra de filtradores acusados de traición bajó a dos o tres casos durante la primera presidencia de Donald Trump, pero con el agravante de que su fiscal general logró penas y condiciones más duras que sus predecesores para los filtradores detenidos y además fue el primer gobierno en enjuiciar ya no a una fuente, sino a un periodista, Julian Assange, bajo la Ley de Espionaje. En su segundo mandato Trump aún no ha usado la Ley de Espionaje contra el periodismo o sus fuentes, pero su gobierno recién comienza y el mandatario ya impulsó medidas para castigar la filtración de información clasificada, amén de denostar y amenazar a varios periodistas. El gobierno de Biden tuvo la virtud de no perseguir a las fuentes de filtraciones con la Ley de Espionaje, salvo el caso de Texeira, recientemente condenado a 15 años de prisión. Pero durante todo su mandato mantuvo la injusta acusación de espionaje en contra de Assange hasta que pocos días antes de dejar el gobierno alcanzó un acuerdo judicial. El acuerdo consistió en dar por cumplida la pena de Assange por los seis años que había pasado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Gran Bretaña, aguardando la finalización de su juicio de extradición a Estados Unidos, a cambio de que el periodista se declarase culpable de un cargo de violar la Ley de Espionaje, acuerdo que le permitió recuperar su libertad y mudarse a su Australia natal con su esposa y dos hijas.
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El préstamo de USD 20.000 millones que estaba estructurando el JP Morgan se cayó. Ahora el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, intenta que ese banco junto al Citigroup y el Bank of America le consigan un prestamo repo de USD 5.000 millones.
La noticia, que golpea abajo de la línea de flotación al equipo económico, fue confirmada por el Wall Street Journal, en base a fuentes directas de los bancos involucrados en la operación.
La urgencia de Caputo por cerrar un repo de USD 5.000 millones tiene un destino claro: en enero próximo tiene que pagar vencimientos por USD 4.000 millones y como él mismo reconoció, no tiene los dólares.
El Wall Street Journal reveló que Caputo está prometiendo devolver rápido esos USD 5.000 millones, con la idea que pronto empezará a bajar el riesgo país -este jueves subió- y entonces le ofrecería a esos mismos bancos el negocio de emitir deuda soberana y pagarse el repo. «Sin embargo, las entidades quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento», advierte el diario rector de Wall Street.
El préstamo que iba a estructurar el JP Morgan fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte del salvataje de la administración Trump a Milei antes de las elecciones, que incluyó el anuncio de un swap del Tesoro con el Banco Central por otros USD 20.000 millones, que tampoco termina de concretarse.
La urgencia de Caputo por cerrar un repo de USD 5.000 millones tiene un destino claro: en enero próximo tiene que pagar vencimientos por USD 4.000 millones y como él mismo reconoció, no tiene los dólares.
Luego que Bessent anunciara el préstamo del JP Morgan, el CEO de ese grupo, Jamie Dimon, empezó a enfriar las expectativas ante el presente griego que le giraba el Tesoro. Con cuidado de no dejar expuesto al secretario del Tesoro, Dimon empezó a darle largas al asunto y a exigir garantías, cada vez en voz más alta, para prestarle semejante montaña de dólares a un incumplidor serial como la Argentina.
Inicialmente, Caputo había intentado que el Tesoro respaldara ese préstamo con los DEGs que tiene del FMI, como reveló LPO, pero la administración de Trump se negó a dar ese paso. En su lugar, intervino directamente en el mercado spot de Buenos Aires vendiendo dólares antes de ls elecciones por más de USD 2.000 millones, para planchar su precio.
Una vez que Milei ganó las elecciones, el Tesoro se desprendió de sus pesos, se supone colocados en una letra que le dio Caputo; y se embolsó la diferencia del carry trade. Ante el total oscurantismo de Caputo en torno a este operación, no se sabe como continúa el swap ni que porción de este se puede utilizar, si es que se puede.
El repo puede ayudar a Caputo a pasar el mal trago y ablandar el escepticismo del mercado, que se expresa en la renuncia a la baja del riesgo país y el dólar. Pero un importante operador que habla con el equipo económico, afirmó a LPO: «El repo pueden conseguirlo, pero el mercado está esperando que junten reservas».
El poder aglutina. Es una máxima que sin dudas rige la realidad y la política. El poder define un lugar, todos y todas buscando un espacio. Estar cerca de lo que les permitiría el acceso a aquello que quieren (un empleo, dinero, privilegio, visibilidad). En general esto sucede con los oficialismos, se rodean de gente…
El vicepresidente primero del Senado Bonaerense Luis Vivona estuvo presente en el cierre de las Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial «Jueces por la Paz», realizadas en las instalaciones del Club Atlético River Plate.
Allí acompañó a jueces de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay y Paraguay, quienes participaron de actividades deportivas pensadas para fortalecer lazos, promover el diálogo y consolidar una justicia más cercana.
Durante los encuentros se dio a conocer la tabla de posiciones general, donde Argentina obtuvo el primer puesto, seguida por Brasil, Chile, Paraguay y Colombia.
Vivona destacó el valor simbólico del deporte dentro de espacios institucionales que buscan unir y darle continuidad a proyectos regionales de integración: «Como en la primera edición del año pasado, quise volver a acompañar estas jornadas porque creo profundamente en cada iniciativa que utiliza el deporte como herramienta de encuentro y de paz», dijo el senador.
«El deporte nos une y nos permite construir vínculos que fortalecen a nuestras instituciones y a nuestra comunidad judicial», agregó.
Además, Vivona reconoció el trabajo del Dr. Claudio Fede, juez de Cámara y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Martín, quien impulsa este espacio por segundo año consecutivo: «Celebro el compromiso de quienes organizan y participan, porque estas instancias generan identidad, cooperación y crecimiento colectivo», afirmó.
A su vez, Claudio Fede, destacó el valor del encuentro: «Nadie se salva solo en la vida, por eso trabajamos en conjunto. Todo esto es generar un sentido de identidad para que nadie nos pare y sigamos creciendo y acompañando el deporte».
El encuentro también contó con declaraciones de referentes judiciales de distintos países.
Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces de Paraguay, sostuvo: «Felicito a todo el equipo por la organización y por el compromiso institucional que tomamos todos los países».
En tanto, Oswaldo Ordóñez Alcántara, juez Superior de Perú, remarcó: «El objetivo de todo esto es conseguir la paz, la justicia por la paz».
El senador Vivona reafirmó su compromiso con estos espacios: «Vamos a seguir apoyando todo lo que promueva integración, paz y cooperación entre países hermanos. Cuando trabajamos juntos, nadie nos detiene».
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