En el marco de los controles de prevención vial realizados por la Direccion de Tránsito Municipal en conjunto con la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) y la comisaria 5ta de la ciudad, se constataron diferentes infracciones de tránsito.
Se retuvieron 16 vehículos por alcoholemia superior a 0,50 gs de alcohol en sangre. La más alta fue de 2,67 gs. Se labraron 65 infracciones por diferentes faltas y se realizon 54 constataciones con alometro, que arrojaron una medición inferior a 0,50 gramos de alcohol en sangre.
Se trabajó en conjunto con dos Unidades dependientes de la Policía de Río Negro, con el objetivo de prevenir siniestros viales por consumo de bebidas alcohólicas a la hora de conducir un vehículo en el ejido urbano.
Se solicita a la comunidad que evite el consumo de alcohol si van a conducir y que se respeten estrictamente las normas de tránsito.
En la madrugada del día de hoy en el hospital Francisco López Lima de General Roca se realizó el décimo operativo de donación del año en la provincia. Gracias a la familia de un jóven reginense, fallecido luego de sufrir un accidente vial, que tomó la decisión de donar sus órganos lograron salvar la vida…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar del segundo encuentro de ‘Cine en mi barrio’. En este caso, se proyectará ‘Los Croods 2’, comenzando hoy viernes a las 21 en barrio Gardín y el domingo 31 en Businelli. Se invita a los vecinos a participar, llevando reposera y tapabocas,…
La Municipalidad de Villa Regina informa que durante los días 5 y 6 de noviembre se desarrollará el Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball, organizado por el Consejo Local para la Personas con Discapacidad. El mismo se disputará en el polideportivo Cumelen y la ciudad estará representada por el equipo ‘La Perla…
Hace semanas que Corrientes está en llamas: se quemaron esteros, árboles, campos. Más de medio millón de hectáreas se perdieron en la provincia, hablamos de uno de los humedales más importantes de Argentina. Debería ser tapa de los diarios nacionales de todos los días y no lo es. Al menos no fue así hasta este…
El Congreso vuelve a ser escenario de un debate que lleva décadas en la Argentina. Pero esta vez, la discusión se produce bajo un formato inédito: Diputados lo trató en sesiones extraordinarias y sin convocar a audiencias públicas. En apenas 48 horas dio media sanción a un proyecto que reforma la ley vigente permitiendo que un adolescente pueda ser castigado penalmente a partir de los 14 años, con un tratamiento que en ciertos aspectos equipara y aún agrava los castigos a los adultos. Así llegó al proyecto al Senado.
El apuro, se argumenta, es generado por la emergencia de “menores homicidas” que ponen en riesgo la seguridad nacional. Así, se clausura de manera abrupta un debate social construido desde el regreso de la democracia y, especialmente, a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución en 1994. Desde entonces, se presentaron más de 100 proyectos de reforma del régimen penal juvenil. Las controversias siempre se enfocaron en dos ejes: ¿qué sentido imprimirle a la reforma? ¿Cuál debería ser la edad de inicio de la responsabilidad penal, hasta ahora fijada en 16 años?
La escena legislativa actual no sólo desconoce y descarta esa trayectoria de discusiones, sino también los debates y argumentaciones que alojó ese mismo Palacio en la última década, cuando en 2017, 2019 y 2024 se realizaron sendas audiencias públicas sobre el tema. Entonces, por el Congreso desfilaron juristas, instituciones especializadas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, iglesias, sindicatos de maestras/os y trabajadores estatales de niñez, referentes de organizaciones territoriales, universidades y especialistas de distintas profesiones -pediatras, psicólogos, cientistas sociales y neurocientíficos-, así como también víctimas y familiares de hechos delictivos protagonizados por adolescentes. Los propios chicos y chicas, organizados en centros de estudiantes y organizaciones sociales y artísticas, llevaron al recinto lenguajes propios, por ejemplo, un rap contra de la baja de la edad penal cantado por ellos mismos. En cada presentación la mayoría fue rotunda: ninguna reforma debería incluir la baja de edad de punibilidad ni el endurecimiento de las penas. La manera más eficiente de abordar a los adolescentes de hasta 15 años que cometen delitos es trabajar comunitariamente y desde las áreas educativas y sociales del Estado, por fuera del sistema penal.
Esta vez, sólo los familiares de víctimas fueron convocados a último momento a dar su testimonio ante los legisladores. Pero no fueron todas las víctimas, sino sólo aquellas que están a favor del proyecto oficialista. Apelando a la exacerbación de la conmoción y el horror, se configura una escena con actores que parecen contrapuestos: “las víctimas” (y la identificación de todas las personas “de bien” con esta posición) versus los “menores homicidas”, al acecho de la sociedad. Como si los derechos de unos y otros fueran incompatibles, la escena se inscribe en una larga gramática histórica y la actualiza: la criminalización de las infancias populares y su exclusión de la infancia “normal”.
***
En la Argentina, los delitos cometidos por personas menores de edad vienen bajando de manera sostenida. Según un relevamiento de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales en todo el país pasó de 7.169 en 2015 a 4.068 en 2024, lo que representa en la actualidad el 0,06 por ciento del total de los adolescentes argentinos. El porcentaje de hechos cometidos en relación a la cantidad total de delitos también desciende de manera permanente y pronunciada: en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población de niños y adolescentes, el Ministerio Público indica que las investigaciones penales a personas de 16 y 17 años (hoy punibles) constituían el 4,34 por ciento en 2009 , mientras que en 2024 representaron el 2,05 por ciento del total de delitos investigados. Además, la mayoría de estos delitos (el 84 por ciento) son contra la propiedad; por ende, de menor violencia y gravedad.
La incidencia de los adolescentes de 15 años o menos sobre los delitos graves, es aún más baja: por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo un solo homicidio cometido por una persona de menos de 16 años según un informe realizado por el Consejo de la Magistratura, y en provincias como Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no hubo ni un caso entre el 2017 y el 2024, según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una mirada al contexto internacional completa el panorama: en América Latina, según datos de Unicef, los países que bajaron la edad de punibilidad hace décadas son los que cuentan actualmente con mayor tasa de homicidios; la Argentina en cambio, manteniendo la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas: es decir, tiene un nivel mayor de seguridad.
En base a estos datos, un visitante ajeno a las discusiones locales podría tomar el caso argentino como un modelo exitoso en relación al delito adolescente. ¿Por qué entonces prospera esta reforma bajo la muletilla “delito de adulto, pena de adulto”? ¿Qué concepciones acerca de la infancia se ponen en juego para que se acepte excluir a los más chicos que delinquen del tratamiento específico social y jurídico reconocido actualmente a los niños por su condición de tales?
La avanzada antiderechos del gobieno actual explica, en gran parte, el cambio de escena. Desde 2024 asistimos a una arremetida integral contra las infancias y adolescencias vehiculizada a través de la desarticulación de dependencias públicas y equipos profesionales ocupados de esos grupos etarios, el desfinanciamiento de instituciones educativas, sanitarias y de cuidado, el recorte de programas de promoción de derechos y becas y de la falta de inversión en infraestructura social.
Sin embargo, el avance del proyecto de baja de la edad de punibilidad no puede explicarse solo como una expresión más de ese ataque. Sus condiciones de posibilidad y las figuras atemorizantes que invoca tienen raíces en una larga historia de estigmatización y criminalización de las infancias populares, basada en la división de las niñeces argentinas en dos conjuntos antagónicos: los “niños” y los “menores” peligrosos.
***
Las características de la infancia y la adolescencia varían en cada momento histórico y en cada sociedad. Los rasgos, duración y formas de pasaje entre las edades no surgen de la condición biológica ni natural de las personas, sino de construcciones históricas, sociales y culturales asociadas a cómo esa edad es interpretada, regulada y experimentada social, cultural y subjetivamente. Las infancias y las adolescencias son siempre heterogéneas porque están atravesadas por diversidades y desigualdades de clase, género, étnicas. Por eso es más apropiado hablar de infancias y de adolescencias, en plural.
A lo largo del siglo XX, dos procesos paralelos y articulados generaron la ilusión de que existe una única forma correcta de vivir esta etapa. Desde las instituciones y políticas públicas, los discursos profesionales y las industrias culturales se difundieron definiciones modélicas de la infancia “normal”, según experiencias y espacios de socialización propios de los sectores medios y altos urbanos. “Niños” eran quienes podían sostener la condición de “alumnos” de la escuela y ser parte de una “familia normal”, con padre y madre unidos en matrimonio. La infancia argentina también fue definida como blanca y heterosexual.
¿Y los que no se adecuaban a estas representaciones hegemónicas y aspiracionales? Legisladores, médicos, criminólogos y educadores las caracterizaron según los parámetros de la patología y el desvío. Para prevenir a la sociedad de los males que esos “menores peligrosos” podrían desatar contra ella, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores (vigente hasta 2005), que habilitó la suspensión o la pérdida de la patria potestad de los progenitores de los “menores moral o materialmente abandonados y/o delincuentes” cuando las autoridades lo creyeran conveniente, y su derivación a reformatorios, asilos o familias “decentes”. Se equiparaba, así, pobreza con delincuencia y se establecía una divisoria institucional llamada a atravesar los tiempos: para los niños, escuelas, para los menores, encierro.
***
La distinción entre “niños” y “menores peligrosos” es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años. Sin embargo, sólo en contextos socio-políticos muy específicos esa forma dicotómica de imaginar a las infancias cataliza en transformaciones legislativas. En 1919, luego de la Semana Trágica, la Ley de Patronato estableció que los “menores moral o materialmente abandonados” -presuntos miembros de las “bandas anarquistas”- podían quedar a disposición de un juez, hubieran o no cometido un delito, mientras el Código Penal de 1921 estableció en los 14 años el piso etario para su tratamiento penal. En 1954, en un contexto de expansión de derechos (“Los únicos privilegiados son los niños”), la edad mínima de punibilidad se elevó a los 16 años. Durante la última dictadura militar, en un marco de criminalización de los adolescentes y jóvenes considerados “subversivos” y “enemigos internos”, se volvió a establecer en 14 años.
Con la transición democrática y la recuperación de derechos de la población, la edad de ingreso al sistema penal quedó definida en los 16 años. La progresiva expansión de derechos en relación con el tratamiento de las infancias y adolescencias llegó a un momento culminante en 2005, con la derogación de la Ley del Patronato, andamiaje jurídico institucional que permitía la “minorización” de las infancias y adolescencias populares, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que iguala a todos los niñas, niños y adolescentes en su condición de “sujetos de derechos”.
Entre 2005 y 2020, niños, niñas y adolescentes fueron beneficiarios de la ampliación de derechos: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Educación que reconoce la Educación Intercultural, la de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (que elevó la edad de ingreso al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años), la Ley de Ciudadanía Argentina (que extendió los derechos políticos, entre ellos el del sufragio, a partir de los 16), la Ley de Identidad de Género y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las transformaciones del escenario legal argentino de los últimos 20 años son radicales, y fijan consenso en torno al pasaje del estatus jurídico de las personas alrededor de los 16 años. Sin embargo, cada vez que la mirada punitiva avanza por sobre la de los derechos de la población, la operación social, política y cultural que distingue entre la “infancia normal” y la “minoridad peligrosa” vuelve a desplegarse, se aggiorna y se amplía, más allá de su derogación normativa.
Desde fines del siglo XX, a medida que la “inseguridad” se fue consolidando como problema público, en contextos de avance de modelos económicos y de políticas neoliberales que entronizan los mercados y desarticulan las áreas sociales del Estado y los derechos de los ciudadanos, se reinstala la alerta moral por los “menores peligrosos” como supuestos causantes de los peores males sociales. Esta vez, bajo la figura de los “pibes chorros” y últimamente, la de los “menores homicidas”.
***
¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto. La construcción de la oposición entre la infancia normal y los menores peligrosos cristalizó, en cada época, distintas figuras de la niñez-juventud peligrosa. Estas figuras no causan los problemas sociales con los que se las asocia sino que, como señala Rossana Reguillo, son el resultado de un “proceso de antropoformización” de las emociones, que supone atribuir un cuerpo y una figura concreta a los miedos y ansiedades sociales.
Hoy, nuevamente, una categoría socio-etaria de una minoridad peligrosa aparece en escena y es canal expresivo de temores y discusiones sobre los derechos de la población, el rol del Estado y el proyecto de país que se quiere construir. En un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza y el 10,2% no cubre las necesidades calóricas diarias indispensables para su desarrollo, en lugar de habilitarse discusiones sobre políticas que mejoren sus condiciones, en vez de replicar experiencias exitosas de trabajo desde las áreas sociales y educativas del Estado para desandar y prevenir las causas que genera la comisión de delitos, ciertos niños y adolescentes de la Argentina se convierten en chivos expiatorios de los problemas sociales, especialmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza, viven en barrios segregados y son varones racializados.
Actualizando el viejo sentido anclado en la distinción entre “niños” y “menores”, se los erige como enemigos públicos y se los excluye del universo de la niñez (“delito de adulto, pena de adulto”) configurándolos como otredad de la infancia “normal”, proponiendo su escisión del resto de la sociedad y su encierro. Operación que tranquiliza miedos sociales sin abordar las condiciones reales de sus trayectorias, ni atender las causas para un mejoramiento real que posibilite una vida democrática en común.
Lo que prometía ser una protesta multitudinaria contra la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores —mientras el Senado debate hoy el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei— se transformó en una jornada tensa marcada por represión, presencia desmesurada de fuerzas de seguridad y un protagonismo debilitado de la dirigencia sindical tradicional.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Plaza sitiada y la represión
Desde horas del mediodía, la Plaza de los Dos Congresos estuvo fuertemente cercada por un despliegue policial que limitó el acceso y la libre circulación de la protesta convocada por la CGT, las dos CTA y diversas organizaciones sociales opositoras a la reforma laboral.
El operativo incluyó vallas, policías motorizados y fuerzas federales desplegadas por toda la zona, generando un ambiente de tensión permanente. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para disolver cualquier intento de manifestación en una clara actitud represiva.
A diferencia de muchas crónicas que resaltan la presencia de “manifestantes lanzando piedras”, la realidad mostrada por múltiples videos y transmisiones en vivo recogidas por distintos medios indica la aparición de encapuchados no identificados en medio de la protesta, un fenómeno que en marchas de este tipo suele corresponder a grupos infiltrados por los mismos aparatos represivos o provocadores externos, quienes nunca terminan siendo detenidos y luego sirven de excusa para justificar la violencia estatal contra el resto de la movilización.
La Policía les tira agüita a los de las molotovs apuntando al piso y gases lacrimógenos a los que están en la vereda. Total normalidadpic.twitter.com/8PgRuMTxMx
La reforma laboral y la traición del peronismo legislativo
Mientras en la Plaza se desarrollaban los choques con la policía, en el Senado de la Nación se discute el texto de la llamada “modernización laboral”, que según las organizaciones sindicales y sectores de la oposición implica reducciones significativas de derechos laborales, flexibilización de condiciones y limitaciones al poder sindical.
Este proyecto, promovido por el Ejecutivo de Milei y defendido por su bloque en la Cámara Alta con apoyo de algunos sectores moderados de una faldera oposición, cuenta con modificaciones que buscan asegurar su aprobación, pero aún así representa un atropello sobre derechos históricos para los trabajadores.
Lo que más llama la atención es que algunos senadores de extracción peronista, que deberían ser garantes de la defensa de la legislación laboral, parecen dispuestos a avalizar o no oponer un freno firme al proyecto, generando un sentimiento de traición entre las bases trabajadoras que confiaron en su representación parlamentaria. La falta de posiciones claras y contundentes por parte de estos dirigentes legislativos ante una reforma que afectaría profundamente derechos y condiciones de trabajo alimenta la desconfianza y la percepción de que en el Senado prima más la lógica de acuerdos políticos que la defensa irrestricta del pueblo trabajador.
Una CGT débil, sin paro y sin conducción concreta
La CGT, la central obrera que históricamente fue pilar de la organización sindical argentina, convocó a la movilización frente al Congreso pero evitó llamar inmediatamente a un paro general, cosa que fue recordada por toda la plaza en varios cánticos entonados esta tarde.
Aunque algunas fracciones de la CGT, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y otros gremios nucleados en paros parciales, decidieron cesar actividades en sectores claves, la conducción cegetista optó por una manifestación más simbólica que efectiva, lo que se traduce en una postura percibida como desdibujada y tibia en un momento en el que se exigía firmeza en la defensa de los trabajadores.
Esta actitud generó desencanto en sectores sindicales y sociales, que añoran una CGT protagonista de una huelga contundente y un plan de lucha real, en lugar de una marcha que, aun siendo masiva, no logró empujar al eje del conflicto ni detener el avance de la reforma en el Congreso.
Conclusión: una protesta fragmentada y una dirigencia en jaque
La jornada en la Plaza de los Dos Congresos expuso, en un mismo cuadro, la represión estatal frente a una protesta popular en defensa de derechos laborales, la posible alineación de sectores legislativos que debieran oponerse a una quita de derechos, y una CGT que parece más preocupada por la formalidad de una movilización que por una respuesta contundente y organizada.
En un momento histórico donde las políticas públicas buscan reformar el régimen laboral en detrimento de los trabajadores, esta combinación podría marcar un punto de inflexión en la correlación de fuerzas del movimiento obrero argentino, cuya unidad y claridad estratégica se ven hoy más desafiadas que nunca.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
