En el marco de los controles de prevención vial realizados por la Direccion de Tránsito Municipal en conjunto con la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) y la comisaria 5ta de la ciudad, se constataron diferentes infracciones de tránsito.
Se retuvieron 16 vehículos por alcoholemia superior a 0,50 gs de alcohol en sangre. La más alta fue de 2,67 gs. Se labraron 65 infracciones por diferentes faltas y se realizon 54 constataciones con alometro, que arrojaron una medición inferior a 0,50 gramos de alcohol en sangre.
Se trabajó en conjunto con dos Unidades dependientes de la Policía de Río Negro, con el objetivo de prevenir siniestros viales por consumo de bebidas alcohólicas a la hora de conducir un vehículo en el ejido urbano.
Se solicita a la comunidad que evite el consumo de alcohol si van a conducir y que se respeten estrictamente las normas de tránsito.
Juan Bautista Mahiques intenta recomponer la relación con los senadores aliados del gobierno, después del papelón que se produjo cuando nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que aspira al juzgado federal N°3 de La Plata.
El ministro de Justicia se comprometió en los últimos días a enviar alrededor de 80 pliegos más, para aceitar el trámite legislativo de aquellos candidatos que ya tuvieron el visto bueno de la comisión de Acuerdos después de las audiencias públicas. Sin embargo, los senadores del radicalismo, los del PRO, los que responden directamente a gobernadores, como la salteña Flavia Royón o la tucumana Sandra Mendoza, y los sin techo como Carlos «Camau» Espínola exigen que, antes, Juan Carlos Pagotto, el riojano que preside la comisión, «deje de esconder» el dictamen de Michelli.
Un legislador enfurecido le dijo este domingo a LPO que «lo que hace Pagotto es totalmente ilegal». «El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea», se quejó.
Como informó LPO, el dictamen de Michelli desató una pelea feroz entre Mahiques y Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada, acusan a la ex ministra de Seguridad de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada cuando en el gobierno todavía deliberaban si convenía o no avanzar con su pliego.
El argumento parece endeble. Porque, sea como fuere, Karina Milei se dio cuenta tarde que el pliego de Michelli había sido remitido al Congreso, con la firma de su hermano, el presidente Javier Milei, por recomendación de Mahiques, su ministro de Justicia.
La incógnita sobre cómo proceden Mahiques y los Milei para enviar los pliegos al Senado se convierte en el misterio más importante para encontrar dónde anida la torpeza política o quién está perjudicando a quién dentro de un gobierno minado por internas.
Camau Espínola, Eduardo Vischi y Juliana di Tullio.
Como sea, los aliados esperan a sus respectivas reuniones de bloque y la comisión de labor parlamentaria, que se sucederán entre el martes y miércoles próximos, para evaluar qué postura tomarán en base a lo que propongan los libertarios. Un senador oficialista asumió ante LPO que «la situación era desprolija», mientras que un aliado del gobierno comentó que Bullrich «se despega de los desmanejos» como el del affaire Michelli.
Una versión inquietante comenzó a circular en la Cámara Alta durante los últimos días, entre los legisladores más memoriosos. Se especula que el veto de Karina al pliego de la hermana de Alconada Mon no sería solamente por las investigaciones periodísticas sobre los casos de corrupción en la Andis, LIBRA o Adorni, sino que también asocian a la jueza con una jugada de Mauricio Macri contra el juez Carlos Rozanski en 2016.
De igual modo, tampoco el malestar de los aliados se reduce al dictamen que firmaron por la positiva en medio de la desinteligencia entre Pagotto y Karina. La bronca de los senadores también radica en que, como anticipó LPO, el riojano convocó a una audiencia pública para que expongan siete candidatos a jueces el 9 de junio, sin atender a ninguno de los postulantes que pedían los gobernadores.
Lo que hace Pagotto es totalmente ilegal. El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea.
El día fijado por Pagotto solo se presentará un juez que aspira a quedarse con un cargo vacante en un juzgado federal de San Juan y los seis restantes son promovidos para el fuero laboral en Capital Federal. Aunque el senador riojano se había comprometido a convocar a una nueva jornada de audiencias públicas para los candidatos de las provincias para el día siguiente, ese anuncio todavía no se había formalizado hasta este domingo.
Uno de los más activos senadores en la comisión de Acuerdos se mostró confiado en que, pese a la mala praxis del gobierno, «los pliegos tienen que salir porque hay nombres de todos». Sin embargo, fuentes judiciales empiezan a observar que si arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin que hayan sido aprobados aunque sea una tanda de los pliegos dictaminados, la apuesta de Mahiques podría diluirse.
Hasta ahora, solo se aprobó el pliego de la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, el papá del ministro de Justicia.
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Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
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