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La Defensoría del Pueblo de Avellaneda ya presentó los oficios administrativos donde solicitan reuniones con la ministra de Seguridad, su par de Economía, y la entidad bancaria involucrada.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en medio de una posible estafa luego de anunciar, en un acto llevado a cabo en Avellaneda, la entrega de viviendas, construidas por el anterior gobierno con el Plan Procrear, a miembros de las fuerzas federales. La Defensoría del Pueblo presentó oficios administrativos donde solicitan reuniones, para pedir explicaciones, a la funcionaria; su par de Economía, Luis Caputo; y la entidad bancaria involucrada.

Más de 160 familias de ese partido bonaerense se vieron damnificadas por la decisión Bullrich de reasignar las casas construidas por el anterior Gobierno para la ciudadanía.

Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, afirmó a la señal de noticias C5N que ya presentaron los oficios a las secretarías correspondientes donde exigen explicaciones ante la intempestiva medida, y en caso de no recibir respuesta al agotar todas las instancias administrativas, volverán a reunirse para evaluar los pasos a seguir.

“Nosotros lo que recomendamos fue agotar la acción administrativa. Esto es fundamental en cualquier procedimiento judicial donde se tenga que hacer una cautelar que está dentro de lo que es una acción colectiva. Se le envió oficio al Ministerio de Seguridad, al Banco Hipotecario y al Ministerio de Economía, porque ahora son ellos los que se hacen cargo del tema de las viviendas”, afirmó García.

Para la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, el anuncio de Bullrich se enmarca en «una estafa» y «un abuso de poder en un Estado democrático, porque bueno, fue el elegido democráticamente, pero es violento y policial”. En el mismo sentido aclararon: “Si bien no estamos en desacuerdo con que las fuerzas federales tengan su vivienda, pero que las hagan por otro lado».

Es importante aclarar que todos las familias contaban con una preadjudicación y cumplian con todos los requisitos, presentaron la documentación solicitada en un primer momento, salieron sorteados en el Plan Procrear e incluso algunos ya poseían la tarjeta del débito otorgada por la entidad bancaria.

Ante la consulta de si no descartan presentar un amparo colectivo, Daniel García, remarcó la importancia de primero agotar las instancias administrativas: «No quiero decir todavía que no a esto, porque es un Gobierno impredecible y también autoritario, pero bueno luego sí, podría ser que venga un amparo colectivo. Pero dentro del mismo, la medida cautelar, que es la que indica el derecho a no innovar”.

“En el caso que no tengamos respuestas nos juntaremos y nos pondremos de acuerdo en la acción a llevar a cabo”, agregó sobre el tema.

Sobre el final, analizó: “Lo que yo pienso que hoy en día hubo un acuerdo político para darle esas viviendas a las Fuerzas Federales. No veo nada transparente en la entrega de estas 160 casas”.