OBJETO DE BELLEZA

Antes de profundizar sobre los certámenes de belleza es oportuno soslayar su génesis. En el año 1920, el dueño de un hotel en Atlantic City (Estados Unidos) reunió un grupo de hombres empresarios para venderles una idea. “¿Qué tal si hacemos un concurso en el que muchachas vírgenes y bonitas compiten por un premio?” Eso atraería más turismo a la ciudad y aumentaría las ventas de sus negocios. La idea funcionó, a los dueños de los periódicos también les interesó la idea y entre todos, acordaron que una vez al año realizarían un concurso de belleza donde los hombres juzgarían a las mujeres.

Fue el mismo año en que las mujeres consiguieron el derecho al voto en EEUU. Y no es coincidencia que así haya sido. Fue una manera simbólica de recordarles a todas las mujeres que no importa cuánto avancen en la sociedad, al final del día las aplaudirán con más o menos entusiasmo dependiendo de su sex appeal.

Al público en aquel entonces al igual que ahora, casi un siglo después, se le vendía la idea de que la reina de belleza es más que un título. Es un concurso para inspirar a las mujeres jóvenes, para que logren sus sueños y así motivarlas a que sean agentes de cambio colaborando con los demás.  Es raro leer esto cuando de por sí ya existen movimientos políticos articulados donde las mujeres son verdaderas agentes de cambio en la sociedad. Para justificarse, los concursos de belleza buscan excusas bonitas que satisfagan a las más ingenuas y a los más machistas. Dicen que lo que se examina es la presencia  y el dominio en escena, que las concursantes promocionan sus provincias o ciudades y la identidad nacional. Todo menos admitir lo obvio: que es un espectáculo que sirve para poner a la mujer en una posición subordinada, en una sociedad machista que disfruta cosificándolas.

Los certámenes de belleza se contraponen con el arduo y complejo trabajo de acabar con la violencia contra la mujer, con los abortos clandestinos, la disparidad salarial y la falta de representación política de las mujeres, de hecho los hacen parecer problemas postergables. Y ahí se encuentran las concursantes, desesperadas por la aprobación de un jurado que las descartará un año más tarde.

El sistema patriarcal no solo impone estereotipos de belleza y comportamiento, sino que los condiciona para que se interiorice el mensaje de que en verdad las mujeres son las que quieren esos estándares. En una sociedad machista, en donde desde que nacen se nos enseña que la estética es mucho más importante que la inteligencia, estos certámenes son un claro síntoma del sexismo de una sociedad machista.

Un gran desafío como sociedad es dejar de idealizar la belleza. ¿En qué nos basamos para saber o decir quién es más bello que quién? ¿Cuál es el concepto de lindo?  El sólo hecho que exista un concurso de belleza es discriminatorio en tanto que se resalta la belleza en contrariedad a la fealdad y se juzgue a las mujeres por un atributo aislado, reduciendo los mismos a instrumentos de placer para otra persona.

Aunque la prohibición de este tipo de certámenes pone en observación la idea de estar ganando una batalla. Ya hace un tiempo la difusión de videos y fotos de mujeres en situaciones íntimas que se difunden por internet son los nuevos formatos de cosificación. Quizás no estemos asistiendo a un cambio paradigmático sino a una mera metamorfosis. Las viejas formas, en nuevas prácticas

LOS CONCURSOS DE BELLEZA SE CONTRAPONEN CON LA LEY

Los concursos de belleza en sus múltiples formas son una práctica extendida y naturalizada en la vida social, sin embargo, chocan con  la Ley 26485, que define a la violencia simbólica como la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. Es por eso que, asociaciones de mujeres, organización de la sociedad civil y entidades públicas han comenzado a problematizar estas prácticas, contribuyendo a visibilizar su carácter violento, instalando el debate social y, sirviéndose de la ley para dar algunos golpes al patriarcado.

Ley 26485: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

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  • «La crisis empujó hasta a los jubilados a trabajar de cadetes»

     

     Nicolás Martínez tiene 33 años y la mitad de su vida la pasó llevando pedidos arriba de una moto por las calles rosarinas. Trabaja en CoopExpress, la cooperativa que reúne a más de cien cadetes. Desde allí impulsaron la creación del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores, aunque todavía no lograron que el gobierno nacional les reconozca la personería gremial.

    La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.

    El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.

    La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?

    Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.

    La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino «colaboradores» o nuestros propios jefes.

    Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.

    ¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?

    Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.

    También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.

    Tenés una explosión de gente volcándose a «cadetear» por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.

    Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.

    Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.

    En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.

    Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.

    Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.

    Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.

    ¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?

    No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.

    Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.

    Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?

    No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.

    Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.

    Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.

    ¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?

    Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.

    También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.

    ¿Cuánto gana hoy un cadete?

    Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.

    Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.

    Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.

    Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.

    El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.

    Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.

    Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva. 

     

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    Privatización en marcha: Milei avanza sobre ENARSA y profundiza el desguace del Estado

     

    Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.

    Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.

    Energía en venta, soberanía en retroceso

    La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.

    La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.

    El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento

    Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.

    Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.

    Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público

    El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.

    La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.

    En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.

    Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.

     

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