dijo que no le cree la explicación sobre su explosivo crecimiento patrimonial.
«No», respondió la vice cuando un usuario de X le consultó si le cree al jefe de Gabinete. «Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones», agregó Villarruel, que semanas atrás le había reclamado a Adorni que presente la declaración jurada.
Villarruel además se burló de la súbita aparición de las inversiones
de Adorni en Bitcoin, con las que intenta zafar de la causa judicial por enriquecimiento ilícito.
«Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico», le escribió a un usuario que cumplía años, recordando también el detalle de buen gusto que Adorni le agregó a su pileta de la casa del country Indio Cuá.
Villarruel ya está completamente afuera del gobierno y el dardo a Adorni es un tiro por elevación a su enemiga Karina Milei, la jefa política del vocero. La secretaria general de la Presidencia viene de dejarla afuera del Tedeum del 25 de mayo y, como reveló LPO, en el gobierno están en alarma porque creen que hay un eje entre Villarruel y Patricia Bullrich para tomar el control del Senado.
Siete documentales que retratan la manipulación de los grandes medios de comunicación, y su influencia en la sociedad actual. “A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos.” (Paulo Freire). En la era de la información y la tecnología, los medios de comunicación desempeñan un papel vital en…
Una actuación de salvataje en plena retirada. Está llegando al ciclo cumplido el 1er mandato como presidente de MM, y los problemas en el país no están siquiera encauzados. Como sociedad sufrimos una alta polarización, una vez más desde un poder ejecutivo se realiza un programa sin consenso de todos los actores sociales. Lo que…
Javier Milei no acató la orden de Karina Milei y la invitó a Patricia Bullrich a la reunión de gabinete para evitar una ruptura con final impredecible.
LPO anticipó en exclusiva que Karina echó a Patricia de las reuniones de gabinete enojada por el ultimátum que le dio a Manuel Adorni para que presente la declaración jurada. El propio Milei le había gritado a Bullrich en la última reunión con los ministros, enojado por cómo dejó expuesto al jefe de gabinete, acorralado por los escándalos patrimoniales.
Luego de la revelación de LPO, Bullrich retiró a Federico Angelini, su funcionario de mayor rango, de una estratégica subsecretaría del ministerio de Seguridad.
Para evitar que siguiera escalando el conflicto, el gobierno se apresuró a filtrar este viernes que Bullrich finalmente estará en la reunión del gabinete posterior al Tedeum del 25 del mayo.
Pero la jugada de Karina, que anticipó Infobae, ahora es crear reuniones de gabinete VIP de las que sólo puedan participar los integrantes del Poder Ejecutivo. El objetivo indisimulable es que Bullrich, que es senadora, se quede afuera.
Bullrich seguirá participando de la mesa política, que no es lo mismo que el gabinete VIP, aclararon en el gobierno. De este modo, habrá tres modalidades de reunión de ahora en más. La reunión de gabinete ampliado, un concepto que evitan mencionar entre los libertarios porque les suena muy macrista; la reunión de gabinete VIP de Karina y la mesa política.
Como sucede en la teoría de los conjuntos, iniciada por los matemáticos alemanes Richard Dedekind y Georg Cantor en la década de 1870, la membresía de un funcionario en una mesa no le impide participar de otra. La única que está en todas las intersecciones es Karina.
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
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