En esta oportunidad, Facu Gagliano, sommelier internacional nos muestra el mapa del Malbec en Argentina. Para leer con la agenda y el mapa a mano.
Argentina es un país que presenta una gran diversidad climática y geográfica, la Malbec puede expresar estas diferencias en los vinos que se elaboran con ella en todo el ejido Nacional. Plantado en toda la Argentina, de norte a sur cambia de sabor según la región.
El mapa del Malbec es fascinante y te garantiza un viaje fantástico por toda la Argentina, expresando en cada vino las condiciones climáticas y geográficas, como así también las culturales de cada zona en particular.
Les obsequio un pasaje y los invito a disfrutar de este viaje por la argentina al malbec.
Patagonia
Una de las regiones más australes del mundo. Los malbec de Neuquén, con viñedos de menos de 30 años, presentan un elevado color, aromas a fruta maduros y buen cuerpo con frescura media. Mientras que los malbec del alto valle del Río Negro, son más violáceos, con fruta roja y negra no tan madura, notas herbales y frescas con una boca cuerpo medio y acidez más vivaz que se traduce como más frescura y taninos más firmes.
El NOA argentino
El Malbec del NOA, debido a la altura en la que se lo cultiva, es tan singular como fascinante: de gran intensidad de color violeta; en aromas ofrece notas fuertes de especias y de fruta madura a cocida, como de mermeladas, mientras que en la boca da mucho cuerpo. Algunos son de altura extrema, más de 2200 metros sobre el nivel del mar.
Mendoza
El 85% del Malbec argentino es mendocino, es decir que de 85 de cada 100 botellas de Malbec son de Mendoza. Malbec de Luján de Cuyo (900 y 1100 MSNM), se presenta violáceo, con fruta madura, de buen cuerpo, frescura moderada y taninos amplios y amables. El clásico malbec que conquistó el mundo. En Valle de Uco encontramos viñedos desde los 1100 y hasta 1500 metros. La zona imprime un carácter diferente se presenta con un violeta brillante, aromas a frutas frescas, rojas y negras, con algo herbal y floral. Su cuerpo es medio a buen cuerpo, acidez un poco más marcada. El Este mendocino entre los 550 y los 800 metros, el calor del verano propone vinos de color rojo de intensidad media, maduros e imponentes en aromas, cuya riqueza alcohólica combinada con frescura moderada.
San Juan
La segunda provincia productora de vino argentino. Con valles muy importantes como los son el Pedernal, entre 1200 y 1500 MSNM ofrece marcados en la frescura y la intensidad; nada que envidiar a los del Valle de Uco y los del valle de Ullúm, a 500 MSNM otorga Malbec de buen cuerpo e intensidades medias.
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Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
La XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial, tuvo su cierre en la noche del domingo con la danza y música de las distintas colectividades y la presentación de Mauro Guiretti. El polideportivo Cumelen se vistió de los colores representativos de los países que fueron parte de la celebración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba,…
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