VIAJE CON MALBEC

El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del encuentro virtual convocado por la Gobernadora Arabela Carreras para analizar la situación epidemiológica por COVID-19 de la última semana. En el encuentro estuvieron presentes los jefes comunales de la provincia y funcionarios del gabinete provincial. En la oportunidad, el Ministro de Salud Fabián Zgaib informó los indicadores…

La reforma laboral que empujó el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial adverso. Esta vez, desde Córdoba, donde dos fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema y dejaron al descubierto las tensiones entre el objetivo oficial de favorecer a las empresas y la protección constitucional del salario y las indemnizaciones.

La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.

La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.

El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.

«la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo. 

Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.

El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.

Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.

El juez entendió que esa diferencia viola el principio de igualdad ante la ley y refuerza una lógica regresiva: castiga a quienes llevan más tiempo litigando. Además, advirtió que el sistema basado en tasas de interés -y no en actualización por inflación- también licúa el crédito, afectando su naturaleza alimentaria.

Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.

El doble golpe desde Córdoba deja a la reforma laboral en una situación incómoda. No sólo cuestiona su constitucionalidad en aspectos sensibles, sino que también anticipa una catarata de litigios en todo el país. 

Manuel Adorni contrató a Guillermo Ledesema, el abogado de Alfredo Yabrán, para defenderse en las causas por corrupción que pusieron su continuidad como funcionario de los hermanos Milei en la cuerda floja.

Pese a que el Presidente expresó su respaldo con una presunta hoja de ruta hasta 2027 para Adorni, el jefe de Gabinete sigue complicando al gobierno con cada paso que da desde que estalló el escándalo de los viajes en vuelos privados, la casa en el country y el departamento en Caballito con un nivel de ingresos incompatible con su patrimonio.

Las causas en las que deberá representarlo Ledesma serán la de presunto enriquecimiento ilícito y la que investiga su viaje a Punta del Este.

Pero, además, la transparencia de Adorni estaría comprometida hasta por la cartera de la escribana, Adriana Nechevenko, quien tuvo que desfilar por los tribunales de Comodoro Py hace 12 años por una serie de operaciones con narcos, tal como informó LPO. Sus clientes terminaron condenados en la Justicia por traficar efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.

«El caso Adorni es un reflejo de la predilección de Karina por lo runfla»

Ahora el jefe de Gabinete eligió para su defensa al abogado Ledesma, quien cosechó su prestigio por haber integrado la cámara que realizó el juicio a las juntas. Sin embargo, también fue defensor del empresario Yabrán e, incluso, llegó a tener una reunión con Antonini Wilson, el famoso venezolano que trató de meter una valija llena de dólares en 2007, para ser su representante.

El diario La Nación publicó que «Antonini había grabado la conversación» que mantuvo con Ledesma en Miami, cuando almorzaron en un restaurante de Ford Lauderdale. «Ledesma le aseguraba que no iba a ir preso y que la garantía de eso eran ‘Kirchner y Chávez'», reseñó el diario.

Al abogado le indignaba que se lo asociara a una operación de kirchnerismo para tranquilizar al venezolano. «En la desgrabación completa está claro. Yo le digo a Antonini: ´Si me contratan para vos y te defiendo, te digo todo. Me importan tres pomos los demás, sólo me importás vos. No soy kirchnerista ni lo quiero ser», fue el descargo que resumió La Nación.

Más allá de la competencia que tenga o no Ledesma para salvar a Adorni, los clientes del letrado no parecen ser de ayuda para la Casa Rosada.

Karina y Adorni.

Paradójicamente, fue un pedido del gobierno que Adorni se buscara un abogado. Hasta el ex ministro Mariano Cúneo Libarona se permitió sugerirlo con acidez: «es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto».

Para colmo, ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, quien padeció la fallida estrategia de Santiago Caputo en 2024 para llegar a la Corte Suprema y terminó expuesto al rechazo de su pliego en el Senado a principios de 2025. Ahora, el magistrado está a cargo de la investigación sobre las coimas de la Andis, además de la investigación sobre Adorni, y aspira a la Procuración General de la Nación.

Es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto.

El problema es que quedó del lado de Ricardo Lorenzetti y Guillermo Montenegro por el Ministerio de Justicia, una logia que contaba con el supuesto beneplácito de Javier Milei pero fue descartada por Karina para nombrar a Juan Bautista Mahiques. O sea que Adorni afronta no solo una tortuosa defensa, a través de un abogado que representó al empresario que pasó a la historia argentina como el símbolo de la corrupción menemista, sino también la definición que tome eventualmente Lijo.

Si bien todavía no tiene fecha fijada su posible citación a declaración indagatoria, Adorni deberá preparar con Ledesma esa presentación, al tiempo que también debería estudiar las respuestas a las preguntas que le formulen los diputados cuando deba rendir su informe mensual el próximo 29 de abril.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la oposición ya trabaja para lograr en la sesión del próximo miércoles, cuando se discuta la modificación a la ley de glaciares, un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar pedidos de interpelación a Adorni.