VIAJE CON MALBEC

 Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.

La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.

El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.

El gobierno importó electricidad carísima de Uruguay, que se produce con el gas barato de Vaca Muerta

Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.

El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso. 

La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares. 

Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.

El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.

El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González. 

Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay. 

Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos. 

El juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Hugo Sigman, a la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y a otros ex funcionarios y ejecutivos acusados de demorar durante la pandemia la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales en la fabricación de dosis entre 2020 y 2021.

Son en total 15 indagatorias ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que advirtió una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia, que envuelve a empresarios como Sigman y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

Stornelli señaló en su dictamen que, a pesar de haberse puesto a disposición del país en una instancia temprana las vacunas Pfizer «desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido» y «se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm».

Y agregó: «Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación».

Ya en 2021, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones sobre el fiasco de su vacuna con AstraZeneca, despegándose de las demoras.

Hugo Sigman aportó 4 millones de pesos a la campaña de Milei

A pesar de los lucrativos negocios con el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, Sigman fue uno de los aportantes más fuertes a la campaña presidencial de Javier Milei.

Desde su posición de poder hizo un fuerte lobby durante tres años contra el tratado de patentes, debate que se arrastra hasta estos días ya que se volvió a aplazar su tratamiento en el Congreso.

El acuerdo con el Tesoro le mete presión al lobby de Sigman contra las patentes

La pelea por las patentes ya le había costado caro a Diana Mondino. La excanciller era partidaria de desregular y adherir a la normativa de EEUU, pero chocó con la resistencia de Javier Milei. Esa contradicción ideológica del presidente acaso estuvo motivada por los generosos aportes de campaña de los laboratorios liderados por Sigman y Sielecki.

Pero en la actualidad el gobierno de Milei se ve comprometido a tener listo el tratado antes de fin de mes en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, representa un golpe a los intereses de Sigman que, ahora, se encuentra comprometido en la Justicia por la causa de las vacunas.

 «Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos socios locales», dijo Stornelli

Según Stornelli, existieron «serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19».

«Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos «socios locales» que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana», dijo el fiscal.

Y consideró que las maniobras habrían configurado «un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras».

Con los subsidios congelados y el fuerte aumento de los combustibles, las empresas de colectivos ya están operando con menos unidades en el AMBA y La Plata, lo que genera reducción de las frecuencias y largas esperas de los usuarios.

Ese caos se espiraliza en los grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas de transporte están reclamando fuertes subas en el boleto. Por eso, en las cámaras del sector no descartan la posibilidad de una parálisis total de los servicios.

«Es inviable», dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Grupo Dota, que concentra el 35% del servicio en el AMBA.

Pasciuto sostuvo que, a la par del fuerte aumento del combustible, el Gobierno aún no giró el 60% del subsidio, por lo que las empresas no cuentan con el dinero para pagar los sueldos. De persistir el panorama, el empresario no descartó un paro total.

«Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar», dijo a Futurock.

La inflación en La Plata se disparó al 5,4% y fue casi el doble que en febrero

En La Plata, el recorte del servicio provocó largas esperas de los usuarios en las paradas, bajo la lluvia.

Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar.

En la gestión de Julio Alak adelantaron a LPO que el municipio les va a aplicar sanciones a las empresas, al advertir que no pueden decidir unilateralmente la reducción de frecuencias. Por esta crisis, está previsto una reunión en lo inmediato entre las partes.

En las empresas transportistas se quejan de una desactualización del subsidio nacional que ya venía altergando la renovación del parque automotor. Ahora, la disparada del precio de la nafta a partir de la guerra en medio oriente complicó más el panorama.

En Mar del Plata, la cámara empresaria que opera el servicio de colectivos en la ciudad balnearia pidió al municipio que les habilite un incremento del 65% en la tarifa, lo que se traduce en un impacto de más de mil pesos, llevando el boleto plano de 1.550 a 2.569 pesos.

En Bahía Blanca, hay quejas por el fuerte incremento registrado en el boleto del colectivo que une esa ciudad con Punta Alta. La empresa a cargo de ese servicio aplicó una suba del 127%, llevando el pasaje de 1.846 a 4.190 pesos.

Por ser una línea interjurisdiccional, ese aumento fue avalado por la Provincia. Ante eso, en Punta Alta le reclamaron al gobierno de Kicillof que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aprobar semejante incremento. «Entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior», dijo a Radio Altos el concejal de Punta Alta Daniel Medina.

En Junín, en tanto, la crisis del sector desató despidos. Los trabajadores de la empresa 8 de octubre desarrollan desde el lunes un paro total en las cuatro líneas que recorren esta ciudad del noroeste bonaerense, ante la desvinculación intempestiva de un chofer.

Frente a las advertencias de parálisis del servicio por parte de las cámaras, en el gobierno nacional convocaron a las empresas a una reunión, prevista para este jueves a la mañana en la Secretaría de Transporte. Ahí, la discusión en torno a la actualización del subsidio, será central para saber si se descompromirá el conflicto y si avanzará a un paro total. 

El balance cambiario de marzo agravó las dudas del mercado sobra la sustentabilidad del esquema cambiario del Gobierno: las reservas cayeron USD 3.514 millones, pese a que el Banco Central concretó compras por USD 1.671 millones. Los pagos de vencimientos de deuda y de Bopreales agravaron el déficit.

Pero el balance cambiario confirma que el problema no es puntual. La cuenta corriente cerró con un déficit de USD 88 millones. 

El principal drenaje está

está en la dolarización minorista. Las personas humanas compraron USD 2.470 millones en marzo. Parte se destinó a consumo, en menor medida quedó en depósitos y otra importante salió del sistema. A eso se suma el rojo en servicios, con USD 522 millones, impulsado por turismo y gastos con tarjeta. 

Otro dato más sensible está en las rentas. Solo en «Ingreso primario» salieron USD 1.321 millones, con fuerte peso de utilidades y dividendos. 

El campo liquidó apenas el 10% de la cosecha y presionan a Caputo para que baje las retenciones

Ahí entra la lectura de Amílcar Collante. Este economista advirtió que la reglamentación de la «inocencia fiscal» no tuvo impacto relevante en los depósitos en dólares, la gran apuesta de Milei y Caputo. Los números que muestra son claros: los depósitos rondan los USD 38.800 millones y no despegan, mientras los préstamos en dólares superan los USD 21.600 millones y siguen creciendo.

La reglamentación de la Inocencia fiscal, no tuvo un efecto relevante en los depósitos en dólares.

La conclusión de Collante es filosa. No hay un ingreso fuerte de dólares al sistema. Lo que hay es una economía que sigue operando en moneda dura, pero sin confiar lo suficiente como para dejar esos dólares en los bancos.

El frente financiero agrava el cuadro. La cuenta financiera cerró con un déficit de USD 2.255 millones. Las salidas del sector financiero, del Estado y los pagos de deuda explican buena parte del rojo. Del otro lado, el ingreso viene por préstamos: unos USD 1.800 millones en crédito para el sector privado.

Ese dato completa el rompecabezas. Los dólares que entran lo hacen, cada vez más, por deuda. Los que salen, lo hacen por consumo, rentas y dolarización. La calidad del flujo se deteriora. 

El balance de marzo deja una advertencia. El programa que ordena algunas variables, al mismo tiempo desata otras tensiones. La dolarización de carteras no desaparece y el déficit externo vuelve a asomar, aún en un contexto donde los dólares comerciales siguen llegando.

El problema, entonces, no es que falten dólares. Es que nadie quiere soltarlos. Y en esa lógica, el equilibrio siempre queda en duda.