En la madrugada del sábado y del domingo, fueron sustraídas varias luces led que habían sido cambiadas en el marco de remodelación de espacio público. Esta obra gestionada a través del Intendente, Marcelo Orazi, cuenta con el aporte del gobierno provincial para llevar a cabo no sólo las luminarias, sino también los arreglos en las veredas.
En lo que respecta a las luces, la obra comenzó en diciembre y se colocaron 22 luces led. El fin de semana fueron quitadas 11 luces y una globa.
Desde la Municipalidad de Villa Regina, se repudia este suceso como tantos otros que se vienen registrando en la ciudad desde hace varios meses.
La matriz productiva de Córdoba, basada en el empleo privado formal, está sufriendo un fuerte deterioro y pone en jaque al entramado empresario que la sostiene. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la provincia perdió 11.200 puestos de trabajo asalariados privados registrados.
La línea histórica es así: en septiembre de 2025 había 520.600 asalariados formales en el sector privado, 1.400 menos que en agosto. Respecto de septiembre de 2024, la merma de puestos fue de 100, pero, si la comparación se lleva a septiembre de 2023, la destrucción de empleos sube a los 11.200.
El golpe no se limita al empleo. En paralelo, se está achicando el universo de empresas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 unidades productivas en la provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores, que hoy ronda los 48.700.
Traducido a una imagen cruda: en Córdoba cierran, en promedio, cinco empresas por día. Y aunque los registros de la SRT incluyen también a organismos públicos, lo cierto es que el fenómeno se concentra de manera abrumadora en el sector privado. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis.
La sangría es más profunda en las micro y pequeñas firmas de hasta diez trabajadores, que constituyen la base histórica del empleo cordobés. Muchas bajaron definitivamente la persiana; otras sobrevivieron deslizándose hacia la informalidad total, expulsando empleo registrado y degradando la calidad del trabajo.
El resultado es un mercado laboral estancado, con informalidad creciente, baja productividad y salarios deteriorados. Un combo que golpea de lleno a una provincia que siempre se jactó de su perfil productivo, de tener un nivel de empleo público relativamente bajo y de sostener su desarrollo sobre la iniciativa privada.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 3.746 empresas
en Córdoba. La caída equivale al 7,7% del total de empleadores. Es decir que cierran, en promedio, cinco empresas por día. La narrativa de «Córdoba, corazón productivo del país» está en crisis
Los datos nacionales refuerzan el diagnóstico. En los últimos diez años, el sector privado formal perdió 71 mil puestos de trabajo en todo el país, mientras que el empleo público creció en más de 316 mil trabajadores. En paralelo, explotó el llamado «mundo monotributo»: casi 700 mil nuevos aportantes, muchas veces como salida precaria frente a la falta de empleo asalariado.
En ese contexto, Córdoba no quedó al margen del deterioro general, aunque logró amortiguarlo mejor que otras provincias. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo privado registrado cayó 3,04% a nivel nacional, mientras que en Córdoba la baja fue del 2,07%s. El desempeño relativo la ubica entre las siete provincias con menor destrucción de empleo privado.
Según el Gobierno provincial, ese diferencial se explica por las políticas activas de empleo funcionaron como un dique de contención frente al ajuste nacional. Los programas PPP y Empleo +26, en sus ediciones 2024 y 2025, generaron 6.200 puestos de trabajo directos con contratos por tiempo indeterminado y facilitaron la inserción laboral de más de 23 mil personas mediante prácticas laborales.
Sin ese colchón, estiman fuentes oficiales, la caída del empleo privado formal en Córdoba habría sido del 3,24%, lo que implica alrededor de 17.200 puestos perdidos desde fines de 2023.
La paradoja cordobesa queda así expuesta. La provincia resiste mejor que otras gracias a políticas activas y a su perfil productivo, pero no logra escapar al deterioro de fondo. Menos empresas, menos empleo privado y una matriz laboral cada vez más frágil ponen en cuestión el corazón del modelo económico provincial.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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