Los parlasureños libertarios Fabricio «Faber» Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez se rebelaron contra el ministro Pablo Quirno y el director del Mercosur por la Cancillería, Rubén Ruffi, que pretenden que sus representantes en el parlamento regional rechacen la reincorporación de Venezuela.

Ruffi, el hombre de Karina que detona los acuerdos del Mercosur, mantuvo una reunión por Zoom y otra presencial en el Palacio San Martín pero los diputados de LLA se mantuvieron incólumes. «No nos pagan ni los viáticos pero nos llaman para darnos órdenes», fue lo que explicó uno de los asistentes al encuentro con el ex embajador argentino ante El Salvador.

La postura oficial de la Cancillería genera desconcierto entre los pocos legisladores parlasureños de Javier Milei. «Venezuela cerró con Donald Trump, Estados Unidos es nuestro principal aliado pero la Cancillería está en contra», argumentan los libertarios disidentes.

LPO ya informó que Ruffi es un duro, con una carrera diplomática que trascendió los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En los pasillos de Cancillería, le dicen «El Talibán», por su dogmatismo, y lo definen como un funcionario prolijo que cultiva una estricta disciplina con su rutina de gimnasio y cama solar.

Milei recorta los viáticos a los legisladores y el Parlasur podría dejar de funcionar

El nerviosismo de Quirno y Ruffi obedece a que el lunes próximo sesionará el Parlasur en Montevideo y el regreso de los venezolanos al recinto podría ser tratado. De hecho, el presidente pro témpore del cuerpo, el paraguayo Rodrigo Gamarra, se reunió con diplomáticos caraqueños en el Parlatino realizado en Panamá el mes pasado y se manifestó a favor del retorno.

En ese contexto, uno de los kirchneristas en la delegación argentina recordó que «la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la conformación de su delegación parlamentaria para el período 2026-2031 y la comunicó oficialmente al Parlamento del Mercosur, en un gesto que en términos diplomáticos equivale a volver a sentarse en la mesa». Los venezolanos fueron relegados del bloque regional en 2017, bajo la invocación del Protocolo de Ushuaia que define parámetros de apego a la democracia.

Rodrigo Gamarra.

Tras la invasión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, los parlasureños de Brasil, Uruguay y Paraguay, según el cálculo de los peronistas, comenzaron a dar señales de normalización en las relaciones con los venezolanos. Aún cuando los bolsonaristas resisten, el vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que «Venezuela está suspendida del Mercosur, pero como ahora atraviesa un momento diferente, eso será reconsiderado».

Además, el argentino Gabriel Fuks impulsó la creación de «una comisión de acercamiento» para propiciar canales informales con actores del gobierno de Delcy Rodríguez. «Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana», planteó.

Esa hoja de ruta fue la que gatilló la estrategia del boicot que diseñó Ruffi para frenar el avance del reingreso de los representantes de Venezuela.

Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana.

Un parlasureño libertario que dio el portazo el año pasado por las peleas con el salteño Alfredo Olmedo relativizó las chances de que prospere la reincorporación en lo inmediato y atribuyó la resistencia de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez a una «operación» del kirchnerismo para la que necesita esos cuatro votos. Sin embargo, los kirchneristas aducen que no hay nada que votar.

En el Parlasur, debaten 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El quórum para sesionar es de 38, mientras que el piso para aprobar disposiciones es de 59.

Fuentes diplomáticas advirtieron ante LPO que la resistencia de la Cancillería no estaría en objeciones sobre la cuestión democrática sino en la competencia con el país caribeño en materia energética, por la magnitud de las reservas petroleras de PDVSA. «La comparación de los recursos venezolanos con el desarrollo de Vaca Muerta y otros activos locales genera preocupación en sectores del Gobierno y también en actores empresariales del rubro», dijeron. 

El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y

logró el gobierno nacional habilite el vapeo. 

Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.

LPO informó hace meses que el objetivo de

Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.

Massalin le copó a Adorni el vínculo del Congreso para sacar el vapeo 

Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.

La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. 

El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.

Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.

Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.

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