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Unas 350 personas fueron atendidas en ‘Comunidad en Municipios’

Alrededor de 350 personas fueron atendidas de manera personalizada en el marco del programa ‘Comunidad en Municipios’ que se desarrolló durante miércoles y jueves en Villa Regina.

El polideportivo Cumelen fue el escenario que concentró distintas áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad de Río Negro. De esta manera, más de 190 personas pudieron renovar su DNI en el acto y hacer consultas respecto a los trámites que se realizan en el Registro Civil. Además, más de 70 vecinos y vecinas fueron atendidos por la agencia CREAR, que llevó los diferentes servicios de apoyo desarrollados para emprendedores y emprendedoras de la provincia.

También hubo atención y asesoramiento de Ley Pierri, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de la Propiedad Inmueble.

El Intendente Marcelo Orazi destacó el desarrollo del programa en la ciudad, valorando la importancia de contar con la prestación de estos servicios concentrados en un solo lugar, agradeció a los/as reginenses que se acercaron, así como también al Ministerio de Gobierno por incluir a Villa Regina en este programa de integración provincial y de acompañamiento a los vecinos.

Por su parte, el Ministro Rodrigo Buteler indicó que “este gobierno, desde su inicio, apunta a estar físicamente junto a los y las rionegrinas y a recorrer la provincia. Comunidad en Municipios es un programa que llegó para quedarse”.

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    Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas volvieron a complicar seriamente el panorama en varios puntos del noroeste bonaerense que, desde marzo de 2025, presenta una situación de colapso en buena parte de sus caminos rurales, algo que entorpece la salida de la producción.

    Frente a eso, en la dirigencia rural acusaron que el gobierno de Javier Milei desfinanció el Fondo Hídrico Nacional que se nutre de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles, por lo que contabilizaron 189 mil millones de pesos sin ejecutar en 2025 por ese concepto.

    «Qué buen momento para dejarse de joder con la estupidez de ‘no obra pública’. Si no la vas a hacer deja de cobrarla al menos», dijo en X la dirigente de Federación Agraria de Nueve de Julio Patricia Gorza, que expuso en un video la situación crítica en la localidad de Quiroga.

     «El agua llegó adentro de los pueblos. La emergencia hídrica lleva ya 13 meses, aunque a nadie le importe demasiado», agregó.

    Gorza detalló que hay 343.000 millones disponibles proyectados para 2026 en materia de Fondo Hídrico. Los números de los montos no ejecutados por el Gobierno contrastan a simple vista con los 1.900 millones que en noviembre prometió Patricia Bullrich, cuando las inundaciones llevaban nueve meses en la zona.

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    «No hicieron nada, los municipios siguen cobrando tasas. Y esos fondos de Nación eran tres mangos, unos miles de litros de gas oil nomás. Puro humo», dijo a LPO en una fuente del sector que advirtió que otro año de inundación similar a 2025 sería «intolerable».

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    Según establece la Ley 23.966, Nación está obligada a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Y la mitad de ese fondo específicamente a rutas. Nada de eso sucede.

    En tanto, el Gobierno viene incrementando sistemáticamente el monto fijo que grava a los combustibles, que pasó de representar el 10% del precio final de la nafta en 2022 al 20% en marzo de 2026. De un litro a 2.000 pesos, cerca de 400 son carga tributaria interna. 

     

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  • La industria pesquera denuncia una crisis «insostenible» y le exige medidas «urgentes» al Gobierno

     

    La crisis de largo aliento que azota a la industria pesquera llegó a su pico máximo con la suba de los combustibles desatada con la guerra en medio oriente.

    Por eso, en Mar del Plata el sector salió a denunciar un escenario «terminal» y reclamaron ser recibidos por Javier Milei y Toto Caputo. «La crisis actual es insostenible y requiere medidas inmediatas», alertaron.

    Tras una reunión entre miembros de la flota fresquera y plantas de procesamiento, las cámaras y armadores independientes salieron con un mensaje conjunto en el que plantearon una «situación dramática» que exige medidas «urgentes».

    «Sin respuestas el escenario es terminal», advirtieron en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata.

    Los pedidos de audiencia al presidente, el ministro de Economía y al Consejo Federal Pesquero (CFP) buscan llevar el reclamo de eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación.

    A la crisis preexistente del sector,  se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

    También, la devolución inmediata del IVA retenido a quienes exportan materia prima, punto central en una actividad netamente exportadora. Esos retrasos golpean de lleno a aquellas empresas sin la espalda suficiente para sostener la actividad.

    Como contó LPO, la crisis del sector es producto de una combinación de factores que van desde el costo de los insumos y el fuerte incremento en materia de Derechos Únicos de Extracción (DUE) hasta la decisión del gobierno de Milei de no incluir al sector en la reducción temporal de retenciones que sí abarcó al agro.

    Ahora, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

    En ese contexto, las cámaras también reclaman la derogación urgente de una disposición que definieron «ridícula» y que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, algo que -acusan- «mantiene a gran parte de la flota detenida en el muelle».

    También, reclamaron la «revisión de sanciones irrisorias derivadas de una norma que impone límites antinaturales a la actividad».

    «No toleraremos que se nos intente disciplinar con multas extemporáneas y absurdas, basadas en una normativa ilógica y que ya deberían estar condonadas», avisaron.

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    Así, hasta que no se resuelva de fondo, que será en la Corte, al Simape y sus afiliados no se le podrá aplicar la reforma laboral, por lo que no están limitados al derecho de huelga, quedan cubiertos por la vieja ley de contrato de trabajo y los convenios del sector no pierden retroactividad cuando se vencen. 

     

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