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UNA VISIÓN SOÑADORA DE LA MÚSICA Y LOS LUGARES DE LA PATAGONIA

No parece muy arriesgado afirmar que entre los realizadores audiovisuales que en los últimos años trabajan en la Patagonia, el nombre de Alejo Estrabou es uno de los más destacables. Soñar Soñar producciones será seguramente recordada, y ya es reconocida, por ese extraordinario archivo musical y visual que es la serie de videos El Sonido en la nube, que aunque es el trabajo más extenso, no es el único. Pero esta productora no solo le sabe prestar el oído a la música de la región: también está alerta a otras cuestiones menos agradables, como la problemática del fracking.

Alejo Estrabou es oriundo de Viedma. En Córdoba estudió cine y en 2001 inició su productora, cuyo nombre es tanto un homenaje a Leonardo Favio como una referencia “a lo lejano y difícil que parecía tener una productora, o al menos los equipos, en aquel momento tan duro económicamente, parecido al momento actual”, nos contó Estrabou. “Era también –agregó– como un chiste, porque sin tener ningún equipamiento tenia mi productora”. En 2005 realizó algunos cursos en el Centro de Formación Profesional del SICA y luego trabajó durante tres años en Canal Encuentro. Después de volver a Viedma en 2012, donde pasó algunos años más y comenzó con la primera temporada de El Sonido en la Nube, en 2017 Estrabou se radicó en El Bolsón, donde continúa estudiando, en la UNRN.
En un intercambio de e-mails que sostuvimos estas últimas semanas, discutimos un poco acerca de su trabajo como realizador y otras cuestiones.

¿Cuándo surgió la idea de hacer la serie y cómo la pudiste ir haciendo a lo largo de estos años?

El sonido en la nube surge en 2013, en la búsqueda de hacer un proyecto audiovisual que realmente me guste de corazón. Veía y veo que hay muchísimas bandas y músicos acá en el sur, que son muy buenas y que por ahí no tienen difusión, entonces surgió para darle difusión a los músicos de acá.
Arranqué primero en Viedma, y de a poco empecé a viajar para grabar músicos de otros lugares de la provincia: fui a Jacobacci, a Valle Medio, después Roca, Villa Regina y otros lugares del Alto Valle.

Se nota que la manera en que están filmados estos videos fue cambiando, ¿A qué se debieron esos cambios?

Las primeras temporadas las hacía con un tema que ya tenían grabado, y grabábamos como una especie de video-clip o falso vivo que se pudiera hacer en una jornada.
Después, a partir de la séptima temporada cambié el formato, tomando el audio en vivo, y grabando el video en un “plano secuencia”, una toma sin cortes de principio a fin. El cambio del formato fue porque ese año trabajé en la UNRN en horario de oficina y tenía poco tiempo para grabar, así que salió este formato que era más económico en tiempo a la hora de grabar y editar.

¿Qué te aportó este proyecto a nivel personal?

Viajar y grabar por la provincia es algo que me encanta. El programa me dio muchas conexiones con gente de distintos lugares y la posibilidad de vivir de manera independiente de algo que me guste, también con lo poco seguro de ser independiente.
Las primeras temporadas las sostenía con publicidad y era gratis para los músicos participar. Siempre fue muy a pulmón, hacer el programa y viajar, económicamente no es muy rentable, al comienzo —antes de que llegue Mauricio Macri como presidente— tenia bastante publicidad, pero este último tiempo se ha vuelto muy duro poder conseguir auspiciantes, tengo uno que me banca que es “Ven tú que te toca a ti” Une Franco, un productor de Neuquén que me hace el aguante en este tiempo difícil.

¿Cómo ves el presente de la realización audiovisual en la región? ¿Qué destacarías de los últimos años?

Veo mucho potencial en la zona. En El Bolsón hay muchos realizadores por la carrera de la UNRN, en Roca, con el IUPA, también. Con respecto a la situación del país… En este último tiempo hay una caída total de los planes de fomento para los realizadores audiovisuales. La derogación de la Ley de Medios fue un retroceso total en la federalización de la producción audiovisual, con esa ley habría más canales, planes de fomento y laburo para los realizadores de todo el país, actualmente está todo centralizado en Buenos Aires. Esa es también una de las razones por la cual hago El sonido en la nube: para poder mirar y escuchar a nuestro músicos, por fuera de la centralidad de Buenos Aires. Espero que en un futuro próximo vuelva la ley de medios, para que haya más canales de TV del sur, más planes de fomento y podamos producir mucho material audiovisual patagónico.

Además de la música, también hiciste algunos videos sobre la problemática del fracking…

Los micros documentales Allen, zona de sacrificio, son fruto de una visita muy corta en Allen, para grabar y después mucho trabajo de archivo sobre el tema.
El fracking es un tema que me preocupa por el futuro de nuestra provincia, por el futuro del Río también. En Estados Unidos se hizo fracking antes que en Argentina y está comprobada la contaminación que produce en el agua, aire y tierra, el fuerte impacto negativo en la salud y el ambiente.
En Allen se empezó a hacer fracking sin licencia social, porque la gente se movilizó y generó una ordenanza que lo prohibía, pero fue derogada injustamente por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. El gobierno provincial además licitó todo Río Negro para expandir el fracking al resto de la provincia.
Ojalá que puedan visibilizarse estos temas, y así poder generar mecanismos para evitar el avance del Fracking, para poder vivir en un ambiente sano.

¿Cómo ves a los realizadores de la región a la hora de involucrarse con ese tipo de temas?

No he visto muchos materiales de la región con respecto a lo ambiental, quizás se deba a que en los medios no hay lugar para cuestionar la contaminación por estas actividades extractivistas: fracking, megamineria, agro-industria. Pero vi un corto documental hace poco, que hicieron chicos en un taller cine en un barrio de Fiske Menuco, donde los vecinos cuentan como era el Río Negro antes y cómo está contaminado ahora.

[Nota del Entrevistador: La Tapa realizó videos y notas al respecto, pueden verse haciendo click acá]

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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