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UN POCO TARDE

Una actuación de salvataje en plena retirada. Está llegando al ciclo cumplido el 1er mandato como presidente de MM, y los problemas en el país no están siquiera encauzados. Como sociedad sufrimos una alta polarización, una vez más desde un poder ejecutivo se realiza un programa sin consenso de todos los actores sociales. Lo que lleva irremediablemente al fracaso por que no hay programa económico exitoso para la comunidad en general.

El gobierno de turno recurre a un As bajo la manga (sólo tiene ases bajo la manga desde que inicio el mandato, pero no ganó ninguna partida). Bajo el cerco mediático que cede cada vez más y comienza a tener minutos en los noticieros, ante la realidad y el mal humor de la gente . Intenta reflotar la vocación de diálogo y convoca a todos los actores políticos y sociales (no todos en principio) con una serie de puntos de acuerdo general para intentar fundar una identidad en un programa económico colectivo.

La jugada no tuvo efectos reales y llega al final de gobierno. Cuando tendría que haber sido parte del comienzo que proponían pos-elecciones.

En principio no plantea alternativas a los 10 puntos del programa propuesto e intenta mostrarse con un actor que está adelante de la agenda, marcando y controlándola, cubriendo todos los frentes desde el gobierno (pero ya en retirada), desde una óptica optimista y naif sobre el duro diagnóstico de pobreza. Ante una sociedad a la que todavía no le explicaron claramente cual es el programa económico, pero puede percibir sus efectos claramente en todas las ciudades del país. Ya con un tiempo agotado de cara a las elecciones presidenciales, sin un programa propio que revierta la tendencia real de la economía.

Ante la situación de tener poco espacio para moverse políticamente, el ejecutivo intenta generar un acuerdo amplio ante la comunidad internacional y sostiene sus principales ejes de gobierno en estos 10 puntos propuestos. Pero parece que ya nadie cae en la trampa. El gobierno del PRO tiene su impronta en dos ideas fuertes. Una es que es un gobierno mediático de Smartphone con el estilo de comunicación y el gasto en propaganda en redes sociales y aplicaciones. La segunda es que nadie confía en su diagnóstico y programa.

No tenemos sentido de programa colectivo a corto, mediano y largo plazo. Y la economía del mundo está adoptando nuevas configuraciones.

En algo parecen estar acertados. Nuestro país no tiene un programa de acuerdo colectivo sostenible en el tiempo (tenemos varios, pero en general no están de acuerdo). La agenda de los 10 puntos que intenta imponer «Ideas» como ideas madre o fundacionales de un programa claro, llegan en clima pre-electoral, plagado de mañas y sin intención de subsanar divisiones.

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    La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.


    Menos Estado, más castigo

    Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

    La derogación implica un cambio de paradigma:
    el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

    En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.


    Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

    Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

    El capítulo contemplaba:

    • Diferencias de escala
    • Modalidades productivas específicas
    • Volúmenes reducidos
    • Condiciones territoriales y sociales propias

    Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

    El resultado es previsible:
    más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.


    Modernización sin reemplazo

    La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
    no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

    No hay:

    • Nuevo régimen para agricultura familiar
    • Nuevo esquema de asesoramiento digital
    • Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

    Solo hay vacío normativo.


    Responsabilidad individual y retirada estatal

    La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

    El mensaje es claro:
    cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

    Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.


    Una decisión técnica con consecuencias políticas

    Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
    debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

    No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

    Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

     

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