En la localidad de Cervantes está ubicada La Antigua Bodega Patagónica, histórica ex Bodega Glanz, que es un emprendimiento de la familia Banacloy quienes se propusieron reactivar la Bodega cerrada por mas de 20 años y donde vinifican las uvas provenientes de una chacra que la familia posee en la zona.
El proyecto está coordinado por Carlos Banacloy y en esta oportunidad les describo al Pinot Noir de la etiqueta «Un» de la Bodega.
Bodega: Antigua Bodega Patagónica
Zona: Cervantes – Río Negro
Color: rojo granate de brillo medio y baja intensidad.
Aroma: frutado de frutas rojas con toque terroso y especiado; su alcohol muy bien integrado. Volumen medio de aroma.
Sabor: redondo y sobrio, con ataque seco y media acidez. En la boca presenta correcto equilibrio de tendencia centro – adelante, levemente tánico. Su graduación alcohólica es de 14°, tiene cuerpo bajo, tierno, y persistencia media.
Conclusión: Sobrio Pinot Noir desde Cervantes (Río Negro) de aromas a frutas rojas con toque terroso y especiado. En la boca se comporta redondo, con correcto equilibrio y levemente tánico. Cierra con cuerpo bajo, tierno, y persistencia media.
Tenemos recetas para todo, y para todos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos las soluciones para los problemas de los demás, también tenemos una palabra que se nos escapa sin haber conectado con aquél que estaba enfrente. Resolvemos temas de afuera rapidísimo, casi sin emoción alguna, con perspicacia y…
Demián Reidel quedó en la cuerda floja al frente de Nucleoeléctrica luego de que se destapara un escándalo de sobreprecios en la contratación de una empresa de limpieza para la central Atucha.
El diario Perfil anticipó que un gerente de Atucha I-II presentó una denuncia el pasado 5 de enero describiendo una serie de maniobras con el objetivo presunto de beneficiar a la empresa de limpieza LX Argentina a un costo 140% más alto que el valor que en la actualidad paga Nucleoeléctrica por esa prestación.
De los 4 mil 400 millones por 24 meses que pagaba NA-SA actualmente pasaría a 10 mil 700 millones en el nuevo contrato, que Reidel tuvo que ser suspender por la polémica.
Tras el escándalo, en el seno del gobierno aseguran que la idea del directorio de Nucleoeléctrica era forzar la renuncia de Reidel en la reunión de este miércoles. Pero el físico consiguió un chivo expiatorio para convencer a los hermanos Milei de su continuidad.
Con la ayuda de voceros oficiosos, Reidel intentó instalar que la maniobra fraudulenta fue del propio funcionario que denunció la contratación. Se trata del Gerente de Operaciones, Juan Pablo Nolasco, a quien los voceros oficiosos catalogaron de «K», si bien la permanencia de ese funcionario durante los dos años de mandato de Milei en todo caso es responsabilidad de Reidel.
En la denuncia del 5 de enero se apunta al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, un ex sciolista que Reidel metió en NA-SA. Tras varias presiones solapadas, Pantuso habría llamado directamente a una funcionaria de menor rango para que avale el precio. El denunciante habla de un accionar intimidatorio de Pantuso. Casualmente otro ex funcionario sciolista, Luis «Chiche» Peluso, había colado en la licitación a su empresa de limpieza Limpiolux a pesar de no haber sido evaluada en la instancia del Análisis Técnico.
Reidel atraviesa una tormenta no sólo por la denuncia por corrupción, sino por la deriva de su gestión en la energía atómica. El funcionario suele hacer anuncios grandilocuentes que salvarán a la Argentina pero luego es incapaz de mostrar avances.
Un ejemplo es el de la construcción de los Reactores Modulares que según Reidel ubican a la Argentina en una posición estratégica dentro del mapa energético y tecnológico mundial. Pero la realidad es otra: el titular de Nucleoeléctrica avaló la paralización del CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la CNEA.
En 2022 Nucleoeléctrica firmó con la china CNNC el contrato para levantar Atucha III con tecnología Hualong One, con financiamiento incluido. Pero el gobierno libertario lo congeló. El caso más paradigmático de la venta de ilusiones fue el de Open AI. Reidel hizo que Milei anunciara una inversión de 25 mil millones de dólares en la Patagonia. El propio CEO de la empresa de inteligencia artificial, Sam Altman, se encargó de pinchar ese globo.
En el sector aseguran que Reidel se mantiene en el cargo no tanto por el apoyo de Karina sino por el padrinazgo del empresario Mario Montoto, interesado en los negocios de la energía atómica.
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
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