UN Pinot Noir 2018

 

En una época donde las mujeres tenían enormes obstáculos para acceder a la educación superior, Cecilia Grierson decidió desafiar las reglas de su tiempo y convertirse en la primera médica argentina. Su trayectoria no fue solamente una conquista personal: abrió un camino para miles de mujeres que llegaron después a las universidades, impulsó la enfermería profesional, promovió la educación sanitaria y defendió derechos que todavía hoy forman parte de las discusiones sociales. A más de un siglo de sus primeros logros, su historia revela cómo la educación pública y el conocimiento pueden transformar una sociedad.

Por Redacción de NLI

En la Argentina de fines del siglo XIX, imaginar a una mujer dentro de una facultad de Medicina parecía, para buena parte de la sociedad, una provocación. La universidad era un espacio dominado casi exclusivamente por hombres y los prejuicios de la época sostenían que determinadas profesiones no estaban destinadas a las mujeres. En ese contexto apareció Cecilia Grierson, una joven que no solamente decidió estudiar Medicina, sino que tuvo que enfrentar resistencias institucionales, cuestionamientos sociales y obstáculos que iban mucho más allá de lo académico.

Su historia comienza en 1859, cuando nació en Buenos Aires dentro de una familia de origen escocés e irlandés. Desde joven conoció las dificultades económicas y la necesidad de trabajar. Antes de ingresar a la universidad se desempeñó como docente, una experiencia que sería fundamental en su vida porque entendió que la educación era una herramienta central para mejorar las condiciones de vida de la población.

La muerte de una amiga cercana por una enfermedad despertó en ella el interés por la medicina. En una época donde las mujeres eran frecuentemente relegadas a tareas vinculadas al hogar y al cuidado informal, Grierson decidió ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, un camino que no estaba preparado para recibir estudiantes mujeres.

Su ingreso no fue sencillo. Tuvo que demostrar permanentemente que podía cumplir con las mismas exigencias que sus compañeros varones y enfrentó miradas que cuestionaban su presencia en las aulas. No era solamente una estudiante intentando obtener un título profesional: representaba una ruptura con un orden social establecido.

Una pionera que no buscaba solamente un título

En 1889, Cecilia Grierson se convirtió en la primera mujer médica argentina. Pero reducir su trayectoria a ese dato sería insuficiente. Su verdadero legado está en todo lo que construyó después.

A diferencia de quienes podrían haber entendido su logro como una meta individual, Grierson utilizó sus conocimientos para ampliar el acceso de otras personas a la educación y a la salud. Creó instituciones vinculadas a la formación de enfermeras, impulsó la enseñanza de primeros auxilios y trabajó para mejorar la atención sanitaria.

En una Argentina que atravesaba un crecimiento urbano acelerado, con barrios populares donde las condiciones sanitarias eran muy deficientes, la medicina comenzaba a enfrentar nuevos desafíos. Las enfermedades infecciosas, la falta de infraestructura y las dificultades de acceso a profesionales capacitados exigían políticas públicas que fueran más allá de la atención individual.

Grierson comprendió que la salud no podía pensarse solamente desde el consultorio. La prevención, la educación y las condiciones sociales eran elementos fundamentales para mejorar la vida de la población.

Ciencia, educación y derechos de las mujeres

Uno de los aspectos más interesantes de su figura es que su lucha profesional estuvo conectada con una visión más amplia sobre el lugar de las mujeres en la sociedad.

Durante décadas participó en debates vinculados a la educación femenina, la formación profesional y los derechos civiles. En una época donde las mujeres tenían una participación política limitada y muchas restricciones legales, defendió la idea de que el acceso al conocimiento era una herramienta indispensable para alcanzar mayor autonomía.

Su pensamiento se adelantó a discusiones que luego ocuparían un lugar central durante el siglo XX. Para Grierson, una sociedad no podía desarrollarse plenamente si la mitad de su población quedaba excluida de la educación superior y de determinadas profesiones.

Su trayectoria también muestra la importancia de las instituciones públicas. La posibilidad de estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires fue una herramienta decisiva para que una mujer pudiera romper una barrera histórica. Sin una universidad abierta y accesible, historias como la suya difícilmente hubieran sido posibles.

Un legado que sigue presente

Cecilia Grierson murió en 1934, pero su figura continuó creciendo con el paso del tiempo. Hoy es reconocida como una de las personalidades más importantes de la historia científica y social argentina.

Su nombre aparece asociado a hospitales, escuelas e instituciones educativas, pero su mayor legado no está solamente en esos homenajes. Está en las miles de médicas, investigadoras, enfermeras y científicas argentinas que continuaron un camino que ella comenzó cuando parecía imposible.

En momentos donde vuelve a discutirse el papel de la educación pública, el financiamiento de la ciencia y el lugar del conocimiento en el desarrollo nacional, la historia de Grierson adquiere una nueva dimensión. Su vida demuestra que la inversión en educación no produce resultados solamente inmediatos: construye generaciones capaces de transformar una sociedad.

La ciencia argentina tuvo momentos de enorme reconocimiento internacional porque durante décadas existieron universidades, hospitales, organismos de investigación y profesionales formados en un sistema que permitió que personas de distintos orígenes pudieran acceder al conocimiento.

La historia de Cecilia Grierson no es solamente la historia de una mujer que consiguió un título universitario antes que nadie. Es la historia de una Argentina que, a través de la educación y la ciencia, fue capaz de desafiar sus propios límites. Su vida recuerda que cada vez que una sociedad abre las puertas del conocimiento, no solamente cambia el destino de una persona: cambia también el futuro de un país entero.

 

 

La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.

Cuando navegar se hace difícil

Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.

Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.

En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.

Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.

Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.

Un poco de Historia

La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.

Qué sucede en el mundo

Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.

El desconocimiento de Sturzenegger

El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.

Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.

Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.

La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.