Un informe compromete las gestiones peronistas en Comodoro por el derrumbe del Cerro Hermitte

Un informe compromete las gestiones peronistas en Comodoro por el derrumbe del Cerro Hermitte

 

Tras el derrumbe que provocó destrozos y obligó la evacuación de casi un centenar de familias en Comodoro, salió a la luz un informe de 2002 que alertaba sobre el peligro de construir en el barrio Sismográfica, el más próximo al Cerro Hermitte, lo que expone el accionar de las sucesivas gestiones municipales del peronismo.

Mientras la ladera del Hermitte sigue inestable y con riesgo extremo de nuevos desplazamientos, en las últimas horas se conoció el «Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica» que en 2002 hizo el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y donde recomendaba evitar nuevas obras en la zona.

El estudio planteó alertas explícitas y recomendaba que se impida la instalación de asentamientos de nuevas viviendas y se restrinja el riego en la zona, al incluir la acción del hombre entre las causas de posibles desplazamientos.

La peligrosidad expuesta por el informe abarca no solo a Sismográfica: «se deben incluir también los barrios Marquesado, Los Tilos, la cancha de golf y el loteo del SUPE», detalla el estudio de 64 páginas.

Y agrega como un punto «que es importante remarcar»: «No es posible descartar una reiteración de los movimientos de ladera, con lo cual el municipio tendría la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio».

 El estudio planteó alertas explícitas y recomendaba que se impida la instalación de asentamientos de nuevas viviendas y se restrinja el riego en la zona, al incluir la acción del hombre entre las causas de posibles desplazamientos. 

Ese requerimiento del Segemar al municipio en 2002 es el que compromete a las sucesivas administraciones municipales del peronismo en Comodoro Rivadavia ya que en los últimos 23 años no solo avanzaron las edificaciones privadas, sino también las obras públicas locales.

Por caso, en septiembre de 2019, el entonces intendente Carlos Linares y quien lo sucedió poco después, el hoy diputado nacional Juan Pablo Luque, inauguraron una obra de asfalto en Sismográfica.

Ya como intendente, en agosto de 2022 Luque presentó una obra de pavimento en el barrio y en 2023, en plena campaña a la gobernación, hizo otra inauguración en Sismográfica junto con quien lo sucedió en la comuna, el actual intendente Othar Macharashvili.

Lo curioso fue que al inaugurar obras en 2023, Luque admitió en rueda de prensa: «Ustedes saben que este barrio tiene una falla, informes de suelo que son complejos». A pesar de eso, su gestión avanzó con obras.

En julio de ese año, Maximiliano López, por entonces secretario de Obras y Servicios Públicos de Comodoro, citó el estudio del Segemar pero, paradójicamente, de manera contraria a su contenido.

«Hubo un estudio de Segemar donde se determinó que ya no había movimientos, y había una recomendación para todo lo que sea que no se modifique la humedad del suelo, por eso hicimos la cloacas, por eso avanzamos con pavimento», dijo.

Pero el pavimento inaugurado en 2023, ya en 2024 empezó a levantarse por movimientos de suelo que fueron la antesala de lo sucedido el último domingo y que pone en alerta roja la zona de influencia de la ladera del Cerro Hermitte. 

 

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    SENASA deroga normas clave y deja a la agricultura familiar sin marco diferenciado

     

    El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

    La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.


    Menos Estado, más castigo

    Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

    La derogación implica un cambio de paradigma:
    el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

    En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.


    Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

    Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

    El capítulo contemplaba:

    • Diferencias de escala
    • Modalidades productivas específicas
    • Volúmenes reducidos
    • Condiciones territoriales y sociales propias

    Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

    El resultado es previsible:
    más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.


    Modernización sin reemplazo

    La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
    no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

    No hay:

    • Nuevo régimen para agricultura familiar
    • Nuevo esquema de asesoramiento digital
    • Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

    Solo hay vacío normativo.


    Responsabilidad individual y retirada estatal

    La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

    El mensaje es claro:
    cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

    Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.


    Una decisión técnica con consecuencias políticas

    Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
    debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

    No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

    Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

     

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