Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

 

Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

«Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

La sentencia

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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    Un camionero resultó herido este domingo tras un violento vuelco ocurrido en el kilómetro 1517 de la Ruta Nacional 237, en la zona de la bajada de Collón Curá.

    El incidente fue reportado en horas de la mañana por la División Tránsito de la Policía, que alertó sobre un rodado pesado volcado y un conductor atrapado. Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila acudieron de inmediato con una dotación para asistir a la víctima. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el camión se había despistado y volcado por razones que aún se investigan. El chofer presentaba heridas de consideración, por lo que recibió los primeros auxilios en el lugar y fue luego trasladado en ambulancia para una atención más completa. El parte médico indicó fracturas de fémur, tibia y peroné.

    Foto: Bomberos Voluntarios Piedra del Águila.

    El operativo se realizó en conjunto entre bomberos, personal policial y el servicio de salud, quienes trabajaron coordinadamente para estabilizar al conductor. A pesar de la gravedad del accidente, desde la Policía de Neuquén informaron que el tránsito permaneció liberado en todo momento. Solo se recomendó extremar la precaución debido a la presencia de equipos de emergencia.

    Las causas del siniestro continúan bajo análisis, aunque las autoridades señalaron que el despiste habría sido el factor desencadenante. La dotación de Bomberos regresó a su base alrededor de las 08:25 tras concluir las tareas. Mientras tanto, la Policía mantiene las investigaciones y pide conducir con prudencia por este sector de la Ruta 237.

    Foto: Bomberos Voluntarios Piedra del Águila.

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  • Inflación neuquina: qué subió, qué bajó y cuáles fueron las divisiones que más pesaron en octubre

     

    Neuquén cerró octubre con una inflación del 2,7 por ciento, un registro levemente inferior al del mes anterior pero que volvió a ubicarse por encima del promedio nacional. El ritmo inflacionario provincial mostró nuevamente comportamientos dispares dentro de la canasta, con aumentos considerables en productos frescos y variaciones moderadas o incluso negativas en otros rubros esenciales.

    El análisis desagregado de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dejó en evidencia que las frutas y verduras marcaron el mayor impacto del mes. El limón encabezó las subas con un salto del 41 por ciento, mientras que la cebolla avanzó 33,1 por ciento. Entre las frutas, la banana tuvo un ajuste del 4,7 por ciento. También se registraron incrementos por encima del promedio en cortes de carne como la nalga, además del aceite de girasol, el azúcar, galletitas, jamón cocido y el yogurt firme.

    Otros alimentos subieron pero se mantuvieron por debajo del índice general, como la harina común, el asado, el pollo entero, distintos tipos de quesos, gaseosas y embutidos. En contraste, hubo productos que registraron bajas, entre ellos la leche entera en sachet, el pan, el arroz, los fideos, las hamburguesas congeladas, la manteca y varios vegetales de estación como papa, lechuga y zanahoria.

    Las variaciones más fuertes del mes no provinieron solo de la canasta alimentaria. La división Bienes y servicios varios lideró el incremento con un 4,9 por ciento impulsado por alzas en cuidado personal y seguros. Le siguieron Prendas de vestir y calzado, con 4,4 por ciento, y Educación, con un 3,8 por ciento debido a aumentos en niveles primario y secundario.

    Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fue la división que tuvo mayor incidencia sobre el índice general, con un aporte de 0,67 puntos porcentuales, producto de subas en alquileres y, sobre todo, en el gas natural por red. Transporte también pesó en el resultado mensual con una variación del 3,4 por ciento a partir de los incrementos en combustibles, reparaciones de vehículos y vuelos de cabotaje.

    Dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación fue del 1,9 por ciento, empujada por frutas frescas, productos de panificación, aceites y carne bovina. En el balance general, los bienes aportaron 1,19 puntos porcentuales a la inflación de octubre y los servicios 1,51, con aumentos vinculados a vivienda, educación, gastronomía y mantenimiento automotor.

    Las categorías de análisis mostraron también comportamientos diferenciados: los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,4 por ciento, los Estacionales 3,5 y los Regulados 3,2. En términos interanuales, las subas se ubicaron entre el 18,9 y el 43,8 por ciento según la categoría evaluada, reflejando un escenario de correcciones constantes que continúa presionando sobre el bolsillo de los neuquinos.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Paro universitario y marcha federal de antorchas: “Muchos docentes se van a manejar un Uber hoy”

     

     

    Docentes y trabajadores universitarios realizarán 48 horas de paro con movilización en reclamo de mejoras salariales, más presupuesto para las universidades públicas y que el Congreso apruebe el proyecto de ley de financiamiento presentado por los rectores, gremios y estudiantes. Por Agencia Farco.


    PARO UNIVERSITARIO Y MARCHA DE ANTORCHAS – Carlos De Feo entrevista

    Las jornadas serán este jueves 26 y viernes 27 con una marcha hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá actos, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país, en lo que se espera sea una gran jornada federal en defensa de la educación pública y en contra del vaciamiento y ajuste del gobierno de Javier Milei.

    En declaraciones a Informativo FARCO el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, aseguro que la crisis que está provocando el gobierno en las universidades se va acercando a ser catastrófica: “Primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo”.

    En este escenario, el dirigente gremial aseguró que “es necesario volver a estar en la calle” para impedir la destrucción de la educación pública y le reclamó al Congreso que sancione la norma que busca mayor financiamiento: “Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de coro, no se pudo tratar la ley, así que bueno, estamos reclamando también ahí de que finalmente se trate la ley y haya, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla”.

    Carlos De Feo alertó que la situación salarial está generando que muchos trabajadores de las universidades se estén volcando a hacer chóferes para la aplicación Uber. “Muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando”.

    Este contexto también generó renuncias, pedidos de licencia sin goces de sueldo o incluso que muchos se vayan al exterior. “El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes”, concluyó.

    Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/paro-universitario-y-marcha-federal-de-antorchas-muchos-docentes-se-van-a-manejar-un-uber-hoy/

     

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  • Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas

     

    El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pone en vilo a pasajeros y transporte de cargas en todo el país. Por el momento, las medidas de fuerza se realizan por la noche, afectando las cargas y logística, pero no se descarta que se profundicen para el fin de semana largo entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes.

    Dentro del calendario de paros escalonados anunciados por ATEPSA para el mes, los días 21 y 24 de noviembre se presentan como jornadas de potencial afectación a la actividad aerocomercial.

    Las medidas de fuerza se están llevando a cabo en franjas horarias específicas, principalmente durante la noche (entre las 22:00 y las 06:00 horas), e impactan directamente sobre el transporte de carga. En este lapso, el gremio ha instruido la no autorización de despegues de aeronaves destinadas exclusivamente a esta actividad ni la recepción de sus planes de vuelo.

    El sindicato, que nuclea a más de mil trabajadores esenciales para la seguridad aérea, reclama el incumplimiento de acuerdos laborales y paritarios firmados por la EANA, entidad dependiente del Estado Nacional.

    Impacto en la cadena logística

    La interrupción de las operaciones de carga en horario nocturno ya está generando demoras y complicaciones en la cadena logística y comercial del país. Productos de alto valor o perecederos que dependen de la celeridad del transporte aéreo se ven afectados, lo que puede tener un efecto dominó en los plazos de importación y exportación.

    Según un comunicado difundido por el gremio, a pesar de que las medidas buscan «evitar afectar las operaciones de pasajeros», la «falta de gestión» de EANA «agrava la situación» y profundiza el conflicto colectivo.

    Advertencia de profundización del conflicto

    La tensión podría escalar, mañana se realizará un plenario nacional de delegados de ATEPSA. En esta instancia, los controladores analizarán si profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas de la empresa.

    El sindicato ha advertido que, si EANA no cumple con los compromisos asumidos y no convoca al diálogo, se verán obligados a incrementar las «medidas legítimas de acción sindical». Esto podría implicar una ampliación de los horarios de paro o la extensión de las restricciones a los vuelos comerciales de pasajeros, un escenario que las aerolíneas y los viajeros esperan evitar, especialmente en la víspera del fin de semana largo.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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