La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, fue imputada formalmente por enriquecimiento ilícito durante su desempeño en el cargo desde el 10 de diciembre de 2023 hasta que fue removida por la Legislatura. Además, se amplió la acusación sobre su hermano Pablo -a cargo de la Casa de las Leyes- e imputó a otras dos exfuncionarias de la Legislatura provincial.
Hasta el momento, la investigación alcanza a cuatro personas, a las que durante la audiencia realizada hoy ante el juez de garantías Lucas Yancarelli, se le atribuyeron distintos delitos y participaciones: la ex vicegobernadora, su hermano y ex coordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz; la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, Isabel Richini; y la ex prosecretaria administrativa de la Legislatura, Élida Noemí Sánchez.
El juez tuvo por formulados los cargos y rechazó un pedido de la fiscalía para declarar el caso como complejo, por lo que fijó el plazo para la investigación en 4 meses.
Enriquecimiento ilícito
En una primera etapa de la audiencia, el fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos a Gloria Argentina Ruiz por haber incrementado su patrimonio, sin poder acreditar el origen de ese incremento, luego de su asunción como vicegobernadora. En concreto, se refirió a la compra de una camioneta marca Toyota, modelo SW4, con un valor de $76.837.220, en junio de 2024, cuando el único ingreso declarado fue el salario que percibía por el cargo que ocupaba, siendo el primero, en enero de 2024, de $2.000.000; y el último, en noviembre, de casi $5.000.000.
“El MPF solicitó que justifique el origen de los fondos”, recordó el fiscal del caso, y aclaró que las explicaciones, que incluyen ventas de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito, “no fueron suficientes”. “Ese aumento es de gran magnitud, ya que no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, sostuvo el fiscal del caso, y encuadró la imputación en el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autora, (artículos 268 y 45 del Código Penal).
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Luego, Narvaez señaló que la investigación determinó un segundo hecho, mediante la contratación “ilegítima, celebrada por fuera de los supuestos del excepcionalidad previstos en el artículo 64, inciso 2 y apartado “h” de la Ley 2141 (de Administración Financiera)”, con la empresa Big Sur Marketing para la realización de servicios de piezas publicitarias.
Así, el fiscal del caso acusó a Gloria Ruiz, en carácter de autora, y a las dos funcionarias de la gestión como partícipes necesarias: la secretaria de Cámara, Isabel Richini; y la prosecretaria Administrativa, Elida Noemí Sánchez. En estos casos, las imputaciones fueron por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración Pública.
Precisó que Gloria Ruiz “aprovechó que esas piezas publicitarias fueron pagadas con fondos de la Legislatura y utilizó algunas de ellas de forma personal, publicándolas en sus redes sociales”. “Ello implicó una franca violación a la ley provincial 3.017 de despersonalización de los actos de gobierno”, agregó.
Respecto del modo de contratación, que se realizó por vía de excepción y no cumplió con las pautas de la Ley 2141, fue a instancias de Ruiz, con “la indispensable colaboración de Sánchez y Richini”, y “le ocasionó un perjuicio económico a la administración Pública Provincial de $45.012.000”.
La participación se Richini y de Sánchez es en función de los cargos que ocupaban al momento del hecho: mientras que la primera autorizaba y aprobaba las contrataciones, la segunda perfeccionaba los pagos.
Casa de las Leyes
Finalmente, el fiscal del caso se refirió a un tercer hecho, en este caso respecto de Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y, entre el 22 de diciembre de 2023 y el 25 de noviembre de 2024, Coordinador General de Casa de las Leyes.
Le atribuyó la contratación como proveedor de Pedro Ariel Sauer y, con ese acto, haber de defraudado al Estado por $45.482.688, en connivencia con Isabel Richini y con la indispensable colaboración de Elida Noemí Sánchez.
En este caso, el representante del MPF precisó que la contratación se realizó por fuera de las previsiones de la Ley 2141, y tenía el objetivo realizar piezas publicitarias, banners e impresiones. Indicó que los procesos administrativos se realizaron siempre luego de que el proveedor llevara adelante las tareas encomendadas y que la participación de Richini y Sánchez posibilitó que las contrataciones -un total de 16- se concretaran y pagaran.
Imputaciones de Pablo Ruiz, Richini y Sánchez
A partir de las contrataciones en Casa de las Leyes, Pablo Ruiz fue imputado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor, (artículos 173, inciso 7; 174, inciso 4; y 45 del Código penal) en concurso real con el delito de peculado por el que la fiscalía le formuló cargos en marzo.
Isabel Richini fue acusada como coautora por el mismo delito y, en su caso, el concurso real fue con el hecho en el que fue imputada junto con Gloria Ruiz.
Por su parte, por los hechos de Casa de Las Leyes, Sánchez fue acusada como partícipe necesaria, y en su caso, en concurso real con su participación en las contrataciones de la empresa Big Sur.
Inhibición general de bienes
Luego de formular cargos, el fiscal del caso solicitó la inhibición general de bienes por 10 meses de Gloria Ruiz, Richini y Sánchez, una medida cautelar que ya rige respecto de Pablo Ruiz desde marzo pasado. Lo hizo por $246 millones y argumentó que la medida tiene el objetivo de resguardar el patrimonio de las personas acusadas de cara a eventuales decomisos que impliquen reparaciones en caso de una condena.
El juez Yancarelli tuvo por formulados los cargos cerca del mediodía y, tras un cuarto intermedio, dispuso la medida cautelar solicitada.
Además del fiscal Narvaez, por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat. El representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, adhirió a todas las imputaciones.
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