Figueroa denunció que en la mina de Andacollo “se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico”

Figueroa denunció que en la mina de Andacollo “se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico”

 

“En el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo, se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”, señaló el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. Y reiteró que “la mina de Andacollo se va a licitar como corresponde, a empresarios a los que les dé el cuero para llevarla adelante”, porque “tiene muchas posibilidades de generar trabajo”.

El gobernador hizo estas declaraciones, este viernes, durante el acto por el aniversario de esta localidad del Norte neuquino. Del mismo modo, destacó la transparencia en la gestión y aseguró: “Acá tenemos que abrirle la puerta a gente seria que genere trabajo y progreso, pero cuidando siempre nuestro ambiente”.

Acompañado -entre otros- por los intendentes de Andacollo, Manuel San Martín, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el gobernador expresó: “Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”. “No les tenemos miedo a todos los que vienen haciendo daño en distintos lugares de la provincia”. Larraza fue recientemente amenazado durante una recorrida de obras y el gobernador le expresó su solidaridad.

“La droga no nos puede ganar”, enfatizó Figueroa y dijo: “Tenemos que estar todos unidos”, por eso “les pido a todos los vecinos que denuncien en forma anónima -para eso hay una aplicación- cuando saben que en un determinado lugar están vendiendo drogas, que están destruyendo a nuestra sociedad”. “Creo que así vamos a poder construir entre todos el pueblo que soñamos”, concluyó.

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  • Pese al pedido de Brasil, la final de la Libertadores se juega en Lima

     

    La Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede para la final de la Copa Libertadores 2025. Pese a las gestiones e intenciones manifestadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras se mantendrá en el Estadio Monumental de Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre.


    La idea de trasladar la final a territorio brasileño había sido impulsada por el presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la clasificación de los dos equipos paulistas. Ciudades como Brasilia y Belém habían expresado su interés en acoger el encuentro. Xaud había señalado que la CBF estaba abierta al diálogo para acercar la definición al país si los clubes lo deseaban.


    Sin embargo, la Conmebol ratificó su decisión inicial. Según reportes, la entidad sudamericana argumentó que la planificación logística y contractual ya está cerrada y que no existen motivos de seguridad que justifiquen una modificación de último momento.


    Esta decisión se alinea con la política de la Conmebol de mantener la sede neutral y previamente anunciada, buscando la previsibilidad en la organización de sus torneos internacionales y evitando conflictos logísticos. Por lo tanto, la final de la Libertadores se jugará en la capital peruana como estaba previsto.

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  • Alarma en Roca: crecen las denuncias por animales que caen al Canal Grande

     

    Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

    La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

    Rescates improvisados y pocas respuestas

    Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

    En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

    “Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

    Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

    Falta de cartelería y sanciones

    En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

    La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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  • Por decreto, Milei y Bullrich amplían autonomía de la PFA para vigilar redes, requisar, allanar y detener personas sin orden judicial

     

    Imagen: El Diario.

    Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.


    Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

    «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

    Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

    Imagen: iProfesional.

    Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

    Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

    En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

    También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

    Imagen: El Destape.

    El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

    Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

    «Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

    Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

    Imagen: iProfesional.

    Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

    Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

    «Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

    Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

    Foto: NA.

    En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

    El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

    Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

    «Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

     

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  • En casa de Obrero: un centro clandestino de detención en pleno barrio de Almagro

     

    En una investigación especial de El Grito del Sur, develamos la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en el pasaje Obrero Roberto Núñez, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).


    Un pasaje en Almagro Hollywood

    El pasaje es cortito, apenas una cuadra. Puede pasar desapercibido incluso para los vecinos del barrio. Durante varios años fue una de las calles más oscuras de la zona hasta que hace un tiempo, en una de sus esquinas, se instaló un cafecito de especialidad, de esos que ofrecen machiatto y roll de canela. La palermización es inevitable: bienvenidos a Almagro Hollywood. 

    En el cartel de una de las esquinas se consigna el nombre de pila. En la otra solo dice Obrero Núñez. La denominación llama la atención. En la ciudad de las avenidas Bullrich, Pueyrredón y Lugones, suena extraño el prefijo que subraya la condición de clase del tal Núñez. Huelga decirlo: es más fácil tener calle propia cuando se nace en cuna de oro.

    El garaje no llama la atención. Es una puerta alta, una más, de galpón, de unos cinco metros de alto y pintada de color marrón. Enfrente, la escuela República de Jujuy, casi la única excusa por la que alguna gente transita la cortada.

    En la década de 1970 era una cuadra parecida: empedrada, con pocos árboles y tal vez menos iluminada, pero apenas un callejón oscuro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Que no llamaría la atención de ningún cronista. A no ser que en ese lugar hubiese funcionado un centro clandestino de detención.

    Roberto Nuñez, obrero de prensa

    El 12 de abril de 1951, Juan Domingo Perón expropió el diario oligárquico La Prensa. Una definición osada y de fondo en favor del sindicato de canillitas, que desde hacía meses sostenía una protesta exigiendo la participación en las ganancias de los avisos clasificados.

    El periódico había sido fundado en 1869 por un tal José C. Paz (la C es por Clemente) y desde su origen adoptó la vocería de las clases dominantes del país. Consecuentemente, fue una ferviente tribuna de oposición al gobierno de Perón: se opuso al pago del aguinaldo y apoyó públicamente la llegada del embajador estadounidense Sprille Braden.

    En enero de 1951, el sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines elevó una solicitada donde exigía que el 20 por ciento de las ganancias de los avisos clasificados se destinaran a la obra social de los trabajadores. Días después, una patota sin identificación atacó a balazos la redacción de Azopardo y Chile asesinando a Roberto Núñez, un obrero gráfico y padre de familia de apenas 36 años que trabajaba en el área de expedición del diario y que desde 1960 le da su glorioso nombre al pasaje en cuestión.

    Nadie investiga solo

    La investigación -como toda actividad humana- es un laburo colectivo. Un oficio que requiere de paciencia, de constancia, de cierta obstinación. De recuperar relatos orales, leer comentarios entre líneas y descubrir indicios. De charlar con el portero y rebotar, con el carnicero y rebotar, y de finalmente encontrar una pista, un pequeño hilo del que tirar.

    En la última dictadura cívico-militar en Argentina, funcionaron unos 800 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país: apenas unas decenas fueron recuperados como espacios de Memoria y, del resto, solo un puñado más está señalizado. De centenares de ellos no tenemos casi información. Apenas un testimonio en un juicio, un comentario al pasar, el recuerdo de una conversación.

    Uno piensa donde los pies pisan. Desde hace un tiempo, con El Grito del Sur empezamos a investigar estos espacios en nuestro territorio: la Ciudad de Buenos Aires. La redacción de nuestra cooperativa funcionaba (hasta su reciente desalojo) en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos. Ante la amenaza de su cierre, decidimos contraatacar y salir a recorrer los inmuebles que aún no están señalizados: la casona de Franklin en Caballito, la mansión de la calle Bacacay en Floresta o la maternidad del Hospital Naval, frente al Parque Centenario. De todos ellos hay testimonios, alguna voz, unas pocas notas periodísticas. De la casa de Obrero Roberto Núñez no había nada. Hasta ahora.

    La casa de Obrero

    Primero fue el testimonio oral de una militante de Derechos Humanos. Después, los aportes dispersos de un abogado dedicado a la temática. Más tarde nos escribieron un comentario en el Instagram, reforzando estas versiones. Luego, los vecinos del barrio, los comerciantes y hasta los ex alumnos de la escuela República de Jujuy -ubicada en este pasaje porteño y frente a la casa en cuestión- nos confirmaron la información. Y sumaron precisiones.

    Pero necesitábamos algo más: una declaración oficial, un documento, un relato en boca de alguien que hubiera pasado por allí. Finalmente, tras una búsqueda colectiva, dos testimonios judiciales de ex servicios de Inteligencia terminaron de cerrar la historia.

    En Obrero Roberto Nuñez al 4330, funcionó un centro de detención clandestino. Existen barcos, maternidades, hospitales, talleres mecánicos, mansiones y casonas que oficiaron como reclusorios ilegales. Pero el de Obrero Roberto Núñez es particular: consiste en la combinación de dos inmuebles, el galpón del mentado pasaje y la propiedad contigua que se encuentra en Palestina al 638.

    La casa de Núñez fue el galpón de atrás de una sede del Batallón de Inteligencia 601, una suerte de espacio donde se hacía lo que no podría hacerse en público. Grupos de tareas que operaban de civil entraban por Palestina y salían por Núñez. Operativos a plena luz del día, una presencia silenciosa de los militares en la cuadra y los testimonios de quienes recuerdan algunos gritos.

    “Almagro, lugar de idilio y de poesía”, cantaba Gardel. Nada más lejano.

    El 601

    En ese entonces, la calle Estado de Palestina se llamaba Rawson. A la vuelta de Obrero Núñez, en una casa colonial blanca, de ventanas altas y puertas de madera, funcionaba una Sede del Batallón de Inteligencia 601. Era un centro de operaciones, un bunker en el cual hacían base los comandos civiles-militares que -entre otras cosas- infiltraban organizaciones, secuestraban, torturaban y desaparecían personas.

    De la puerta para afuera simulaba ser una vivienda más. De la puerta para adentro era la División Inteligencia del 601, que funcionó entre el 76 y el 78 a cargo de Luis Ángel Firpo. Según los testimonios judiciales de los propios militares, se encargaba únicamente de prestar custodia a PMI (Personas Muy Importantes, como se los conoce en la jerga): ex militares y militares en servicio con altas responsabilidades políticas. De Lanusse a Viola.Sin embargo, allí se realizaban pagos, se coordinaban operaciones y se prestaban servicios para la Contrainteligencia. En su interior operaban agentes encubiertos vestidos de civil que colaboraban en la lucha contra las organizaciones revolucionarias.

    Según los testimonios recabados, en el comedor de la casa de Rawson había un armario grande que ocultaba una puerta que daba a un garaje, donde habría funcionado el centro de detención clandestino. Es el portón de Núñez. Los vecinos más viejos cuentan que durante los setenta, allí se veían movimientos extraños, entradas y salidas apresuradas. Los testimonios de ex alumnos del colegio señalan que las veces que las pelotas de fútbol se iban para el lado de la propiedad, los chicos eran amedrentados. Acá no hay nada que mirar.

    Testimonios que hablan

    «Había un lugar en la calle Rawson -hoy Palestina-, entre Corrientes y Sarmiento, en la que los vecinos veíamos situaciones que hacían pensar que era un lugar de detención», nos escribieron en nuestra cuenta de Instagram. «Tengo entendido que frente a la escuela Provincia de Jujuy, (donde fui de pequeña) había un portón de garaje que funcionó como centro clandestino… Las veces que pagamos pelotas ahí…. No sé si está señalizado. En la cortada Roberto Núñez». Los testimonios coinciden.

    El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) es una organización de inspiración cristiano-ecuménica que vela por los Derechos Humanos y la Justicia. Un militante del espacio (del cual formó parte, entre otros, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel), aportó otros testimonios sobre Obrero Núñez. De la misma manera lo hizo Alba Pereyra Lanzilloto, quien declaró que en la parte del frente funcionaba un comercio minorista de productos agropecuarios como fachada del centro clandestino.

    Alejandro es el verdulero de la esquina de Obrero Núñez y Palestina. Su familia llegó acá en 1970 cuando se construyó el edificio que todavía habitan. Él nació en el año 1963 y recuerda que cuando era pibe, los oficiales que usaban el inmueble le avisaron que se venía un enfrentamiento entre las fuerzas, que bajaran las persianas y se tiraran al piso. Fue un día de terror, donde pensaron que la muerte podría golpear a la puerta. Finalmente, el tiroteo no se sucedió, aunque toda la jornada se registraron movimientos extraños, cuenta en diálogo con este cronista. Fuera de ese detalle, los militares siempre fueron muy corteses, destaca.

    Se le suma a esto un quinto testimonio, esta vez del hijo de un detenido oriundo de Mar del Plata. Como tantos otros, había ido a la escuela República de Jujuy y contó que, al momento de subirse al techo del colegio, veían movimientos extraños en la casa de enfrente. Recordó que una vez los iluminaron desde el lugar y les pidieron que dejaran de mirar. De hecho, la Dirección Nacional del ex Programa Verdad y Justicia informó en 2020 que durante la dictadura hubo militares apostados en el techo de la escuela.

    Obrero Núñez, dijo el teniente

    Hasta ahí una serie de testimonios de vecinos, de militantes de Derechos Humanos, de investigadores. Pero el gran hallazgo reside aquí: el 3 de septiembre de 2020, en el marco del juicio Contraofensiva, declaró el ex personal Civil de Inteligencia Eduardo Donato Caporaso. El espía señaló que prestó servicio entre 1976 y 1980 en la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, bajo el nombre Daniel Camaño. Y destacó haber cumplido tareas en una «casona» de la calle Rawson.Caporaso describió un inmueble con una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Y se encargó de señalar que el lugar se conectaba con otro inmueble, el de Obrero Núñez. Por si fuera poco, especificó que los espías se movilizaban en un Ford Falcon, siempre vestidos de civil.

    “Los vehículos sólo eran para trasladarse al lugar donde tenían que ir a cubrir la seguridad. Iban dos personas. Uno manejaba (…) Los autos eran Ford Falcon. Había uno celestito y uno blanco. Y también había un Dodge 1500 de color verde”, reseña la cobertura del juicio que hizo la periodista Martina Noailles para otro medio popular, La Retaguardia.

    El testimonio de Caporaso coincide con el del oficial de inteligencia José Ramón Pereiro, que en el marco de otra causa (de expediente N° 16307/06 de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, caratulado «Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal») señaló que en el año 1980 fue trasladado a trabajar en la casona de Obrero Nuñez.

    Por si hacían falta otras voces oficiales que confirmaran el uso del lugar, se suma una de jerarquía: en el mismo juicio Contraofensiva, el teniente coronel retirado Luis Ángel Firpo admitió que en esta casa había funcionado bajo su mando la División Seguridad del 601. Cartón lleno.

    Eduardo Donato Caporaso en el juicio Contraofensiva. Fuente: La Retaguardia

    Los 90s

    Durante los años 90, esa casa de la calle Obrero Nuñez fue utilizada por la empresa Azúcar Méndez. Anteriormente, vivió allí una familia que alquilaba la propiedad.

    En Palestina al 638 se instaló el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinasbajo la órbita del Ejército Argentino. De hecho, en 2013 se anunció la licitación para la realización de una obra en el sitio con la carátula de “Remodelación del anexo al Casino de Suboficiales en calle Palestina 638”, dependiente del Ejército Argentino.

    Actualmente, en el galpón de obrero Núñez funciona la empresa ARTEC Ingeniería. Y en el inmueble de Palestina una «residencia para militares». Así lo confirmó un hombre de unos 40 años, pelo al ras y cigarrillo en mano, que salió del lugar a tomar un poco de aire.

    Lo que falta por encontrar

    La casa de Obrero Roberto Nuñez sigue sin señalizar e incluso sin notas periodísticas al respecto. Lo mismo sucede con centenares de inmuebles que funcionaron como centro clandestino, base operativa o aguantadero de los grupos parapoliciales que sembraron el terror en nuestro país y dejaron un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos y cientos de bebés robados que aún desconocen su identidad.

    Con más de ocho testimonios, todos de jerarquía y algunos de los propios responsables del lugar, podemos afirmar que aquí, en pleno barrio de Almagro, funcionó un centro clandestino de detención que respondía al Batallón de Inteligencia 601 y que permanecía totalmente invisibilizado. Hasta hoy.

    Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/05/centro-clandestino-de-detencion-obrero-roberto-nunez-almagro/

     

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  • La salud en terapia intensiva: la crisis sanitaria en argentina

     

    La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.


    Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

    Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

    El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

    Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

    Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

    El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

    En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

    Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

    El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

    En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

    Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

    El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

    Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

    ¿Un punto medio posible?

    En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

    El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

    Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

    Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

    Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

     

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  • Tensión en Central Córdoba: De Felippe reclama la plata de los premios

     

    El cuerpo técnico de Central Córdoba, liderado por Omar De Felippe, inició públicamente una «lucha económica» en medio de la definición deportiva en Santiago del Estero. El entrenador alertó sobre promesas incumplidas y la falta de valoración de los logros deportivos. De Felippe enfatizó que el problema no es solo monetario, sino de «reconocimiento» por lo acordado.


    El conflicto, que parece ser de arrastre, incluye el premio por la obtención del primer título nacional. De Felippe denunció que el cuerpo técnico aún no cobró el premio por la Copa Argentina ganada. Además, aseguró que de los pagos por partidos ganados, el cuerpo técnico no ha recibido «ni un punto» de los 17 puntos que sí se les pagaron a los jugadores del plantel.


    Pese a las adversidades financieras, el entrenador dejó claro que el cuerpo técnico sigue enfocado en los objetivos deportivos, trabajando para lograr la clasificación a los cruces de octavos de final. De Felippe destacó el esfuerzo diario, indicando que trabajan «todos los días, a las seis de la mañana, para que estos pibes nos puedan clasificar».

    La directiva de Central Córdoba le respondió a Omar de Felipe

    La Comisión Directiva de Central Córdoba respondió a las acusaciones con un comunicado oficial en redes sociales, agradeciendo al entrenador, pero marcando diferencias en las versiones. El club aseguró que el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada. Además, afirmaron que ya se ha abonado el 92% de la totalidad de los premios pactados, y que el 8% restante se pagará durante la semana, contradiciendo la versión del DT sobre los incumplimientos.

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