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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que quedan disponibles los últimos lugares destinados a artesanos y emprendedores que deseen participar de la Feria ReEmprender especial ‘Carnaval del amor’ durante sábado y domingo próximos.
Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2984 904350 o acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817.
La renuncia de Carlos Casares al Enargas expuso el criterio para el funcionamiento del nuevo esquema regulatorio que impulsa el Gobierno para el ecosistema energético. Detrás del discurso de modernización y mérito, quedó al descubierto un proceso cerrado, discrecional y armado para dejar el control en manos propias. La unificación de los entes terminó siendo una purga silenciosa.
La salida de Casares como interventor del Enargas fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, donde también se designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, que era parte del Consejo Asesor del ente y antes trabajó en Wintershall Dea Argentina.
Casares dejó el cargo con una carta extensa. Enumeró 21 hitos de gestión y admitió que no había cumplido las expectativas políticas. Pero el mensaje central fue otro: quedó afuera del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que desde marzo absorberá al Enargas y al ENRE. Se había presentado al concurso. No pasó.
En su renuncia escribió que su intención era seguir colaborando con la unificación y construir un organismo con estándares internacionales. Pero dejó claro que ya no contaba con la confianza de la Secretaría de Energía. En esas condiciones, dijo, no había margen para continuar. Fue un desplazamiento sin anestesia.
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El concurso para elegir a las autoridades del nuevo ente terminó de cerrar la escena. El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios, tal como reveló el sitio especializado El Post Energético. No hubo convocatorias masivas, ni comité independiente, ni posibilidad de impugnaciones. Hubo control político.
La Secretaría de Energía armó un consejo ad hoc integrado por figuras alineadas con la gestión. Participaron Osvaldo Rolando, ex directivo de Edesur y ex interventor del ente eléctrico; María Lujan Crespo, asesora directa del área; y Santiago Urbiztondo referente técnico de FIEL. Ellos evaluaron 31 postulantes.
El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios
Cinco quedaron afuera por no ir a la entrevista personal. Hubo incluso un caso insólito: Vicente Serra reclamó por nota porque no lo habían llamado y recién después fue entrevistado. El peso decisivo estuvo en criterios subjetivos: liderazgo, personalidad, entusiasmo. No hubo puntajes ni orden de mérito.
Ese comité armó ternas por consenso. Para la presidencia propuso a Casares, a Néstor Lamboglia y a Osvaldo Pitrau. Para la vicepresidencia, a Ángel Garay, Mónica Gay y Vicente Serra. Para las vocalías, una lista amplia que mezcló técnicos, asesores y contratados del propio Enargas.
El 12 de enero, la secretaria de Energía, María Tettamanti, eligió sin explicación. Mandó al coordinador Daniel González los cinco nombres finales. Lamboglia como presidente. Serra como vice. Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone como vocales. Todos funcionarios o asesores del Gobierno.
La decisión cayó como un balde de agua fría en el despacho de Casares. El abogado se consideraba número puesto. Antes de irse, firmó el pase a planta del personal contratado. Su salida dejó heridas abiertas y mensajes cruzados.
Lamboglia arrastra polémicas. Su designación previa en el ENRE fue «ad honorem» para no perder un contrato en Enargas, organismo en el que nunca trabajó y que no figuraba en su CV. Antes había sido asesor en Yacyretá. Serra, en tanto, venía asesorando al titular de Enarsa, en pleno plan de venta de activos. Entre los vocales, Nachón y Lambertini también tenían contratos en Enargas.
El caso más llamativo es Falzone. Rechazado meses atrás para la vicepresidencia de Cammesa por falta de idoneidad, ahora fue validado para un cargo clave. Incluso fue designado y echado como subsecretario de Energía Eléctrica en el mismo decreto.
Lo concreto es que el nuevo ente ya tiene nombres enviados al Congreso. Si en 30 días no hay respuesta, quedarán firmes. En el medio, el organismo que debe regular gas y electricidad atraviesa la implementación de los subsidios focalizados sin autoridades formales. Las órdenes, dicen, ya las da Lamboglia.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.
La fiscal
Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y
en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.
Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.
Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».
Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».
«Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.
Raúl «Tato» Cereseto
En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.
Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.
Los vecinos de Allen no toman agua de red, los que pueden pagarla compran envasada. El agua viene sucia, aceitosa, con olor, hace mal. En las escuelas se compra agua envasada porque algunos chicos se descomponen al tomarla de la canilla. Las autoridades dicen que es potable y que se puede tomar».
Manuel Adorni celebró por Twitter este martes que la oficina de sumarios del Hospital Garrahan solicitara mediante un dictamen el desafuero de 10 delegados de la comisión interna, con el objetivo de despedirlos. «El que las hace, las paga», posteó el jefe de Gabinete en X, y consideró como causal de despido «haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025».
El delegado de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, vinculó la ofensiva de las autoridades del hospital con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso pero alertó que Adorni se enteró casi al mismo tiempo que los trabajadores. «El propio jefe de gabinete confirmó por Twitter minutos después que nos llegara el dictamen de la oficina de sumarios, lo cual confirma que es una operación 100 por ciento política», dijo, y agregó que se trata de «un informe reservado el de la oficina de sumarios que de ninguna manera debería tener el jefe de gabinete».
Según Lipcovich, «hay 44 trabajadores sumergidos en un proceso de sumario, que incluye a los principales dirigentes de ATE pertenecientes a la Asociación de Profesionales por haber participado de protestas en defensa del Garrahan.
En efecto, Adorni no ocultó que los despidos serían por el conflicto desarrollado durante el 2025 pero lo adjudicó a «la pretensión de cobrar por días no trabajados». «La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin», se pavoneó el funcionario.
El dirigente sindical expresó también que «este operativo político fue decidido a instancias de la Casa Rosada para aleccionar a los protagonistas de una de las principales luchas», en referencia a la pelea por la emergencia pediátrica que contemplaba más recursos para el Garrahan. Aquella iniciativa fue sancionada por el Congreso, luego vetada por Javier Milei pero finalmente insistida por los legisladores de ambas cámaras.
Por eso, Lipcovich advirtió que «el mensaje es clarísimo» y dijo que «el vaciamiento del hospital no ha cesado». En ese contexto, avisó que los trabajadores se mantienen en estado de alerta, con reuniones y asambleas «para enfrentar el atropello». «Es solo un dictamen de la oficina de sumarios y ejerceremos nuestro derecho a defensa, aunque el veredicto del gobierno ya está escrito», concluyó.
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández. De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas. Difunde esta…
