PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que quedan disponibles los últimos lugares destinados a artesanos y emprendedores que deseen participar de la Feria ReEmprender especial ‘Carnaval del amor’ durante sábado y domingo próximos.
Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2984 904350 o acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817.
La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis «Toto» Caputo. En Economía preocupa que la escalada con Londres pueda derivar en represalias sobre activos argentinos que se encuentran bajo jurisdicción británica. En particular, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que las versiones más fuertes del mercado ubican en Londres.
La preocupación de Caputo apareció después de grabar la cadena nacional en la que Milei endureció como nunca su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas que opera Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
«No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados», dijo Milei. Y anunció que el Gobierno desplegará «todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales» para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas.
La amenaza no alcanza solamente a las petroleras. El Presidente anticipó castigos para accionistas, directores y proveedores y afirmó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina.
«Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad», afirmó Milei. Y remató: «No se pueden hacer las dos cosas».
La decisión prende fuego una parte central de la narrativa libertaria. El gobierno que hizo de la retirada del Estado de las relaciones económicas una bandera ahora propone utilizar todo el peso del Estado para interferir sobre una explotación entre empresas privadas.
Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama.
Pero la incomodidad es todavía mayor porque Sea Lion consiguió algo que el gobierno de Milei busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028.
Sea Lion está así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como las futuras fábricas de dólares de Argentina. La FID es precisamente la frontera que todavía necesitan cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios de los grandes desarrollos mineros. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra es que los accionistas pongan la firma, cierren el financiamiento y comprometan el capital para ejecutarla.
Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper tiene el 35%. La primera fase contempla 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. Navitas afirma que las aprobaciones y el financiamiento necesarios para ejecutar el proyecto están asegurados y proyecta el primer petróleo para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas.
Ese avance explica la dureza de Milei. «Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», dijo.
Para el Presidente, permitirlo generaría «un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos».
Pero para Caputo la cuestión abre un problema adicional. En Economía temen que una escalada económica contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos.
Ahí reaparece una de las operaciones más opacas del comienzo del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central.
Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. El argumento del ministro fue que mantener el oro encerrado en las bóvedas del Central impedía obtener un rendimiento sobre ese activo. El BCRA terminó reconociendo que había realizado transferencias entre sus cuentas, pero nunca quiso revelar oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado.
Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. La preocupación en el entorno de Caputo es qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos que estén bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas.
El propio Milei convirtió esa posibilidad en un problema de seguridad nacional. «Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional», dijo. Y enseguida amplió el concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: «Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional».
La contradicción es incómoda para Toto. El ministro necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene en secreto si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.
«Es claro que ellos recorren un camino de declive», lanzó además Milei sobre los británicos.
La frase cayó particularmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El encuentro fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario mucho más incómodo para el equipo económico.
Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para conseguir que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei ahora busca frenar utilizando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso.
La prédica libertaria termina así chocando contra una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas y la intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Central lleva dos años evitando contestar.
Porque después de la cadena, la discusión sobre el oro dejó de ser solamente dónde están los lingotes. La pregunta que inquieta a Economía es mucho más urgente: si efectivamente están en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva de Milei.
El desembarco de Fernando Cerimedo en el negocio de la Hidrovía, revelado por LPO, estuvo precedido por una serie de vínculos políticos que involucraron a un candidato de Carolina Losada y a dirigentes relacionados con el poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y abastecimiento de combustible para remolcadores y barcazas.
[Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía]
Molins es pariente de Herme «Vino Caliente» Juárez, quien condujo durante décadas el destino del negocio portuario desde el gremio de estibadores y la poderosa Cooperativa de Trabajo Portuario hasta que llegó Macri al gobierno y el dirigente terminó preso y afuera del sector.
Esa historia no impidió que Molins jugase en el 2023 en la interna para la lista de Losada para la gobernación. Antes, en 2021, había respaldado a la radical cuando ganó una banca en el Senado por Juntos por el Cambio: «Felicitamos a Carolina Losada, a quien acompañamos como referente de nuestro espacio», escribió entonces.
Losada fue la dirigente santafesina que más apoyó a Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, mientras que la exministra de Seguridad fue la principal promotora de Losada en la interna contra Maxi Pullaro para la gobernación. En Santa Fe recuerdan que Patricia viajó a festejar el triunfo de la periodista, pero perdió por paliza contra Pullaro.
Al mismo tiempo, Patricia tiene vínculos con Cerimedo. El consultor libertario contó en una entrevista que ingresó a la política argentina a través de Bullrich en 2019 y continuó trabajando con ella hasta 2021. Nadia Beller, la mujer a la que Cerimedo habría mandado a asesinar, contó que el consultor decía que era «muy cercano» a Bullrich. Otro vínculo entre ambos sería el consultor «Andy» Rivas, un socio de Cerimedo que asesoró a la exministra.
Acciones de SANABRIA SRL
El Boletín Oficial de Santa Fe muestra que en junio de 2022 Molins tenía 175 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 35% de la compañía, mientras Iván Alberto Sanabria concentraba las 325 restantes. En enero de 2023, Molins transfirió toda su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y salió formalmente de la sociedad.
Ese mismo año, el dirigente aceitero Luciano Mandón compitió por la intendencia de Puerto General San Martín contra el peronista Carlos De Grandis. Fuentes al tanto del negocio portuario aseguraron a LPO que Sanabria tenía el compromiso de conseguir la habilitación municipal para entrar en el negocio portuario si Mandón lograba desplazar al histórico intendente.
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios
«La promesa era que con un cambio de gobierno municipal se destrabara la habilitación que Sanabria no podía conseguir», explicó a LPO una fuente que conoce las gestiones realizadas alrededor del predio.
Mandón fue concejal de Puerto General San Martín entre 2017 y 2025, preside la Mutual AMPIAVA e integra la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Antes de llegar a Unidos había transitado por el peronismo y por Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano.
El SOEA es conducido por Daniel Succi que llegó a la secretaría general por un acuerdo con Mandón. En el sector agroexportador lo conocen como «el dirigente de Vicentin» por su histórica vinculación con la cerealera que entró en default el 2019.
El desembarco de Mandon en Unidos se produjo a través del sector evangélico que conduce el pastor y diputado Walter Ghione. Dentro del armado regional también contó con el respaldo de Mariano Soria, médico sanitarista, exsecretario de Salud de San Lorenzo y candidato a senador por el departamento San Lorenzo.
Soria y Mandón compartieron actividades políticas y vínculos con el sector aceitero. Fuentes al tanto del armado aseguran que ambos trabajaron para arrebatarle Puerto General San Martín a De Grandis, que gobierna la ciudad desde hace décadas.
Cuando la derrota de Mandón dejó sin efecto el compromiso para habilitar el negocio portuario a Sanabria, desembarca Cerimedo y a través de Surlibre Inversiones y aparece como directivo Vicente Quintanal, señalado como testaferro del consultor libertario preso en Bolivia acusado de intento de femicidio.
El aceitero Luciano Mandon junto a Clara García y dirigentes socialistas
A partir de ese momento, la antigua guardería aceleró las gestiones para reconvertirse en una prestadora de servicios navales. La empresa consiguió autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord, pese a que el municipio todavía no le había otorgado la habilitación definitiva por falta de documentación.
Fuentes del complejo agroexportador sostienen que esas autorizaciones son prácticamente imposibles de obtener sin contactos con las máximas autoridades. «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura te de luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en un negocio donde entran pocos jugadores», había explicado a LPO un empresario con décadas de experiencia en el sector.
De esta manera, Sanabria atravesó tres etapas. La primera asociada a Molins y al armado político de Losada; luego buscó apoyo en dirigentes vinculados al gremio aceitero para conseguir la habilitación municipal; finalmente, tras la derrota de Mandón, el proyecto llegó al entorno de Cerimedo y escaló hasta incluir la compra de uno de los mayores terrenos portuarios disponibles sobre el Paraná. La pregunta que queda flotando en el sector es ¿quién llevó el negocio al ex dueño de La Derecha Diario?
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