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 Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

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Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

El juez federal Alejo Ramos Padilla.

Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

 El oficial alcanzó un nuevo máximo nominal por tercer día consecutivo. También avanzaron el mayorista, el MEP y el CCL, mientras los bonos volvieron a caer y el riesgo país siguió en alza. En las mesas financieras aseguran que las declaraciones del vocero presidencial sobre un dólar de $1.800 terminaron de acelerar la demanda de cobertura.

El dólar cerró este viernes otra jornada alcista y volvió a marcar un récord nominal. Fue la tercera rueda consecutiva de subas para el tipo de cambio oficial, en un mercado que llegó al cierre con más demanda de cobertura y con los bonos bajo presión. La tensión también se reflejó en el riesgo país, que volvió a subir a 437 puntos, en una señal de mayor cautela entre los inversores.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista terminó en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, su valor más alto desde la implementación del nuevo esquema cambiario. El dólar mayorista cerró en torno a $1.489, mientras que el MEP finalizó cerca de $1.515, el contado con liquidación alcanzó $1.574. Por su parte el blue terminó en $1.550, con una leve baja del 0,3%. 

En algunas mesas de dinero atribuyen buena parte de la suba de la cotización a las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier. El funcionario sostuvo eque un dólar de $1.800 «es una posibilidad»  y relativizó ese escenario al considerar que implicaría una corrección acotada. La definición cayó en un mercado especialmente sensible a cualquier señal oficial sobre el tipo de cambio.

«Cuando un funcionario pone un número sobre la mesa, el mercado deja de discutir si puede pasar y pasa a calcular cuándo», resumió un operador consultado por LPO. En la City sostienen que esas declaraciones terminaron de darle impulso a una demanda de cobertura que ya venía creciendo en las últimas ruedas.

Pero el efecto más fuerte de los dichos del vocero presidencial se estaba dando por fuera de lo visible para el público común. Fuentes del mercado dijeron a LPO que empezaron a verse desarmes de posiciones de carry trade.

 Una devaluación de ese tenor deja sin sentido el carry trade y que nada menos que el vocero de Milei salga a anticiparla, le mete presión extra al dólar. Lo que es casi lo mismo que decir que atenta contra la estabilidad del programa económico que se sostiene con la tranquilidad del dólar.  

Es que los operadores del mercado apuestan a la estabilidad del tipo de cambio para seguir haciendo una diferencia con las tasas en pesos frente al dólar planchado, un negocio que se vuelve inviable si el vocero presidencial anticipa que podría haber una devaluación del 20 por ciento.

Otra fuente del mercado dijo que en los últimos días ya venía subiendo de a poco el desarme de carry trade. «Esperemos que no impacten mucho esos comentarios», agregó.

Un operador consultado por LPO intentó restarle dramatismo a la declaración al sostener que Ravier dijo «una obviedad» y agregó que todo el mercado cree que el dólar estará arriba de $ 1700 en diciembre. El problema es que Ravier lo ubicó incluso más arriba y no precisó cuando ocurriría el salto.

El episodio dejó expuesta una contradicción incómoda para el Gobierno. Mientras el equipo económico insiste en que el régimen cambiario funciona y que no existe atraso del dólar, uno de sus principales voceros instaló públicamente una cotización bastante más alta para los próximos meses. Ese mensaje fue leído como una validación implícita de una depreciación adicional del peso.

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