PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que quedan disponibles los últimos lugares destinados a artesanos y emprendedores que deseen participar de la Feria ReEmprender especial ‘Carnaval del amor’ durante sábado y domingo próximos.
Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2984 904350 o acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817.
Una nueva fuga de fluidos de la planta productora de gas YPF en Allen puso en vilo a todo el Alto Valle de Río Negro. La empresa actuó inmediatamente montando dos operativos de seguridad: uno puertas adentro, para evitar potenciales afecciones en zonas aledañas. Y otro, tranquera afuera, para que ningún ciudadano común o equipo…
Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.
El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.
El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.
Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.
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Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.
Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.
Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.
El enojo violento de Javier Milei con el diario La Nación no es un episodio aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia que incluye la idea de presentar un proyecto de ley para que los periodistas estén obligados a presentar una declaración jurada, como si fueran funcionarios públicos.
La idea, que busca además ser una venganza contra la lluvia ácida que recibe Manuel Adorni en los medios por sus inconsistencias de ingresos y gastos, ya empezó a circular en despachos oficiales y llegó al Congreso.
De hecho, diputados kirchneristas ya fueron contactados para ver si apoyarían la iniciativa, con la idea de los libertarios que acaso se sumen dada su propia y larga pelea con los mismos medios que hoy enfrenta Milei.
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La propuesta no apareció de la nada. Se apoya en declaraciones presidenciales y en una ofensiva en las redes de tuiteros alineados con la Casa Rosada que publicaron los supuestos domicilios de periodistas famosos, en un doxeo que ya los tiene transitando por los tribunales, por una práctica similar que aplicaron a su enemigo interno, Sebastián Pareja.
Diputados kirchneristas ya fueron contactados para ver si apoyarían la iniciativa, con la idea de los libertarios que acaso se sumen dada su propia y larga pelea con los mismos medios que hoy enfrenta Milei.
Diputados de la oposición consultados por LPO, anticiparon su rechazo a la iniciativa. «Es un intento burdo de presión sobre el periodismo crítico y otra mala señal para la libertad de expresión», dijo uno de los consultados.
Pero el clima viene cargado, desde que estalló el caso Adorni uqe los hermanos Milei no logran sacar del tope de la agenda pública. Semanas atrás se prohibió a los acreditas de varios medios ingresar a la Casa Rosada, donde incomodaban al jefe de Gabinete con sus preguntas sobre su patrimonio, con la excusa que sus medios habían publicado notas supuestamente financiadas por Rusia, algo que no se terminó de comprobar.
«No tengo problema en presentar mi declaración jurada de bienes. Es una hoja en blanco con una firma. Podes darme vuelta y sacudirme que no se me cae una moneda», bromeó en diálogo con LPO uno de los profesionales a los que se les impidió el ingreso a la Casa Rosada.
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La entrada Protegido: ¿Por qué nos conformamos con menos? se publicó primero en Revista Anfibia.
Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.
El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.
Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.
A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.
Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.
El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.
La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.
La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.
El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.
