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Últimos lugares para participar de la Feria ReEmprender

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que quedan disponibles los últimos lugares destinados a artesanos y emprendedores que deseen participar de la Feria ReEmprender especial ‘Carnaval del amor’ durante sábado y domingo próximos.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2984 904350  o acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817.

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  • El gobierno le pisa el pliego a Bertuzzi para que ratifique el fallo que frena la causa Libra

     

    Pablo Bertuzzi evalúa inmolarse para retener su cargo en la Sala I de la Cámara Federal porteña votando junto con Mariano Llorens la ratificación de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra, quien selló un pacto de impunidad con el gobierno para apartar a las querellas de la investigación que demora el fiscal Eduardo Taiano. El fallo de Martínez de Giorgi habría sido un gesto hacia la Casa Rosada luego que el Senado aprobara el pliego de su esposa, Ana Juan, para el juzgado federal de Hurlingham.

    Como informó LPO, Bertuzzi concursó para continuar en su sillón de Comodoro Py, donde fue trasladado por Mauricio Macri en 2018, al igual que su par Leopoldo Bruglia, que prefirió renegar del fallo de la Corte Suprema en 2020 y quejarse ante la CIDH por discriminación. Según Bruglia, a él lo obligan a concursar pero a Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, le prorrogaron su cargo por 5 años más «equiparando el traslado al concurso».

    En ese contexto, Bertuzzi rindió el examen ante la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, quedó en el puesto 24° y escaló hasta el sexto después de las entrevistas personales. Sin embargo, quedó ternado por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, a quien describen como «una mujer del sistema» y atribuyen «el respaldo del peronismo».

    Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que «lo que se ve es que el gobierno explota la guerra fría entre Bertuzzi e Incardona para seguir zafando en la causa Libra».

    Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra

    En efecto, la Sala I podría resolver la apelación de las querellas contra lo actuado por Martínez De Giorgi antes de la feria judicial. Integrado por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ese tribunal armaría una mayoría favorable a los hermanos Milei con los votos de los primeros dos jueces, mientras que el tercero, resignado a su inexorable salida, se podría dar el lujo de votar en contra.

    La vacante de Bruglia, de hecho, sería cubierta por Pablo Yadarola, un magistrado que jugaría en tándem con Llorens y cuyo pliego sería remitido por el Poder Ejecutivo en la próxima tanda de envíos. El enroque no es más que otra contribución de Juan Bautista Mahiques a Karina Milei.

    Pablo Yadarola.

    Lo curioso es que, pese a su compromiso, Bertuzzi perdería la pulseada contra Incardona. «Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona», resumió un camarista.

    Desde el Poder Judicial remarcaron ante LPO que esa maniobra contra Bertuzzi comprende un plan más ambicioso, que podría incluir un eventual acuerdo libertario con el peronismo: se congela la causa Libra y Karina resigna la provincia de Buenos Aires para que la retenga el PJ en 2027. Esa hipótesis se basa en el respaldo del interbloque de José Mayans al pliego de Ana Juan, la pareja de Martínez de Giorgi, cuando se votó en el Senado. 

    Los senadores kirchneristas niegan esa versión. Alegan que la postulación de la jueza había sido propuesta durante el gobierno de Alberto Fernández, retirada por la actual gestión en diciembre de 2023 y volvió a remitirse con la llegada de Mahiques al ministerio.

    Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona.

    Además, los diputados Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois se cuentan entre los impulsores más activos de la investigación de la estafa y los abogados del líder de Patria Grande tramitaban desde el viernes la apelación contra lo resuelto por Martínez De Giorgi.  

    El revuelo en la Cámara Federal porteña quizá se deba a que la nueva composición de la Sala I también podría repercutir en la Sala II, donde se desempeñan Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin que su pliego para prorrogarse en el cargo hubiera sido enviado al Congreso por Javier Milei y Mahiques.

    En lugar de Irurzun, podrían subrogar allí cualquiera de los tres colegas de la otra sala, designados por sorteo, pero el impacto podría sentirse en la tendencia de Farah a inclinarse en fallos que convengan a la Rosada. En Comodoro Py señalan como ejemplo la disputa entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por llevar la causa de los créditos de los funcionarios libertarios en el Banco Nación.

    En abril pasado, la jueza conminó a Lijo para que dejara de intervenir en el caso pero el magistrado se negó y Capuchetti llevó el reclamo hasta la Cámara, donde Farah resolvió a su favor. En el gobierno festejaron la definición, que no estuvo exenta de un cuidadoso seguimiento desde el Ministerio de Justicia.

     

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  • Escándalo: Metrogas repartirá 60 mil millones en dividendos, mientras le debe esa cifra al Estado

     

     Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.

    La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.

    El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.

    Uribelarrea consiguió USD 400 millones en medio de la pulseada por Metrogas

    Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.

    La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

    La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

    El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.

    Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.

    No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas. 

    La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri. 

    Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.

    En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.

    El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.

    En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico. 

    Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.

     

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