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Turismo lanza ciclo de capacitaciones ‘Sabores del Valle’

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina lanza un nuevo ciclo de capacitaciones denominado ‘Sabores del Valle’ que apunta a fortalecer en la ciudad un sentido de pertenencia hacia los sectores típicos de la región del Alto Valle rionegrino.

El programa turístico-gastronómico contempla un ciclo de cursos, talleres, capacitaciones y seminarios que incluya productos propios de la identidad frutícola y de nuestra historia.

La primera capacitación incluye dos niveles:

Nivel 1 Coctelería en Casa

Nivel 2: Bartender Avanzado

Para más información, costo e inscripción los interesados pueden ingresar a la página de la Municipalidad sección APRENDER https://aprender.villaregina.gob.ar/

Cualquier duda o consulta acercarse a la Oficina de Informes turísticos localizada en Florencio Sánchez 817 o comunicarse al teléfono 2984 904350.

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    El dictamen de adjudicación se publicó hace pocos días y en las próximas semanas podría cerrarse la licitación que salió con un canon base de 120 millones de pesos mensuales. A la compulsa también se había presentado LJM Parking, pero no pasó el filtro: la empresa es conocida por haberse quedado con la licitación de los bajoviaductos del San Martín en Paternal y Villa Crespo, que siguen abandonados.

    La oferta de La Rural y Ogden, una sociedad integrada por IRSA y DF Entretainment, era superior a la de Clarín y Nación en 70 millones de pesos, sin embargo, el gobierno porteño la descartó. 

    DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park, que se convertirá en el arena más moderno, con mayor tecnología y mejor ubicación de la Ciudad. 

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    Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta y que se ha convertido en una fuente de recursos claves para el grupo de medios. El malestar del grupo se hizo sentir en la administración porteña.

    DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park. Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta.

    La Rural, IRSA y DF Entertainment controlan dos de los tres pabellones de exposiciones que hay en la Ciudad. Buscaban sumar Costa Salguero a la Sociedad Rural de Palermo y al Centro de Exposiciones de la Facultad de Derecho. En el caso de Costa Salguero la puja estuvo liderada por La Rural que tiene el 50 por ciento de la sociedad con Irsa y Finkelstein.

    Según informaron desde el Observatorio por el derecho a la ciudad, el gobierno porteño desistió del proyecto larretista para destinar parte del predio a viviendas de lujo.

    Ese proyecto había generado una gran oposición de los vecinos que reclamaron que el predio explotado desde los 90 por Telemetrix se transformara en un espacio verde. Una denuncia en la Justicia terminó frenando la venta de los terrenos.

    Durante 4 años siguió extendiéndose la concesión a Telemetrix hasta que Jorge Macri decidió licitarla nuevamente.

    Con su oferta de 240 millones de pesos mensuales, Clarín y La Nación calcularon un superávit de 65 mil millones de pesos en 10 años. La Rural-Ogden ofertaron 310 millones de canon que les dio como resultado un déficit de casi 3 mil millones, algo que atribuyeron a un cálculo conservador.

    En el gobierno porteño establecieron que la oferta de Clarín y La Nación cumplía con el «estándar de razonabilidad y viabilidad económica» que exigía el pliego y la Ley de compras y contrataciones, según publicó Tiempo Argentino.

    A pesar de que la elección de la mejor oferta o la oferta más viable es una atribución del gobierno porteño, es muy posible que el caso sea judicializado por La Rural-Ogden y los plazos de adjudicación se estiren.

    Desde el Observatorio por el derecho a la ciudad, señalaron que la nueva concesión «consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta».

     

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     A una semana de las elecciones todavía no hay ganador oficial en Honduras. El último conteo oficial del Consejo Nacional Electoral lo da al candidato de Donald Trump, Nasry Asfura, primero por una diferencia de 40 mil votos sobre el liberal Salvador Nasralla. 

    En ese marco, el gobierno de izquierda del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció fraude y anunció que no reconocerá el resultado.

    La candidata oficialista, Rixi Moncada, dijo a través de un comunicado que «Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso».

    Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares fue manipulado en su código fuente.

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    «Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad», expresó la candidata.

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    «Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de una auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a la ley. ¡Seguiré informando!», escribió Hall en su cuenta de X.

    El pedido de nulidad de las elecciones planteado por Libre causó amplio rechazo en los dos partidos de derecha que van adelante en el conteo.

    Además, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, afirmó que ningún partido político puede declarar la nulidad de un proceso electoral, porque esa facultad le corresponde exclusivamente al CNE.

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    En declaraciones recogidas por el diario La Tribuna, Solórzano indicó que, al no cumplirse las causales del artículo 298 de la Ley Electoral, cualquier solicitud de nulidad debe declararse inadmisible conforme al artículo 300.

    Ya valorando el pedido de Libre, Solórzano calificó su postura como antidemocrática y evidencia de falta de madurez política. El abogado recordó que la jornada electoral fue normal, que el pueblo hondureño votó masivamente y en paz, y que esa voluntad soberana debe respetarse.

     

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    Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.

    El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.

    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.

    La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.

    Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita 

    En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.

    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. 

    Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.

    El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.

    El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.

    Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido. 

    Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.

    «Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.

    En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.

    Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.

    Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.

    Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. 

     

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    «La mentira ya no tiene patas cortas, le cortaron las piernas»   ¿Cómo comprender la realidad argentina? La palabra quilombo no alcanza, tampoco la palabra mentira o inclusive la llamada verdad. La posverdad ya pasó de moda, la distorsión de la realidad queda corta en el mundo emocional-económico-mediático-político. Cuando la justicia es sinónimo de injusticia…

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