Trump amenaza con imponer aranceles del 50 por ciento a quien le venda armas a Irán

Trump amenaza con imponer aranceles del 50 por ciento a quien le venda armas a Irán

 

Tras aceptar un alto al fuego con Irán, Donald Trump amenazó con imponer «inmediatamente» aranceles de un 50 % a los países que provean armas al régimen de los ayatolá. 

En paralelo, el líder republicano aseguró que ya están negociando con la República Islámica y considera que ha habido «un cambio de régimen muy productivo» para reducirles aranceles y sanciones.

«El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU  con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones», dijo Trump en su red social Truth Social.

El magnate neoyorquino sostuvo que «Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad».

Trump e Irán acuerdan un alto el fuego por dos semanas, tras una intervención decisiva de China

Según Trump, durante la actual guerra «no se ha tocado nada» de estos restos nucleares, que permanecen en «estricta vigilancia satelital». Además, planteó que «muchos de los quince puntos ya han sido acordados», aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán  que supuestamente es el punto de partida de las negociaciones. 

El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones

Por otra parte, el Financial Times publicó este miércoles que Irán exige 1 dólar por barril de petróleo que pase por el Estrecho de Ormuz, pagado en criptomoneda. Antes de la guerra, el tráfico en el Estrecho de Ormuz era aproximadamente 20 millones de barriles por día y ahora la tarifa por barril generaría alrededor de 7.300 millones de dólares anuales para Irán, recaudados fuera del sistema bancario del dólar estadounidense. 

Pete Hegseth.

En este marco, dice FT, la tarifa por barril podría aplicarse junto con la previamente reportada tarifa de tránsito de 2 millones de dólares por barco, lo que elevaría los ingresos combinados anuales a aproximadamente 50.000 millones de dólares a volúmenes en comparación antes del inicio del conflicto. 

Con este cuadro, Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones con Pakistán el viernes y ante la mirada atenta e China, que tuvo un rol decisivo para alcanzar un acuerdo. 

Irán arma una cadena humana para defender las centrales eléctricas y los puentes de los ataques de Trump

En el duelo de narrativas, Irán dejó en claro que Estados Unidos cedió ante su propuesta y remarcó la resistencia durante estos 40 días. En contraste, el Secretario de Guerra Pete Hegseth, dijo en conferencia que «Irán suplicó por un acuerdo» y afirmó que «cumplieron todos los objetivos».

Mientras esto ocurre, Israel sigue atacando El Líbano y se escuda en que no forma parte del acuerdo anunciado por Trump.

 

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • La crisis del PAMI complica a Bornoroni: los intendentes cordobeses reclaman una deuda de 9 mil millones

     

    El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, atraviesa uno de los momentos más complejos desde que le toca ser el referente de los hermanos Milei en Córdoba. Porque, más allá del microclima de crisis libertaria, hay una cuestión que lo deja en una posición incómoda a la hora de sumar aliados en territorio cordobés: la demanda de los intendentes por la deuda de Pami en el interior provincial.

    Cifra que, según estiman los alcaldes cordobeses, alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos en concepto de -entre varios ítems- atenciones en hospitales y dispensarios que se brindaron a cargo de los municipios, pero que todavía no logran cobrar desde la obra social estatal.

    El problema es que para que eso ocurra, Karina le tiene que soltar fondos al caputista Mario Lugones, el ministro de Salud que responde al asesor presidencial y a quien la hermana del Presidente tiene en la mira. Y, como casi con seguridad es difícil que esto suceda en lo inmediato, el reclamo de intendentes a Bornoroni, el dueño de la botonera de Pami y Anses en Córdoba, seguirá creciendo.

    LPO reveló la semana pasada que Lugones le está reclamando a Toto Caputo fondos para el PAMI por un equivalente a mil millones de dólares, ante la amenaza de proveedores de empezar a cortar servicios y cobrar copagos. La tensión es tal que este lunes la oficina anti fake news que dirige Santiago Caputo tuvo que salir a negar la renuncia del ministro de Salud.

    Otra guerra en el gabinete: Lugones le exige a Caputo mil millones de dólares para el PAMI

    Por esto, en un intento por recuperar la iniciativa y volver a levantar el perfil después de varios días de hermetismo, el libertario cordobés concretó este lunes un pase que se venía anunciando hace rato: la incorporación del radical de Río Cuarto, Gabriel Abrile. El excandidato larretista en la elección municipal del 2021 se sumó a las filas libertarias de la mano de la radical Soledad Carrizo, la exdiputada y actual directora del Inaes que ejerce la pata UCR dentro del armado opositor a Llaryora en Córdoba.

    Según estiman los alcaldes cordobeses, la deuda del PAMI alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos

    Abrile llegó con la otra concejala del radicalismo en Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto, dos heridos de la elección del 2024, sobre todo después de la derrota en la interna UCR de Abrile frente a Gonzalo Parodi.

    El edil de Río Cuarto, además, tiene un pie en el Pami de esa ciudad. Organismo convulsionado por una causa que se heredó de gestiones anteriores, pero repercutió con fuerza hace un par de años, ya dentro de la gestión libertaria y derivó en la investigación por una defraudación millonaria por sobrefacturación. Causa que involucró a la obra social nacional y a un sanatorio del sur cordobés, y que llegó al fuero federal tras iniciarse en la Justicia provincial por una denuncia de abuso sexual.

     Vasquetto, Abrile, Bornoroni y Carrizo 

     

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  • Las cinco fuerzas protestaron por bajos salarios y en el Gobierno acusan a Villarruel por promoverla

     

    Como adelantó LPO, las cinco fuerzas federales realizaron este jueves una protesta inédita frente al edificio Centinela de Gendarmería en reclamo por los bajos salarios que los ubican en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza, en una muestra que el intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.

    El carácter inédito de una manifestación que agrupó a familiares de miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal, empujó a Javier Milei a hacer referencia a la situación durante su mensaje de cinco minutos por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas.

    «Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas», dijo el presidente que, sin dar especificaciones de aumento alguno, agregó: «Un país que busca ser protagonista en el escenario global, necesita fuerzas bien pagas».

    Tensión total en Seguridad: Las cinco fuerzas federales convocan a una marcha por los bajos salarios

    Pero más allá de las declaraciones de ocasión, en el Gobierno creen que Victoria Villarruel estuvo detrás de la protesta, que como los efectivos d ela fuerza tienen prohibos los reclamos sindicales, lo suelen hacer a través de sus familiares, para evitar sanciones.

    El intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.

    En ese sentido, fuentes cercanas a Casa Rosada reparan en los vínculos con la vicepresidenta de dos promotores de la manifestación: el influencer Emmanuel Danann, que ofició como un virtual vocero de los manifestantes; y la titular de la Asociacion de Suboficiales Argentinos, Analía Zabala.

    Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos, en la protesta de este jueves.

    En el caso de Danann, fue convocado por Villarruel a disertar contra la cuarentena en el Senado y también lo invitó a la apertura de sesiones. En el Gobierno lo ven como uno de los influencers heridos con Milei que ahora oficia de espada de Villarruel en redes.

    En cuanto a Zabala, esposa de un ex oficial fallecido, también ha sido convocada por la vice a una serie de actividades y aseguran es cercana a Claudia Rucci, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado.

    Sin lugar en el acto oficial de Milei, Villarruel buscó mostrarse apartada también del reclamo de las fuerzas. Participó de la actividad convocada en Chivilcoy por el intendente de esa ciudad, el ex comisario Guillermo Britos, con quien la vice mantiene un buen vínculo.

    «Conozco de primera mano la condición en la que están»; había dicho semanas atrás Villarruel en redes ante el planteo de un efectivo de las fuerzas federales que describió la situación salarial que atraviesan.

     «No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó. 

    Frente al Centinela, los efectivos denunciaron estar atravesando «una situación de emergencia».

    «No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó.

    También, los manifestantes salieron al cruce del bono de 40 mil pesos anunciado por la ministra Monteoliva apenas se conoció la protesta de las cinco fuerzas: «No sirve, es una migaja», señalaron para cargar contra el relato del Gobierno que salió a festejar una hipotética baja de la pobreza: «El pueblo argentino señor presidente no come números».

    «Llegamos a esta situación límite porque no somos escuchados, han jugado con nosotros, somos usados porque dijeron que iba a haber un cambio. Es cambio de pobreza, de Guatemala a Guatepeor», sostuvo el sargento primero retirado de Gendarmería Juan José Vargas.

    Frente a eso, los manifestantes anunciaron que presentaron un petitorio en el Ministerio de Seguridad con todos los reclamos. 

     

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  • Esta semana comienza la restauración del skate park

    Este miércoles se dará inicio a los trabajos de restauración y reparación del skate park ubicado sobre el Paseo de la Avenida 9 de Julio. Las tareas estarán a cargo de Marcos Ulloa, ‘Liso’, quien con una estética de graffiti intervendrá este espacio para dejarlo en condiciones de manera que pueda ser disfrutado por quienes…

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  • En el parque industrial de Pilar se perdieron 7 mil puestos de trabajo

     

    Un relevamiento reciente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (Cepip) expuso el fuerte impacto que la crisis productiva generó en las empresas de este entramado clave del conurbano norte, donde, en solo seis meses, se despidieron a 7 mil trabajadores.

    Esa cifra implica el 20% del total de empleados que existía a septiembre de 2025 en las 200 empresas que operan en este parque industrial, uno de los más grandes del país, que pasó de contar con 35 mil a 28 mil empleados.

    Dentro de este cataclismo aparecen casos paradigmáticos como Whirlpool que, a tres años de inaugurar su mega planta, cerró en noviembre último, afectando a 300 trabajadores y generando un efecto dominó en empresas del mismo parque que fabricaban partes para los lavarropas de la planta que cerró.

    Más reciente es el caso de la empresa Moura, que cerró dos líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil.

    La fábrica Moura cierra dos líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil

    «No se puede competir cuando los costos internos, son mucho más altos que los valores de ingreso de los productos importados», dijo el presidente de la Cámara empresarial del Parque, Néstor Dolera, en referencia a los resultados del censo reciente realizado por la entidad en sus 200 empresas asociadas.

    «Argentina no puede sostenerse sin producción; necesitamos que el cambio de escenario económico se concrete antes de que la rueda se frene por completo «, agregó el industrial.

    El cierre de Whirlpool amenaza con un efecto dominó de despidos en el Parque Industrial de Pilar

    En la cámara explicaron que, más allá de casos masivos como el de Whirlpool o Berry, muchos despidos se dieron por goteo, a razón de entre 10 y 30 trabajadores, como parte de un proceso de reducción de personal que va en sintonía con el derrumbe del consumo y de la producción, y la apertura importadora que habilitó el gobierno de Javier Milei.

    Con ese cuadro, en el Pilar estiman que 2026 puede exponer una foto más dura que la del último semestre. 

     

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